Bajando con torpeza, escalón por escalón, Mario Villani llegó hasta el escritorio ubicado al fondo del sótano. –Edad, domicilio y nombre. La voz sonó neutra, burocrática. La venda en los ojos le impedía ver a quien formulaba la pregunta, aunque sabía que ya conocía las respuestas. Media hora antes, diez hombres de civil habían descendido de tres autos y le habían apoyado un arma en la cabeza. –Mario Villani. El golpe fue inmediato. La secuencia se repitió: nombre, respuesta, golpe. A la tercera vez, la piña lo arrojó al suelo. –Es la tercera vez que te decimos que ya no te llamás Mario Villani. La próxima te vas para arriba.

Mientras descendía la escalera de cemento ya le habían informado que su nombre había sido sustituido por otro asignado por sus captores: X-96. Era el protocolo de ingreso al centro clandestino conocido como “Club Atlético”.

CUADRÍCULA E INTELIGENCIA

El destino de Villani –como el de miles– comenzó a delinearse antes del 24 de marzo de 1976. En octubre de 1975, el Consejo de Defensa firmó la Directiva 1/75, que dividió el territorio nacional en cinco zonas bajo jurisdicción de los Cuerpos de Ejército, subdivididas a su vez en subzonas y áreas. El 31 de octubre, el comandante del Ejército Jorge Rafael Videla rubricó la Directiva 211/75, “Régimen Orgánico de Inteligencia para la lucha contra la subversión”, que creó la Central de Reunión de Inteligencia y formalizó los Grupos de Tareas.

Toda la información –detenidos, fotografías, documentación– debía confluir en el Batallón de Inteligencia 601. Allí se seleccionaban los objetivos y se definía el rumbo estratégico de la represión. El Reglamento ROP 30-5 (ex RC-15-8) establecía que los prisioneros debían ser trasladados a LDT (lugares de detención temporaria) bajo control operacional del Ejército.

Para entonces, Villani había abandonado La Plata, su cargo universitario y su militancia en la JTP, acosado por la Triple A. Físico graduado, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrollando modelos matemáticos para reactores nucleares. Su oficina quedaba frente a la ESMA.

Aunque existían centros ilegales desde 1974 –como el Pozo de Banfield–, la masificación del secuestro tras el golpe volvió innecesarios los tribunales especiales ensayados en la dictadura de Lanusse. El sistema necesitaba espacios discretos, distribuidos en todo el país, para interrogar, torturar y eliminar. Se consolidó así una red clandestina articulada con la estructura formal del Estado.

CARTOGRAFÍA DEL ENCIERRO

La Conadep identificó más de 340 centros clandestinos. Investigaciones posteriores elevaron la cifra a 500. El relevamiento más reciente de la Secretaría de Derechos Humanos contabiliza 814 sitios geolocalizados.

En esa cartografía predominan cárceles, comisarías, destacamentos militares y predios navales. Según los registros, 96 centros dependieron del Ejército, 15 de la Marina, 14 de la Aeronáutica, 125 de fuerzas federales y 443 de policías provinciales. La concentración policial evidencia capilaridad territorial más que proporcionalidad represiva: solo en la ESMA se estima que la Marina hizo desaparecer a unas 5.000 personas.

Una categoría residual –“otros”– incluye 121 espacios: casas particulares, hospitales, clubes, establecimientos eclesiásticos y predios empresariales, entre ellos instalaciones de la firma Ford. El entramado revela la amplitud de la complicidad civil. Cada centro respondía a una doble cadena de mando: una operativa, según la fuerza que lo administrara, y otra orgánica, subordinada a la autoridad militar de la zona correspondiente. La descentralización funcional convivía con una coordinación estratégica centralizada.

LA TECNOLOGÍA DEL TORMENTO

La picana eléctrica, aplicada en salas llamadas “quirófanos”, fue uno de los instrumentos más extendidos. Se combinaba con el submarino seco y otras formas de tormento. Las sesiones buscaban información inmediata –nombres, domicilios, contactos– que habilitara nuevos secuestros.

Las condiciones de vida completaban el dispositivo: encapuchamiento permanente, grilletes, oscuridad, privación de sueño y control arbitrario de comida e higiene. Para la politóloga y sobreviviente Pilar Calveiro, la tortura no se limitaba a la extracción de datos, sino que perseguía la desintegración subjetiva: destruir la identidad para producir un cuerpo dócil o descartable.

Fernando Reati, detenido ocho días en el D2 de Córdoba antes de ser “legalizado” en la Unidad Penitenciaria 1, conoció indirectamente esa experiencia. Observó las marcas en los cuerpos de sus compañeros: quemaduras de picana, cicatrices de intentos de suicidio. Los relatos que circulaban –entierros parciales, tormentos en helicópteros– ampliaban el terror más allá de la experiencia individual.

En ese contexto, los represores promovían la colaboración como única vía de supervivencia. La asimetría de poder era total. Sin embargo, existieron gestos de resistencia.

Villani, obligado a trabajar en un taller de electrónica en el centro “El Banco”, fue requerido por el policía Juan Antonio del Cerro, apodado “Colores”, para reparar su picana. El aparato utilizaba un variac que regulaba la intensidad de la descarga. Villani reemplazó un capacitor por otro de menor valor. La picana volvió a manos del torturador con potencia reducida, sin que este lo advirtiera.

En un sistema diseñado para anular toda voluntad, ese gesto mínimo alteró –aunque fuera de manera imperceptible– la eficiencia del dispositivo represivo. La resistencia, incluso microscópica, interfería en la lógica del terror.