“Después de todo lo que pasó en la Argentina, de todos los problemas que hubo, de la hiperinflación, de no haberse hecho el juicio el país hubiera vuelto a tener una dictadura. El Juicio a las Juntas también evitó nuevos golpes de Estado”, asegura 40 años después Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas que comenzó el 22 de abril de 1985. “Fue más que un juicio. Fue las elecciones, fue la propuesta de Raúl Alfonsín, fue el apoyo de todo el mundo para que se anulara la amnistía (a los militares), fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Fue todo un paquete para que los argentinos entendiéramos el significado de la democracia”, define desde Estados Unidos, abocado a los 72 años a generar herramientas contra el crimen organizado y promoviendo el uso de la Inteligencia Artificial en función de ello.

Cuando tenía 32, el abogado era subdirector del instituto de investigación de la Facultad de Derecho y trabajaba en la Procuración General de la Nación, elaborando dictámenes para la Corte Suprema. “Mi trabajo era muy teórico. Julio (Strassera, fiscal del Juicio a las Juntas) me conoció en la universidad y me ofreció que lo ayudara. Yo le dije que nunca en mi vida había llevado un caso penal. Me dijo: ‘Mejor, porque si hacemos las cosas como siempre se hacen, no va a salir. En cuatro meses tenemos que juntar la información’. La tarea que me pidió fue armar la investigación. Eso fue lo que hice. Y fue fascinante. Los que trabajábamos en la fiscalía teníamos conciencia de que estábamos participando de un acto histórico. Teníamos conciencia de que no podíamos fracasar”.

–¿Qué impacto tuvo para la sociedad en el momento el desarrollo del Juicio?

–Las audiencias públicas duraron cinco meses, día por día, voces explicando lo que había pasado. Eso transformó lo que la gente pensaba. Los chicos de ahora no saben que en 1983 la gente todavía pensaba que los militares habían estado bien. La opinión pública estaba de acuerdo. No sabían bien qué habían hecho, pero sabían que habían desaparecido las guerrillas y la gente estaba contenta con eso. Lo que pasó en 1985 fue que la Conadep aclaró muchas cosas y fue una especie de rayo en la niebla. El Juicio a las Juntas fueron cinco meses de luz (las audiencias se prolongaron hasta agosto, la sentencia fue en diciembre).

–Definió la propuesta de Alfonsín hacia el juzgamiento de los altos mandos como algo “épico” que luego se volvió “claudicante”, ¿por qué?

–Cuando Alfonsín propone en la campaña electoral investigar a los comandantes, fue épico. Para el resto el modelo a seguir era España, donde el rey había decidido hacer un pacto político con sectores democráticos del franquismo, con el comunismo y el socialismo. Eso en la Argentina no ocurrió. Alfonsín propuso investigar a los militares en una región, América Latina, gobernada por militares. Fue una cosa épica. Prometió solamente investigar a los comandantes, pero la ley que tuvo que aprobar permitía que se investigara también a los de abajo. Su promesa no la pudo cumplir y la cumplió al final con una ley muy fea: la de Obediencia Debida, después de un amotinamiento. El contexto generó que lo que había empezado como épico pareciera haber terminado como claudicante. En el momento, era épico. De hecho 15 años después Naciones Unidas lo adopta para el Tribunal de Sierra Leona: investigar solo a los jefes es una práctica posible. Argentina luego hizo mucho más. Investigó a los jefes y a los de abajo, más de mil. Alfonsín abrió un proceso que fue más lejos de lo que él había programado.

–El exjuez León Arslanian –por entonces presidente de la Cámara Federal que juzgó a los represores– dijo que tenían el objetivo de “no consentir que el juicio fuera una farsa”. ¿Había una preocupación por que lo fuera?

–Los jueces tuvieron un rol clave en asegurarse que los derechos de los acusados fueran respetados escrupulosamente. Eso fue fundamental. En la película (Argentina, 1985, de Santiago Mitre) hay una frase muy buena cuando el juez dice: “Vamos a darles a los militares lo que no les dieron a sus víctimas: un juicio justo”. De hecho los jueces pensaron diferente a la fiscalía. Absolvieron a cuatro, dictaron penas bajas, para (Orlando) Agosti en particular. Tuvieron un rol distinto a la fiscalía, que representó a mucha gente que fue víctima y que quería un castigo para todos. Los jueces tuvieron su criterio. Esa combinación transformó a la Argentina.

–Fueron unas 530 horas de audiencia en las que declararon 839 testigos: ¿cómo era convivir con lo que develaban esos testimonios de familiares y sobrevivientes de los centros clandestinos?

–Nosotros teníamos una especie de “desviación” por nuestro trabajo. Nicolás Corradini, un chico de la fiscalía, recibió el testimonio de una señora que dijo: “Me devolvieron los huesos de mi hijo en una bolsa, con un documento que decía que era él”. La señora, obviamente, lloraba. Nicolás le decía: “Su caso es fantástico”. Nuestra obsesión era juntar las pruebas. Eso nos blindaba emocionalmente. Por lo menos, en aquella época. Después, lo sufrimos.

–¿En qué medida incidían las presiones y amenazas en contra del avance del Juicio?

–En Argentina, 1985 se muestran los llamados que recibía Julio y que llegaban a la fiscalía. A mí no me llamaron. Pero la película me hizo acordar que yo cuando subía a mi auto me fijaba primero abajo si había una bomba. Después, mi rutina era arrancar el motor y cerrar la puerta luego, porque me habían dicho que si algo explotaba con la puerta abierta tenía menos efecto.

–¿Cree que los discursos de odio y las medidas contra las políticas de derechos humanos en la actualidad pueden resquebrajar el consenso logrado a partir del Juicio?

–El consenso incluye voces diferentes. En lo que hay consenso es en que hay que investigar los hechos criminales. Que matar es criminal. En el último documental (del gobierno de Javier Milei, difundido el 24 de marzo para negar los 30.000 desaparecidos y apuntar a los crímenes de las organizaciones armadas) citan a la Conadep y al Juicio a las Juntas como fundamentos del ataque a los guerrilleros: de hecho, los que vean la alocución entera van a ver que Julio empezó su primera hora de acusación hablando de las muertes producidas por guerrilleros. A partir de 1985 diferentes grupos enfatizan diferentes aspectos, pero el consenso es que el crimen debe ser castigado. Por supuesto, si cometés crímenes con el aparato del poder, como el Ejército, es mucho más masivo que la guerrilla. Nadie dice que sean iguales. El punto es que matar es criminal.