La economía argentina ya está jugando en modo electoral, pivoteando entre el clásico atraso cambiario, típico de épocas electorales, y la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, que llevan a soluciones dolorosas más temprano que tarde. Y en este caso, en algún punto, la situación se ve agravada por las consecuencias de una política de apertura de la economía que ya golpea a los sectores productivos que apuntan al mercado interno. 

Así, mientras el tipo de cambio atrasado genera un “efecto riqueza” o más bien el “engaña pichanga” de que la gente tiene más plata en el bolsillo en plena campaña electoral, esto se combina con un consumo que no levanta, una inflación que bajó desde niveles estratosféricos a fines de 2023 pero que no logra perforar el 1,5 por ciento mensual, y salarios que corren de atrás a los precios domésticos, que se mantienen relativamente estables pero en base a recesión y pérdida de rentabilidad de las empresas para poder vender. 

En este contexto, todo parece estar atado con alambre. Al menos hasta las elecciones legislativas de medio término el próximo 26 de octubre. Algunos analistas económicos ya advierten incluso que uno de los ejes del modelo Milei, que es la estabilidad cambiaria, quebraría la tendencia tras las elecciones, abriendo paso a una devaluación, que como todo el mundo sabe, siempre termina en precios, es decir, en más inflación. 

El Gobierno se resiste a asumir que este es un escenario posible, pero en la Argentina ya pasó muchas veces que la realidad termina por hacer saltar la tapa de la olla a presión, independientemente de la voluntad de los gobernantes.  

Motosierra y licuadora 

Los memoriosos recordarán que al asumir la presidencia en diciembre de 2023 Javier Milei presentó su receta contra la inflación y adujo que los precios mayoristas viajaban a un ritmo de 54.000 por ciento anual, una cifra delirante e imposible de calcular, y que para bajarla era necesario reducir un déficit fiscal de quince puntos del PBI. 

La estrategia de combate a la inflación se basó en la recordada motosierra, aunque luego se demostró que más que eso utilizó la licuadora. Fue el caso de las jubilaciones, que sufrieron un recorte brutal de su poder de compra ni bien empezó la gestión libertaria. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 jubilados y pensionados no tuvieron ningún aumento, pese a que en esos tres meses se acumuló el 71,3 por ciento de inflación. 

De esta manera y sin eufemismos, el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostiene que “los jubilados están financiando el superávit fiscal” que pregona el Gobierno. 

Ahora el Congreso sancionó un incremento del 7,2 por ciento en los haberes y un ajuste de 40 mil pesos en el bono que reciben los jubilados de la mínima –hace 16 meses que se mantiene sin mejoras en 70 mil pesos–, pero el propio Milei insistió una y otra vez que va a vetar esa ley.  

El superávit fiscal primario y financiero se sostendría así a salvo, mientras que el 75 por ciento de los jubilados cobra el haber mínimo, hoy en 379 mil pesos incluyendo el bono, cuando la canasta básica de los jubilados ronda 1,2 millones de pesos.  

Desequilibrios 

Un estudio del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, asegura que “a pesar de que la economía muestra señales de recuperación desde hace cuatro meses consecutivos, el repunte aún no alcanza para revertir el impacto de la profunda contracción sufrida durante los primeros trece meses del gobierno de Milei”. 

El documento agrega que, en ese período inicial, la actividad industrial y la construcción cayeron cerca de un 11 por ciento en total, mientras que el comercio apenas logró una recuperación de 1,32 por ciento en términos acumulados. 

En relación con el consumo masivo, esto es la compra de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal, se mantiene retraído y sin muchas perspectivas de cambios a la vista. 

“Desde el cambio de gobierno, las ventas mayoristas y minoristas muestran una tendencia a la baja, en parte explicada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, fuertemente golpeados por la inflación y el aumento de tarifas”, sostienen los analistas de la UBA.  

Y hay un dato más que da cuenta de la gravedad de la situación que atraviesan los sectores asalariados y de ingresos fijos. Si bien en los últimos cuatro meses se observa una mejora en las ventas en supermercados, que indica una recuperación del consumo, eso no logra cambiar la tendencia. 

“El incremento sostenido de las ventas en supermercados registrado en los últimos cuatro meses aún no ha logrado revertir la caída acumulada, que se mantiene cercana al 6 por ciento”, señala el informe, y destaca que “las ventas mayoristas continúan en descenso, con una baja acumulada cercana al 21 por ciento desde el inicio del nuevo gobierno”. Más claro, echarle agua. 

A esto hay que agregar que está creciendo, y fuerte, el uso de las tarjetas de crédito para compra de bienes de primera necesidad.  

“Desde el inicio de la gestión de Milei, el uso de tarjetas de crédito para realizar compras en supermercados se incrementó en ocho puntos porcentuales: pasó de representar el 39 por ciento de las ventas totales al 47 por ciento”, señala el estudio. Y destaca que “este fenómeno podría estar indicando que muchas familias están recurriendo al endeudamiento para adquirir bienes de consumo básico del mes, como alimentos, productos de limpieza y otros artículos esenciales”. 

Una de cal y otra de arena 

El Gobierno aduce que la inflación está en un proceso de reversión, basado en el hecho de que el índice de precios al consumidor (IPC) acumula ya dos meses en torno al 1,5 por ciento.  

Pero esa es la foto de mayo y junio. Julio ya vino con un importante salto del tipo de cambio oficial (Banco Nación) que cotiza a 1.300 pesos, nivel récord en la era Milei, en un raid que comenzó el 23 de mayo y que desde entonces acumula nada menos que 13 por ciento de suba.  

En esta lógica, el dólar blue, tomado como referencia en vastos sectores de la economía informal, acompaña la tendencia y desde entonces subió 14,2 por ciento. Y el traslado a precios ya comenzó. 

El Gobierno dice que los números macro cierran y que no es problema no acumular reservas en el Banco Central, como le viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional, desde que aprobó en abril un préstamo de 20 mil millones de dólares. Lo cierto es que las inversiones externas aún no se ven, salvo en Vaca Muerta y en ciertos anuncios de inversión en minería aprovechando los beneficios del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). 

En este contexto, un informe de Epyca Consultores, que dirige el economista Martín Kalos, destaca la buena noticia de la inflación por debajo del 2 por ciento por segundo mes consecutivo, pero apunta que “esta aparente mejoría esconde una realidad más compleja, dado que ocho de las doce divisiones del IPC superaron el promedio general, con educación y vivienda liderando los incrementos con 3,7 y 3,4 por ciento, respectivamente”.  

Los precios regulados “impulsaron al alza el indicador general con un aumento de 2,2 por ciento”, en tanto que alimentos y prendas de vestir marcaron las menores subas, dice el informe, pero aclara que el impacto social de esta dinámica inflacionaria se refleja en que una familia tipo necesitó 506.008 pesos para no caer en la indigencia y 1.128.398 para mantenerse sobre la línea de pobreza en junio.  

“Pese a la desaceleración de precios, el consumo continúa debilitado por la caída del salario real de los sectores de mayor gasto en el mercado doméstico, contrastando con el incremento del poder adquisitivo en dólares de grupos con mayor propensión a importar y realizar turismo emisivo.” Una brecha cada vez más difícil de cerrar.