“Ni a los asesinos de mi hija les haría lo que le hicieron a ella.” Elías Morales pronunció esa frase con la voz en quebranto durante el primer juicio por el secuestro, tortura, violación y femicidio de su hija, María Soledad Morales. La Justicia pretendía cerrar un proceso cómplice, plagado de irregularidades y parcialidad, y dejar a salvo los nombres de aquellos que participaron en la masacre: primos, sobrinos, hermanos, hijos de dinastías que por más de cuarenta años manejaron Catamarca como un feudo.

En la provincia siempre se habló de aquellos que serían conocidos como “los hijos del poder”, primogénitos de familias encumbradas, apañados por el gobierno de Ramón Saadi. Nombrar al vuelo a los Luque, Ferreyra, los Jalil es ir trazando el horror del 8 de septiembre de 1990, cuando la adolescente de 17 años se fue de la fiesta de recaudación de fondos para el viaje de egresadas y se subió al auto de Luis Tula, un hombre once años mayor del que estaba enamorada, mandadero de hijos de políticos y de jefes policiales. Dos días después, su cuerpo apareció en una zanja del Parque Daza, en la zona de Tres Puentes, cerca de la ruta 38 y de su hogar. Estaba semidesnudo, el rostro desfigurado, con lastimaduras profundas y marcas de tortura en cada centímetro de la piel.

Elías Morales apenas pudo reconocer a su hija por una pequeña cicatriz en una de las muñecas. “Mi dolor nunca va a terminar”, dijo. A la vera del parque se levanta un monolito de peregrinaciones y una placa que reza “María Soledad. Recibimos tu sangre y tu vida como sacrificio por Justicia, paz y amor. Jóvenes estudiantes de Catamarca. Noviembre de 1990”.

UN CRIMEN DE ODIO

Clivus era uno de los boliches más famosos de los 90 menemistas en San Fernando del Valle de Catamarca. Su dueño, Jorge Raúl “El Negro” Tévez, distribuía a su clientela en algunas de las tres plantas del edificio, según el grado vip de los habitués. En la madrugada del 8 de septiembre, Tula llevó a María Soledad a Clivus. Los esperaban Guillermo Luque, el hijo del diputado nacional Ángel Luque, entonces mano derecha de Ramón Saadi. Allí también se encontraban Hugo “Hueso” Ibáñez y Luis “Loco” Méndez, amigos de “Guillermito”, y se sospechó de la presencia de otros que la Justicia no comprobó: Pablo y Diego Jalil, sobrinos de José Jalil, el intendente de la ciudad; “Arnoldito” Saadi, primo del gobernador, y Miguel Ferreryra, hijo del jefe de la Policía, Miguel Ángel Ferreyra.

Jesús Muro, barman de Clivus y uno de los testigos clave en el segundo juicio oral, en 1997, declaró que Ibáñez y Méndez acompañaron a Luque “en la orgía durante la cual perdió la vida María Soledad”. A esa hija de familia humilde, segunda de siete hermanos, le faltaban cuatro días para cumplir 18 años y cuatro meses para terminar el secundario. Para la élite local, se lo había buscado: era una “chinita” pobre, objeto de descarte que no merecía ser llamada víctima.

Nunca se pudo establecer quiénes fueron todas las personas que participaron, pero la investigación reveló que María Soledad fue golpeada, violada por varios hombres, con signos de haberse resistido al ataque sexual, y una sobredosis forzada de cocaína que le aceleró la muerte.

El saadismo, la cúpula policial, algunos medios locales y funcionarios judiciales desplegaron un operativo para correr del foco a los culpables.

Se comenzó a hablar de venganza, crimen pasional y de sectas que realizaban sacrificios humanos. Hasta que uno de los médicos forenses declaró que se trataba de “un crimen de odio y desprecio” contra una adolescente. Años después, la organización feminista Mujeres que no fueron tapa publicaba en su cuenta de X: “No fue un culebrón, fue un femicidio que escribió más miedo en los cuerpos de todas las que estábamos vivas en ese momento, mujeres adultas o niñas. Ese miedo con el que todas vivimos y encarnamos a lo largo de nuestra vida, el miedo a ser violadas y asesinadas”.

Ya ni Carlos Menem, que había mandado al represor Luis Abelardo Patti a encargarse de la investigación, pudo remontar el escándalo nacional, y destituyó a Ramón Saadi. En 1991 nombró interventor al abogado Luis Prol hasta las elecciones de diciembre, con el triunfo del radical Arnoldo Castillo por el Frente Cívico y Social. La hegemonía de los Saadi se rompió en mil pedazos.

Ada Rizzardo, la madre de María Soledad, caminó despachos, increpó a judiciales, a policías, encaró a políticos y curas, alguien que se apiadara y le dijera qué había ocurrido con su hija y quiénes eran los responsables. “Los que mataron a mi hija pertenecen al poder político de Catamarca, y lo quieren encubrir a toda costa”, dijo Ada, a quien el obispo Elmer Miani le recomendaba fe y prudencia, mientras al matrimonio Morales le llovían amenazas irreproducibles. “Este es un problema de la sociedad, no es la responsabilidad de un estamento de ella”, le advertía Miani, que surfeaba entre sus feligreses del poder político y judicial.

NI UNA MENOS

A Ada la abrazaron las adolescentes del Colegio del Carmen y San José, y su rectora, la hermana Martha Pelloni, que decidieron salir a la calle y visibilizar el reclamo de justicia, pese a las amenazas del comisario Ferreyra, vocero improvisado de Ramón Saadi. Desde la primera Marcha del Silencio, el 14 de agosto de 1990, las movilizaciones multitudinarias se extendieron en toda Catamarca y en el resto del país. Miles de mujeres politizaron el dolor retomando la herencia de las rondas de Madres de Plaza de Mayo. “Fue tan fuerte la marcha, que quedó intervenida la provincia”, recuerda una de las amigas de “La Sole” en el documental María Soledad: El fin del silencio, de Lorena Muñoz.

El segundo juicio comenzó el 14 de agosto de 1997, duró seis meses y declararon 372 testigos. El 27 de septiembre de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de cárcel por “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”, y Luis Tula a nueve años como “partícipe secundario de violación”. Salieron en libertad condicional “por buen comportamiento”, antes de cumplir sus condenas. El resto de los sospechados fueron absueltos. Se dispuso otra causa por encubrimiento que alcanzaba a Ramón Saadi, a la policía de Catamarca y a Carlos Menem, pero quedó en la nada. “Significa un dolor inconmensurable saber que ellos están libres”, repite Ada Rizzardo 35 años después de la muerte de su
hija. “El grupo que encubrió el femicidio de María Soledad tiene nombre y apellido.” Elías Morales falleció en 2016. Hasta sus últimos días de vida pidió reactivar la causa por encubrimiento.

Martha Pelloni asegura que el secuestro y muerte de María Soledad está relacionado con redes de trata y narcotráfico. A la luz de las Marchas del Silencio, y de las luchas de los feminismos en territorios donde en estos momentos se envalentona un patriarcado conservador y rancio, el nombre de María Soledad Morales se convirtió en bandera de Ni Una Menos. “Es muy fuerte la realidad de los femicidios a través del machismo hacia el género”, afirma Pelloni. En el documental de Lorena Muñoz sostiene, una vez más, que “María Soledad es el símbolo de lo que hoy podemos hacer como lucha social las mujeres”.