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LA UNIVERSIDAD PARA LA LIBERTAD

El gobierno de Alfonsín retomó los principios de la Reforma Universitaria de 1918 que la dictadura había cancelado. El ingreso irrestricto hizo estallar la matrícula, y el aumento del gasto lo soportaron los docentes.

Por Mónica Marquina. Luego de siete años de dictadura, uno de los ámbitos sociales que concitó mayores expectativas de apertura fue la universidad. La dictadura había cercenado los principios fundamentales de la vida académica: suprimió la libertad de cátedra, designó en forma discrecional y arbitraria a docentes, estableció restricciones al ingreso a través de un sistema de cupos, exámenes de ingreso y el arancelamiento de los estudios de grado, medidas que provocaron una reducción de la cantidad de estudiantes. El informe de la Conadep muestra que un 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes.

En el marco de una apertura democrática, recibida por la sociedad con altas expectativas de participación y libertad, el gobierno de Raúl Alfonsín colocó la democratización de la universidad pública en un lugar prioritario de su agenda. Así, inició la normalización universitaria desde la base de un modelo reformista que evocaba los principios de 1918. La autonomía, el gobierno democrático de las universidades a través de sus tres claustros, el pluralismo ideológico y la apertura del sistema a nuevos sectores sociales aparecieron como las líneas rectoras del nuevo proyecto, que se plasmó en las normas sancionadas durante esta etapa, comenzando por el decreto 154/83, no bien asumido el gobierno, que luego se desplegaría en la Ley de Normalización N° 23.068.

DEMOCRATIZACIÓN UNIVERSITARIA

La difícil tarea de normalización de las universidades implicó el nombramiento de rectores y decanos por parte del PEN, encargados de crear las condiciones del autogobierno universitario, esto es, la puesta en vigor de los estatutos universitarios existentes hasta la ruptura institucional de 1966; la constitución de consejos superiores provisorios en cada una de las 26 universidades nacionales existentes; el reconocimiento de un centro de estudiantes por facultad y una federación de centros por universidad, además de la Federación Universitaria Argentina, y la derogación de la ley de facto Nº 22.207. El nuevo marco legal de normalización contemplaba la posibilidad de impugnación de los concursos sustanciados entre 1976 y 1983, y una ley específica (Nº 21.115) estableció la anulación de todas las confirmaciones de profesores universitarios y los beneficios de estabilidad obtenidos durante la dictadura, así como un régimen de reincorporación de docentes obligados a renunciar por cuestiones ideológicas. Muchos docentes cesanteados y exiliados fueron reincorporados, y se utilizó el mecanismo del concurso como la instancia para el acceso a los cargos docentes por excelencia. Este proceso de democratización incluyó el reconocimiento de los centros de estudiantes como órganos de representación estudiantil. En un claro reflejo del clima político a nivel nacional, la agrupación estudiantil Franja Morada, brazo universitario del partido radical en el gobierno, asumió la hegemonía del movimiento estudiantil en todas sus instancias: la FUA, a nivel nacional, y la Fuba, a nivel de la Universidad de Buenos Aires. En las primeras elecciones estudiantiles de la UBA, celebradas en la segunda mitad de 1983, esta agrupación triunfó con el 47,79 por ciento de los votos estudiantiles y no dejaría de conducir la federación nacional hasta nuestros días.

Sin duda, la política de partidos se articuló de manera intrínseca con la política universitaria. Si bien esta relación estuvo presente a lo largo de la historia de la universidad argentina del siglo XX, es a partir de 1983 cuando se arraiga en la forma en que hoy la conocemos. El sector estudiantil se constituyó en un canal de incorporación de nuevos cuadros a las estructuras de partidos. Los cargos de rectores normalizadores designados por el gobierno constitucional de Alfonsín, encargados de restablecer el esquema de autonomía, cogobierno y concursos públicos y periódicos, fueron encomendados a cuadros de la Unión Cívica Radical, incluyendo alternancias con equipos del peronismo, aun antes de la asunción de Carlos Menem.

APERTURA Y CRISIS

La estructura del sistema universitario se mantuvo prácticamente sin cambios. En enero de 1984 se reabrió la Universidad de Luján, que había sido cerrada por la dictadura, y en 1988 el Congreso Nacional creó la Universidad Nacional de Formosa. No se autorizó la creación de nuevas universidades privadas.

Pese a los diagnósticos de la época, que desaconsejaban atender a la presión por ingreso abierto a la universidad en un contexto de crisis económica, se dio prioridad política a esa demanda. En la UBA, se estableció el ingreso irrestricto y se reestructuró la organización de las carreras a través del Ciclo Básico Común. Varias de las principales universidades del país levantaron gradualmente las restricciones al ingreso a través de diversos mecanismos. La puesta en práctica de estas determinaciones se tradujo, rápidamente, en un incremento sustancial del número de ingresantes y, consecuentemente, la matrícula experimentó un crecimiento acelerado. En 1983 había 416 mil estudiantes universitarios, en 1984 llegaron casi a 500 mil. En 1986 superaban los 700 mil. El grueso del crecimiento correspondió al sector público. La expansión acelerada del número de estudiantes constituyó, sin duda, una variable central de la historia universitaria del período de transición democrática.

El aumento de la matrícula obligó a las instituciones a invertir importantes recursos en edificios y en equipamiento. No obstante, el grueso del gasto que implicó el incremento de la matrícula fue soportado por los trabajadores de las universidades, cuyos salarios se depreciaron durante la segunda mitad de esa década. En las grandes universidades metropolitanas, fueron los cargos de auxiliares docentes, por lo general con dedicaciones simples e incluso en muchos casos ad honorem, los que crecieron acompañando los cambios en el número de estudiantes. En el marco de una crisis económica profunda, la conflictividad laboral fue creciendo, expresándose en huelgas permanentes, alterando significativamente el funcionamiento del sistema educativo y, particularmente, del universitario. En abril de 1985, se conformó la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), y un mes después se llevó a cabo un paro de dos días seguido de una movilización nacional. Los reclamos vinculados con la recomposición salarial ocuparon un papel central en su programa de acción. En síntesis, los primeros años del gobierno democrático se caracterizaron por un gran optimismo en la democracia como sistema de gobierno capaz de resolver los problemas de la sociedad. La universidad acompañó esa expectativa. Una vez más, la universidad fue la caja de resonancia de lo que acontecía en la sociedad. La universidad de Alfonsín, en el marco de las enormes dificultades políticas y económicas que tuvo su gobierno, se construyó sobre los principios fundamentales que sostenía este gran estadista para formar hombres y sociedades libres y democráticas: el pluralismo, el pensamiento crítico y el avance del conocimiento

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