Una economía funcionando con pautas neoliberales y una población protegida contra la “inseguridad” son las prioridades de la agenda gubernamental, a fin de consolidar un “clima de negocios” perdurable en una sociedad que vaya dejando de lado vetustos y disfuncionales objetivos de justicia, soberanía e independencia.

Así lo consensuaron recientemente las autoridades nacionales y el Banco Interamericano de Desarrollo. El organismo multilateral con sede en la capital estadounidense es una de las pocas fuentes de crédito a las que puede recurrir el país, expulsado de los mercados financieros tras el default de Mauricio Macri en 2019.

El “Acuerdo Estratégico entre la Argentina y el Grupo BID 2025-2028”, alcanzado durante junio pasado, contempla para el cuatrienio un financiamiento de entre 9.500 y 10.650 millones de dólares. De concretarse el máximo de créditos, lo desembolsado sería casi 30 por ciento más que en el período 2021-2024.

Como era de esperar –aunque también se fijan metas de mediano plazo en materia de alfabetización, salud digital y refuerzos formativos de jóvenes y adultos–, el mayor respaldo estará dirigido a reformas fiscales y regulatorias “para apoyar la estabilidad macroeconómica y la competitividad del sector privado”.

En lo inmediato se apunta además a fortalecer los programas de seguridad ciudadana. Para lo cual está en curso una primera asistencia técnica al Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de “combatir el crimen organizado a nivel nacional, con especial énfasis en territorios considerados focos de fragilidad y violencia”.

La operación, a cargo exclusivo del BID, incluye un aporte no reembolsable inicial de 200 mil dólares y el suministro de “profesionales especializados” que permitirán “identificar carencias y definir acciones pertinentes”.

A pedido de la Casa Rosada, el proyecto será ejecutado directamente por la División de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano, considerando las “debilidades técnicas, operacionales o institucionales” registradas en el ámbito local.

Eficiencia

La cooperación técnica del BID apoyará, por un lado, la transformación del sistema de seguridad, y por otro, el abordaje de delitos complejos.

En el primer caso la institución brindará “asistencia técnica especializada para impulsar la modernización y eficiencia de las fuerzas policiales y de seguridad federales”, se detalló.

La tarea incluirá el diagnóstico del estado de las capacidades investigativas, además del diseño de un plan de reforma de la estructura organizacional y de gestión y fortalecimiento de los recursos humanos; un plan de captación de datos y elaboración de información en tiempo real, y un esquema integral de formación y capacitación de las fuerzas federales.

Para concretar el segundo cometido, el BID impulsará el diseño de tres planes: uno territorial, de reducción de homicidios y violencias relacionadas; otro de acción para la prevención e investigación de delitos económicos,; y el restante, de carácter estratégico para combatir el ciberdelito.

Aun cuando no se alcanzan en estas tierras los picos de violencia que se ven en México, Brasil o Colombia, las autoridades nacionales coinciden con los centros de poder mundial en el apremio por mejoras en el plano de la seguridad ciudadana.

En su justificación de la asistencia técnica el Banco Interamericano pinta un cuadro de colores dramáticos, al sostener que:

• La percepción de inseguridad prevalece como una de las principales preocupaciones que manifiesta la población argentina: 85,1 por ciento de las y los mayores de 18 años consideran la falta de seguridad como un problema “bastante grave” o “muy grave” en su ciudad.
• A la vez, casi dos de cada cinco argentinos/as (el 38,3 %) no confía en la policía.
• En 2021, el 23 por ciento de los hogares en la Argentina urbana informó la presencia de venta y/o tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio en el que está ubicado.
• Estos valores se agravan cuando se consulta a los sectores más vulnerables: cuatro de cada diez hogares en condición de pobreza perciben la presencia de venta y/o tráfico de drogas en sus alrededores, frente a un 15 por ciento de los hogares no pobres.
• Al mismo tiempo, tres de cada diez hogares con niños se encuentran ubicados en zonas con presencia de venta y/o tráfico de droga.
• En la zona más poblada del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires, también se registran “niveles alarmantes de criminalidad”, con una alta incidencia de delitos vinculados con economías ilegales y organizaciones criminales.
• Los homicidios cometidos en el territorio porteño y del Conurbano bonaerense comprenden casi 45 por ciento de los nacionales. Entre 2010 y 2014 se verificaron los niveles más altos de registro de venta de drogas a nivel federal.

Se advierte, por otra parte, que la problemática de la seguridad tiene una clara expresión en el ámbito penitenciario.

“La sobrepoblación carcelaria existente dificulta el control y el orden, transformando los centros penitenciarios en lugares donde se registran desórdenes, motines y fugas, con grave peligro y consecuencias para los detenidos, la población de los entornos residenciales y para el propio personal policial”, sostiene el BID. 

Alerta luego que la capacidad operativa del Sistema Penitenciario Federal se encuentra excedida en un 6,2 por ciento, luego de que en cinco años la población carcelaria aumentara un 47 por ciento.

Este crecimiento, alertó la entidad, no fue acompañado debidamente por políticas de reacondicionamiento de la infraestructura penitenciaria, lo que produjo mayores tasas de hacinamiento y el deterioro de las condiciones de vida de los reclusos.

Flagelo

“La inseguridad constituye uno de los principales problemas que afecta a la sociedad argentina”, remarcan los documentos que formalizan el acuerdo entre el BID y el gobierno nacional. El texto destaca que el flagelo fue identificado en 2023 por una encuesta de la Universidad San Andrés como “el segundo problema principal que afecta a la sociedad, después de la inflación”.

Si bien se admite que la Argentina presenta una de las tasas de homicidios más bajas de la región (4,4 homicidios por 100 mil habitantes en 2023, luego de experimentar una baja del 33 por ciento en los dos últimos decenios), el diagnóstico hace notar que “existen marcadas diferencias” en el interior del país.

Es el caso de la ciudad de Rosario, donde las tasas de homicidios son hasta cinco veces superiores al promedio país (20,5 homicidios por 100 mil habitantes en 2021), ejemplifica el Banco: seis de cada diez muertes ocurridas en la ciudad están relacionadas con la economía ilegal y con organizaciones criminales.

Los datos de la Cuna de la Bandera Nacional elevan el promedio provincial, al punto que la tasa de homicidios en todo el territorio santafesino es de 11,4 por cada 100 mil habitantes.

Las condiciones geográficas e infraestructura portuaria vuelven a la ciudad “un punto estratégico para actores criminales”, en el que los homicidios se producen “principalmente debido a disputas y ajustes de cuenta entre bandas por el control de los puntos de venta de droga”, evalúa el BID.

Dentro de la provincia, precisa, el 84 por ciento de los homicidios fueron perpetrados en dos departamentos que concentran cerca del 50 por ciento de la población, Rosario y Santa Fe.

Aun así, incluso en estas áreas los niveles de muertes violentas son inferiores a los observados en el promedio latinoamericano y caribeño (18 homicidios por 100 mil habitantes).

Los datos del BID indican que los homicidios cometidos en Rosario relacionados con la “economía ilegal/organización criminal” explicaban en 2021 seis de cada diez muertes ocurridas. Además, la tasa de homicidios en ese año (20,51) sextuplicó el nivel promedio del país (3,82).

Ranking

De todos modos, en el ranking regional, el panorama de Santa Fe y de la Argentina en esta materia se ubica de modo favorable frente a Colombia y Brasil (con tasas de homicidios de 25,4 y 21,1 por cada 100 mil habitantes, respectivamente).

Lo preocupante es que no se logra aquí equiparar los niveles registrados en Uruguay o en Chile (cuyas tasas son de 10,6 y 6,0, en forma respectiva), de acuerdo con los datos del monitor elaborado por el brasileño Instituto Igarapé.

El análisis indica que los bolsones de criminalidad en la Argentina se focalizan principalmente en ciudades altamente pobladas y cercanas a puertos. Lo cual se relaciona con el creciente rol que tiene el país en el tránsito y acopio de cocaína.

En Rosario –la zona más violenta del país–, los homicidios se producen principalmente debido a disputas y ajustes de cuenta entre bandas por el control de los puntos de venta de droga. “Datos recientes indican que el 70 por ciento de los homicidios está vinculado al narcotráfico y al sicariato”, ilustra el BID.

La Argentina, añade, se ha convertido en los últimos años en un país central de tránsito y acopio en el tráfico de cocaína, procedente de países como Perú y Colombia vía Paraguay y Bolivia. 

El comercio de cannabis y de cocaína se presenta como el principal mercado ilegal, seguido del tráfico de bienes de contrabando. Estas operaciones son favorecidas “por el extenso litoral del país, la porosidad de sus fronteras, la falta de control en sus puertos y el relativo buen desarrollo de sus infraestructuras de transporte”.

De acuerdo con la descripción del Banco Interamericano, los factores señalados hacen de Rosario un punto atractivo para los narcotraficantes que introducen drogas al país, cada vez más a través del transporte fluvial y marítimo, en una ruta que conecta Bolivia, Paraguay, la Argentina, el Atlántico, Europa y África.

Si bien el destino principal es la Unión Europea, el mercado local de droga creció a la par: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que 1,67 por ciento de la población local consume cocaína y que llega a 8,3 por ciento la consumidora de cannabis.

Alertas

Sin minimizar la magnitud del problema, expertos, académicos y dirigentes políticos no oficialistas alertan sobre los riesgos reales que podrían surgir si el rótulo de “inseguridad” se aplica a designios relacionados con la represión de expresiones genuinas de protesta social.

En ese caso, los dispositivos reforzados (en recursos, tecnologías y capacidades operativas), lejos de beneficiar a sectores empobrecidos de la población serían utilizados para apuntalar proyectos socioeconómicos regresivos, de cesión de importantes porciones del patrimonio público, a empresas y particulares, y de ampliación de las inequidades distributivas.

Por lo pronto, el acuerdo con el BID promete concentrar los esfuerzos en cuatro áreas estratégicas: fortalecimiento de intervenciones de prevención primaria focalizados en territorios vulnerables y en las poblaciones en situación de riesgo; mejoras en la capacidad de las fuerzas policiales para prevenir, atender, investigar y resolver delitos complejos, de la mano de nuevas tecnologías; aumento de la efectividad en el ejercicio de la acción penal, mediante la eficiente implementación del código procesal penal, y mejoras en la calidad de los servicios de rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad.

Pueden observarse, en estas materias, algunos cambios en la política del BID hacia la Argentina, al comparar las directrices correspondientes a la gestión de Alberto Fernández con las establecidas para el turno de Javier Milei.

En el Acuerdo de 2021-2024 se reconocía el “contexto de mayor pobreza y desigualdad”, como punto de partida para afrontar los desafíos en las áreas de seguridad y justicia ciudadanas. 

El compromiso actual no incluye esa referencia explícita, aunque dice que se promoverán “oportunidades de inclusión económica y social de las poblaciones vulnerables”. Por ejemplo, a través del desarrollo de tecnología para generar “habilidades de empleabilidad y oportunidades laborales para los jóvenes en riesgo”.

En los próximos años el BID impulsará además –como ya se hizo con buenos resultados en Chile, Guatemala y Panamá– mecanismos innovadores para la reinserción económica de personas privadas de libertad, mediante alianzas con los sectores empresarial y bancario.

Otra vía de acción prevé cierto grado de privatización, mediante el financiamiento público-privado para ampliar la infraestructura penitenciaria o de unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

Desafíos

El anterior acuerdo marco con el Banco Interamericano constataba que la Argentina exhibía la mayor tasa de policías en América Latina y el Caribe (558 por cada 100 mil habitantes, frente a 301 promedio en la región). Advertía, sin embargo, que “existen desafíos vinculados a una baja efectividad policial e insuficientes inversiones destinadas a prevención del delito”.

Según el BID, el 79 por ciento del gasto del país en seguridad se destina a servicios y sueldos de policía, pero solo 65 por ciento de la policía está asignada a funciones de patrullaje; el resto cumple tareas administrativas, lo cual reduce la efectividad policial.

Quienes recelan del eventual mal uso de la “ayuda” del BID alertan acerca de la “efectividad” que se pretende de las fuerzas policiales y sobre los probables destinos indebidos de los recursos prestados al Gobierno, tales como la “disuasión” de grupos que lideran reclamos sectoriales o de manifestaciones sociales callejeras.

En los papeles, el soporte financiero se justifica además con la mención de propósitos plausibles, como el necesario combate a la violencia doméstica. Esta modalidad constituye el 97 por ciento de las situaciones reportadas por particulares a nivel nacional (dato del Ministerio de Seguridad).

Dentro de las situaciones de violencia denunciadas al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género del Ministerio de Justicia, el 96,6 por ciento de las personas agresoras registradas es varón. Además, el 45 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida, en sus dimensiones física, sexual, psicológica y/o patrimonial.

Los altos niveles de violencia de género afectan tanto a las víctimas como a sus familias y reducen la posibilidad de desarrollo económico.

Se estima una tasa de 1,1 femicidios cada 100 mil mujeres (muy similar a la de Brasil, Uruguay y México).

No obstante, la región del Noroeste (NOA) presenta las mayores tasas, que oscilan entre 2,1 y 2,7 y femicidios cada 100 mil mujeres.

El nuevo acuerdo con el BID prevé avanzar con la implementación en la Argentina de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, constituida a fines de 2024 entre 18 países latinoamericanos, a fin de impulsar acciones y políticas que se implementen a nivel regional, subregional y nacional para mejorar la seguridad ciudadana y abordar la creciente influencia del crimen organizado.

Los tres objetivos principales de la Alianza son proteger a las poblaciones y comunidades más vulnerables y expuestas a la influencia del crimen organizado; fortalecer las instituciones de seguridad, justicia y otros sectores estratégicos, y afectar los flujos financieros y mercados ilícitos.

El plan de trabajo indicativo de la Alianza para 2025-2027 incluye financiamiento y acompañamiento técnico del grupo BID para apoyar a la Argentina en el desarrollo de productos de conocimiento sobre factores de riesgo e intervenciones para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

Está previsto también el desarrollo de un piloto para el intercambio digital de información sobre el historial delictivo de personas en conflicto con la ley y la sistematización y difusión de la experiencia en materia de investigación forense sobre drogas sintéticas, así como capacitación de buenas prácticas en la prevención del lavado de activos.

Queda por ver si el crimen organizado –y no grupos de jubilados, estudiantes o trabajadores– será el foco a controlar mediante intervenciones territoriales, multiagenciales y federales, como promete el Ministerio de Seguridad, a fin de garantizar la protección, ampliación y accesibilidad de derechos, particularmente en aquellas regiones más vulnerables e inequitativas.