La primera mitad del mandato presidencial libertario tuvo como trasfondo el zumbido de la “motosierra” (el recorte del gasto estatal) maniobrando sin mayores miramientos. El resultado fue la supresión o el achique de gran cantidad de organismos y empresas públicas, con el consiguiente recorte de empleos, mientras otras compañías del Estado perfeccionan sus propios ajustes o se preparan para ser transferidas al sector privado. Pero eso fue solo el comienzo.

El plan gubernamental continúa con nuevas metas de retiros voluntarios y reorganizaciones ambiciosas, siempre con la asistencia técnica y financiera del principal prestamista del país, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará un respaldo de 300 millones de dólares.

Lo que viene en lo inmediato, según anuncian en despachos oficiales, es un conjunto de medidas para mejorar la eficiencia del gasto a través de la “modernización” de las administraciones públicas, tanto en la Nación como en las provincias.

La obsesión de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, se concentra en implementar planes orientados hacia la “optimización técnica” en el uso de los recursos presupuestarios.

Para el gobierno no fue suficiente el ajuste fiscal ya practicado para racionalizar el gasto y la reforma impositiva que, de acuerdo con los funcionarios, amplió la base imponible, mejoró la equidad y redujo gastos tributarios.

Por eso el presupuesto nacional 2026 proyecta un gasto total de apenas 15,4 por ciento del PIB, que implica profundizar el ajuste en la Administración Nacional, con una caída real acumulada de las erogaciones superior al 29 por ciento respecto de 2023.

En esa línea la Casa Rosada planea afrontar desafíos en tres áreas estratégicas alineadas con los compromisos acordados por la Argentina en el Programa de Facilidades Extendidas vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI): 1) gestión del empleo público, porque –se afirma en la documentación respectiva– “gestionar integralmente los recursos humanos mejora capacidades estatales para proveer bienes y servicios de calidad, además de representar el 70 por ciento del presupuesto de la Administración Nacional (descontando transferencias y servicios de deuda); 2) gestión de bienes y servicios transversales de transformación digital, “porque incrementa la eficacia, eficiencia y transparencia en la prestación de servicios”, de acuerdo con estudios del propio BID, el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y 3) gestión de activos públicos no financieros, “porque administrar eficientemente el patrimonio mejora resultados fiscales, promoviendo la transparencia y el desarrollo sostenible”.

Diagnóstico

El análisis realizado en forma conjunta por el Palacio de Hacienda y los especialistas del BID sostiene que la mala performance técnica del gasto obedece, particularmente, a las “debilidades estructurales” en la gestión del empleo estatal; la “insuficiente” capacidad tecnológica para la transformación digital y las “capacidades limitadas” para gestionar activos públicos.

En lo que respecta al empleo en el Estado, se entiende que las dotaciones actuales resultan “inadecuadas, con exceso de personal y falta de perfiles profesionales y gerenciales”. Se señala además que perviven “unidades redundantes, con altos costos operativos que tensionan la sostenibilidad fiscal”.

Otra característica detectada por los funcionarios locales y los expertos del BID son los “sistemas fragmentados y obsoletos que dificultan la toma de decisiones”.

Según se evaluó, aunque el Sistema de Administración de Recursos Humanos es el más utilizado por los 190 servicios administrativo financieros de la Administración Nacional, al menos 31 organismos operan con sistemas propios, en algunos casos semimanuales.

“Esta fragmentación, sin interoperabilidad, impide el control centralizado y en tiempo real de la información, actualmente parcial, poco confiable y sin verificación central”, se interpreta.

Luego se constata un “problema estructural”: la reiteración de un factor que favorece la “discrecionalidad”, a partir de la designación transitoria y directa de cargos directivos sin concursos abiertos.

En 2015 se emitieron al respecto 614 decretos de excepción. El 61 por ciento de estos directivos públicos fue exceptuado de concursar e incumplía los requisitos del cargo según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Esa práctica se mantuvo en tiempos más recientes y en 2024-2025 se aprobaron 1.952 designaciones transitorias.

Talentos

En ese marco, rige un esquema salarial con inequidades que dificultan atraer y retener talento. La remuneración de un director nacional, en octubre pasado, representaba apenas un 30 por ciento comparado con un cargo equivalente en el sector privado.

En niveles técnicos –por ejemplo, para un analista de sistemas– el sueldo estatal representaba 42 por ciento de lo que cobra un agente privado, mientras para un agente de control de gestión la proporción resultaba de 56 por ciento.

La problemática evaluada en este terreno incluye la necesidad de cambios en el sistema de clasificación y en lo que respecta al avance en la carrera basado en antigüedad y calificaciones formales.

No es casual que las reformas en materia de empleo público demanden la mayor cuota del respaldo crediticio del BID, que destinará 230 millones de dólares para aceitar las iniciativas gubernamentales.

La hoja de ruta a seguir contribuirá, según se espera, a mejorar la “eficiencia del gasto” de la APN, mediante el diseño de una reforma del sistema de clasificación y política salarial; el desarrollo de procesos de reclutamiento y la selección competitiva por ocupaciones/puestos.

El apoyo beneficiará al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las acciones previstas contemplan la mejora del sistema de clasificación y política salarial, para atraer y retener talento.

Se aplicará además el reclutamiento y selección por mérito para directivos y personal y el impulso a una cultura institucional basada en desempeño con incentivos institucionales adecuados.

Se prevé asimismo el fortalecimiento de unidades de recursos humanos para implementar mejoras; continuarán los programas de retiro voluntario para reducir excedentes (se espera alcanzar a cerca del 10 por ciento del total de la planta permanente) y se establecerá un sistema integrado de gestión de RRHH interoperable con sistemas clave de gestión.

De todos modos, para ser políticamente correctos, habrá un cierto aliciente. Los estudios oficiales y del BID identificaron una brecha de participación femenina en cargos directivos de la Administración Nacional (36 por ciento mujeres versus 64 por ciento hombres), por lo que será necesario verificar si los criterios e incentivos del retiro voluntario podrían generar impactos diferenciados entre mujeres y hombres.

Transformación

En lo atinente a la limitada capacidad tecnológica para la transformación digital, en tanto, se identificaron varios aspectos.

• Una infraestructura de TI insuficiente para satisfacer la demanda del Estado. Concretamente, la Administración Pública Nacional redujo 70 por ciento su inversión en esta materia entre 2022 y 2025, lo cual generó una “deuda técnica” que obstaculiza la transformación digital. La empresa Arsat, que suministra servicios a 79 organismos públicos, tiene una ocupación de TI de 90 por ciento y requiere aumentar 28 por ciento su capacidad de procesamiento y 75 por ciento su almacenamiento.
• Baja interoperabilidad por falta de estándares transversales. En 2019 la Administracion Pública Nacional operaba 2.781 sistemas informáticos, pero solo el 23 por ciento estaba formalizado y 179 habían sido desarrollados directamente por las áreas usuarias sin supervisión de TI (enlace).
• Vulnerabilidades de ciberseguridad, por sistemas obsoletos y ausencia de políticas. En 2024, 72,4 por ciento de los incidentes reportados fueron de severidad alta, 19,9 media, 7,5 crítica y 0,2 de severidad baja. En comparación, Uruguay ese mismo año reportó 0,18 por ciento de incidentes de severidad alta o muy alta. Además, de 2.864 activos expuestos a internet en 2026, un 20 por ciento están marcados como End of Life, lo que representa un riesgo de ciberseguridad.
• Falta de estandarización de requerimientos técnicos.
• Adquisiciones fragmentadas que desaprovechan las economías de escala que ofrecen los acuerdos marco. La Administración Nacional cuenta con 220 unidades operativas de contratación que realizan compras de manera distribuida.
• Contrataciones con baja difusión y limitada apertura a nuevos oferentes.

Activos

Otros puntos débiles detectados, en cuanto a las capacidad limitada para gestionar activos del Estado, son:

• El bajo cumplimiento de la normativa establecida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El 20 por ciento de los organismos no responden a las solicitudes de información, mientras la falta de normativas que establezcan penalidades por no informar periódicamente el estado de los activos genera incumplimientos en los esquemas de reporte.

• Hay una planificación reactiva de la cartera de activos. El Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (Renabe) se actualiza en forma manual y fragmentada, lo que impide contar con información actualizada y verificable en tiempo real. Dificulta además identificar activos subutilizados o con potencial de optimización. La escasez de personal técnico y la intervención de múltiples áreas ralentizan los procesos y limitan la planificación estratégica.

• Falta de estandarización del Renabe y baja trazabilidad en registros patrimoniales del Estado. El organismo se nutre de informes elaborados por organismos de la APN, sin un formato unificado. La ausencia de metodologías como Building Information Modeling impide mapear con precisión la ocupación y uso de los bienes.

• Obsolescencia del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (Siena), que centraliza información georreferenciada de los bienes del Estado que actualiza el Renabe. Su desactualización limita su capacidad de trazabilidad y análisis.

Con miras a la modernización de la gestión de activos del Estado, el BID concederá un crédito de 17 millones de dólares para financiar la actualización del sistema Renabe; la actualización de la normativa de AABE y esquemas de cumplimiento, y la modernización del sistema Siena.

Calidad

El diagnóstico oficial agrega otros determinantes que contribuyen a la baja calidad de la Administración Pública, pero que serán abordados en el futuro. Se menciona, por ejemplo, la baja eficiencia en transferencias presupuestales. En 2023 esto representó el 5,1 por ciento de los ingresos provinciales.

El Banco Interamericano apoya la mejora de este esquema mediante el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II (6025/OC-AR), y el Programa Subnacional de Coordinación y Mejora Fiscal (AR-L1424, dirigido a provincias y actualmente en diseño, con los objetivos de mejorar la eficiencia del gasto y financiamiento público y la gestión de la recaudación por ingresos propios).

También se apunta a solucionar las fallas en implementación de esquemas de protección social. Mientras, en aspectos vinculados al entorno, se mencionan las dificultades en la gestión presupuestaria, por deficiencias en planificación y ejecución, falta de interoperabilidad entre procesos financieros y crédito público y ausencia de normalización de clasificadores. Estos problemas son abordados por el programa de gestión fiscal 5966/OC-AR.

Finalmente, se ponen de relieve las limitaciones en evaluación y monitoreo de obra pública. En particular, se señalan los bajos niveles de eficiencia en la Gestión de Inversiones Públicas (GIP), con un puntaje de 2,62 en el índice respectivo, frente al promedio regional de 2,5.

Por otra parte, se alentará la modernización del parque de bienes y servicios de tecnologías informáticas transversales para la transformación digital, mediante el fortalecimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para planificar capacidades y definir estándares técnicos transversales.

A este componente se destinarán 50 millones de dólares que se utilizarán en el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) para el desarrollo de acuerdos marco y la renovación del parque de bienes y servicios transversales para la transformación digital de la administración pública nacional.

También se financiará el apoyo a la Secretaría de Innovación y la capacitación de funcionarios en contrataciones públicas.

Los tres millones de dólares restantes para completar los 300 millones corresponden a la administración del programa y otros costos, incluidos gastos de administración, auditorías y evaluación.

El conjunto de modificaciones programadas debería resultar en una reducción de los costos operativos, junto a un mayor valor obtenido por los recursos destinados a compras de tecnologías informáticas. También se espera una disminución de duplicaciones y unidades redundantes. y una mayor cobertura de información sobre activos públicos.