El camino en la búsqueda de nietos apropiados iniciado por Abuelas de Plaza de Mayo comenzó en plena dictadura. Con la llegada de la democracia, surgieron instituciones estatales que se sumaron a la tarea: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y la Unidad Fiscal Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

A principios de los años 80, Abuelas contactó a científicos con una pregunta: ¿nuestra sangre servirá para identificar a nuestros nietos? Habían leído sobre un caso de paternidad determinado mediante análisis de sangre y pensaron que la ciencia podría ayudarlas. Víctor Penchaszadeh, médico genetista argentino, las conectó con especialistas. En 1984, la genetista Mary-Claire King desarrolló el “índice de abuelidad”: un cálculo estadístico que permitía determinar el vínculo biológico entre un niño y sus abuelos, sin necesidad de tener a los padres.

En febrero de 1986, Abuelas presentó al presidente Raúl Alfonsín un proyecto de ley para dar validez legal a los análisis genéticos y crear el BNDG. Fue aprobado por unanimidad en el Congreso en mayo de 1987, convirtiéndose en el primer banco de datos genéticos del mundo creado para resolver delitos de lesa humanidad. El BNDG almacena muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas y las cruza con las de personas que tienen dudas sobre su identidad. El índice de abuelidad permite determinar el vínculo biológico incluso cuando faltan las generaciones intermedias, como en el caso de niños cuyos padres están desaparecidos. En 2023, el laboratorio fue bautizado Mary-Claire King.

Desde hace casi cuatro décadas es una herramienta científica fundamental para las restituciones. Sin embargo, las políticas del gobierno actual pusieron en riesgo su funcionamiento. El organismo quedó con presupuesto congelado desde 2023, sin autoridades designadas y con análisis genéticos paralizados. Abuelas presentó una denuncia judicial solicitando la protección de las muestras y la tecnología del Banco. La jueza federal Alicia Vence ordenó que el gobierno no pudiera modificar el BNDG sin avisar al Poder Judicial.

INSTITUCIONES Y MEMORIA

En 1992, en pleno gobierno de Carlos Menem y pese a las leyes de impunidad que paralizaban los juicios, se creó la CONADI. Su función específica es acompañar los procesos de restitución mediante un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. La apropiación tiene una particularidad: las víctimas no se autoperciben como tales. El momento de la audiencia judicial, cuando se le informa a alguien que hay dudas sobre su identidad, requiere personal capacitado y una mirada interdisciplinaria. Durante décadas, el trabajo de la CONADI fue validado por decenas de jueces y fiscales en todo el país.

En agosto de 2024, el gobierno nacional eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la CONADI, el área que conducía las investigaciones y accedía a archivos del Estado. Creada en 2004, la UEI investigaba casos de apropiación con acceso a archivos de las Fuerzas Armadas, seguridad y organismos registrales. Los ministerios de Defensa y Seguridad bloquearon el acceso de la CONADI a estos documentos cruciales. Claudia Carlotto fue desplazada de la dirección y se produjo una reducción del 40% del personal. El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado calificándola de “organismo militante”. En diciembre de 2024, la provincia de Buenos Aires creó su propia unidad de búsqueda de identidad.

NUEVAS AMENAZAS

En 2012, la Justicia confirmó que la apropiación de niños fue un plan sistemático diseñado por la dictadura. Ese mismo año se creó la UFICANTE dentro del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Pablo Parenti. El origen respondió a un problema concreto detectado por Abuelas: desde que se hacía una denuncia hasta el estudio de ADN se tardaba casi dos años. Hoy ese plazo se redujo a menos de la mitad.

“Existía la necesidad de hacer algo a nivel del sistema de justicia para agilizar la resolución de los casos”, explica Parenti en una entrevista con Caras y Caretas. “Acá buscamos desaparecidos con vida. Las medidas de prueba que hay que hacer son muy distintas a las que uno hace cuando investiga un centro clandestino de detención.”

La UFICANTE elaboró un protocolo de actuación para todos los fiscales del país y comenzó a realizar investigaciones preliminares que permitieron descartar casos sin fundamento y aportar pruebas en los que sí ameritaban investigación. El fiscal señala que este es uno de los delitos más particulares porque las víctimas en general no saben que lo son. “La persona está encerrada en una cárcel inmaterial formada por una verdad construida históricamente.”

A diferencia de la CONADI y el BNDG, la UFICANTE sigue funcionando porque no depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental del Ministerio de Defensa –que durante años colaboró entregando documentación probatoria– impactó en el trabajo de los fiscales. Treinta y seis fiscales firmaron una carta marcando “la enorme pérdida que para nuestra tarea significaba no tener más un equipo de investigación de esa naturaleza”.

Cincuenta años después del golpe, la búsqueda de los hijos de desaparecidos enfrenta un contexto paradójico. Existen herramientas científicas, institucionales y jurídicas que son resultado de décadas de construcción colectiva, pero el desfinanciamiento y el desmantelamiento de organismos clave ponen en riesgo esta conquista histórica de la sociedad.

Pese a los obstáculos, la búsqueda persiste. Entre 2023 y 2025 se celebraron tres restituciones de identidad, gracias a la labor articulada entre el BNDG, la CONADI, la UFICANTE y Abuelas. 140 nietos ya recuperaron su historia y se reencontraron con sus familias. Quedan más de 300 personas por encontrar.