¿Cómo llegaron sectores civiles y militares a conformar un exacerbado clima de odio social y político en la Argentina de mediados del siglo XX, cuya expresión más sangrienta fue el bombardeo sobre Plaza de Mayo? El “tirano”, razonaban los golpistas, debía ser desplazado, si no directamente eliminado, para recuperar las libertades y los valores tradicionales (desperonización mediante) y alinear al país con la mayor potencia occidental.

Buena parte de los estudios sobre el aciago 16 de junio de 1955 atribuyen (y justifican) el paroxismo de violencia a “excesos” y prácticas “autoritarias” del propio gobierno. Esas fuentes prefieren hablar de “dictadura” y de un “tirano” al que había que desplazar, por los medios que fueran.

El injustificado ataque aéreo, en rigor, apuntó contra los elementos más progresistas y democratizadores enmarcados en un inédito proceso popular. Contra ese proceso y para poner las cosas en su lugar tradicional, se comprometieron intereses oligárquicos locales y externos, militares, civiles y religiosos. Unos, ávidos de revancha y de recuperación de privilegios; otros, hambrientos de la rentabilidad ligada a la explotación de recursos naturales (provenientes de la agricultura, la ganadería y los hidrocarburíferos, en particular). 

Bien triste es confirmar que ese luctuoso hecho anticipó actos de salvajismo aún más masivos en los decenios siguientes. Y acaso provoque más congoja el aval –en unos y otros casos– de partidos que se presentaban (se presentan aún) como democráticos.

Pero que en aquella ocasión no tuvieron empacho en sostener supuestas razones para voltear a quien apenas meses atrás había sido plebiscitado con dos tercios de los votos del electorado. Se daba así inicio a un extenso período de proscripción y negación de derechos a la mayor parte de la sociedad.

Sentimientos

El sentimiento antiperonista nació hace ya más de ochenta años. Se desplegó aun antes de que su destinatario central se erigiera en líder de un movimiento social y político inédito en el país, el 17 de octubre de 1945. El rechazo no hizo más que crecer desde entonces. A derecha e izquierda del tablero partidario. En los núcleos ligados a la oligarquía como en amplios segmentos de la denominada “clase media”. Hasta consolidar un conjunto de prejuicios, versiones tergiversadas y manifestaciones cerriles que llegan al presente.

No es aventurado evaluar que la interpretación de los hechos quedó, desde la autoproclamada Revolución Libertadora, supeditada a líneas de pensamiento marcadamente antipopulares.

El relato posterior al golpe se asentó en el ocultamiento y destrucción de documentos, mientras la narrativa cargada de falsedades circuló durante casi dos decenios, sin que se pudiera (en razón de la censura vigente) contrastar lo afirmado como “verdad oficial” por los grupos cívico-militares gobernantes entre 1955 y 1973.

Sobresale en este drama, sin embargo, un punto de no retorno. Un hecho criminal producido como antesala del golpe de Estado que iba a ejecutarse tres meses después.

El fanatismo opositor se tradujo, el jueves 16 de junio de 1955, en un bombardeo sin precedentes en todo el planeta. La Plaza de Mayo, la Casa Rosada y sus adyacencias fueron escenarios de un nuevo tipo de crueldad, escudado en consignas “libertadoras”. Antecedente sangriento de futuros genocidios presentados como luchas “antisubversivas”.

Recién más de medio siglo después de aquella agresión artera y homicidio múltiple fue posible plasmar una narrativa fidedigna y detallada desde la más alta instancia gubernamental (el Archivo Nacional de la Memoria). Fueron 309 las víctimas mortales y sumaron más de doscientos los heridos graves por la descarga de toneladas de explosivos, sobre el fin del otoño de 1955.

A ese nivel de enajenación llegaron algunos grupos militares y miembros del principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, como también del socialismo. Es cierto que se aprovechó la relativa vulnerabilidad gubernamental derivada de coyunturas económicas menos favorables que las de mediados y fines de los años 40.

El desgaste de la gestión y las sospechas sobre el manejo de los recursos públicos fueron ampliando el espacio destituyente.

Es que, junto a los evidentes progresos en materia de salud, educación, consumo, vivienda, etcétera, se iban acentuando rasgos que aumentaban la sensación de afrenta hacia buena parte de la población. Sufrían, por ejemplo los empleados públicos, el riesgo de exoneraciones y cesantías en caso de no demostrar lealtad explícita al régimen. El exilio de algunos dirigentes opositores y las restricciones a la prensa no oficialista, por añadidura, restaban chances de expresión a los opositores.

La cuestión, a nueve años de gobierno democrático peronista, era que el debate ya no podía saldarse plenamente con las apariciones carismáticas del líder.

La ofensiva antipopular iba tomando forma durante el verano previo, luego de que, a mediados de la primavera anterior, estallara la supuesta “campaña antirreligiosa” de Perón.

En rigor, el 10 de noviembre de 1954 el presidente dio detalles acerca de reuniones mantenidas con altos dignatarios de la Iglesia católica, a los que advertía sobre “la intromisión de algunos hombres del clero en las organizaciones profesionales”.

“Señores –dijo el jefe de Estado–, yo no sé por qué salen ahora esas organizaciones de abogados, de médicos y de estancieros católicos. Solo que para ser peronistas no decimos que somos peronistas católicos; somos simplemente peronistas y dentro de eso somos católicos, judíos, budistas, ortodoxos, etcétera, porque para ser peronista, nosotros no le preguntamos a nadie a qué Dios reza. Para nosotros es lo mismo que pertenezca a cualquier credo, siempre que sea buena persona, que es lo único que tenemos en cuenta.”

La interpretación de la época ubica la advertencia en el marco de un avance opositor, que incluía el proyecto de fundar un Partido Demócrata Cristiano. La realidad es que a partir de entonces se amplió el grupo de creyentes que abominaba del gobierno, al que tildaban de “despótico”.

Situación

Sin el respaldo de la fogosa Evita, pero con su potencia simbólica y en un marco de mejoramiento de la situación económica, el gobierno pudo revalidar su legitimidad en las elecciones legislativas de 1954. Algunos historiadores suman la mejor imagen en los medios empresariales y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Pero consignan a la vez un decisivo paso en falso del líder, que debilitó su fortaleza y dio pie al envalentonamiento de los opositores.

El enfrentamiento con la Iglesia, luego de que el presidente acusara a “ciertos sacerdotes” de actividades antiperonistas, le restó apoyo en las Fuerzas Armadas y dio alas a la conspiración militar-civil-clerical.

Semanas después del cuestionado discurso, comenzó la difusión de gran cantidad de panfletos surgidos “del deseo de pequeños núcleos  de tener informada a la población sobre la insidia y la mentira de la campaña oficial contra la Iglesia católica”. Tal fue la explicación del archivista de esos libelos, Félix Lafiandra (h).

Era el momento, a pesar de las “inmensas dificultades”, continuó el compilador, “de lanzar a la calle las fuerzas católicas para combatir a un gobierno que agregaba a todas sus gravísimas faltas y pecados, e injusto ataque al catolicismo”.

Contra el presunto “despotismo” estatal, se decidió entonces llevar una “lucha a muerte contra la tiranía”, para lo cual se fijó el objetivo de unir a todas las organizaciones católicas en un frente. 

Posteriores narrativas notoriamente sesgadas, como la de Juan Carlos Torre (director de la colectiva Nueva historia argentina, publicada en 2002), toman partido por la oposición al peronismo. Dice el autor: “El ejercicio crecientemente absolutista del poder por parte de Perón fue afectando con el tiempo y sin remedio sus relaciones con la Iglesia. Esto se hizo visible en el desplazamiento progresivo de la Iglesia de los ámbitos tradicionales de su acción pastoral, entre las mujeres, los niños, la juventud. Perón sumó a ello su propio comportamiento personal que, en forma desafiante a los usos y costumbres de un jefe de Estado, lo exhibía en los jardines de su residencia y en las calles céntricas de Buenos Aires rodeado por la alegre comitiva de las adolescentes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios)”.

Afrenta

La “afrenta mayor”, continúa Torre (adherente en su juventud al Partido Comunista, aunque luego se alejó de sus filas y ocupó entre 1984 y 1988 un puesto de funcionario en el gobierno del radical Raúl Alfonsín), fue el intento de convertir al justicialismo ya no solo en la doctrina oficial del Estado sino a la vez en la expresión del verdadero cristianismo.

Según esta lectura, desde las esferas oficiales comenzó a delinearse el mensaje de un “cristianismo peronista”, independizado de la tradición católica y con frecuencia incluso en contra de ella.

“El nuevo evangelio se asignó la misión de rescatar el mensaje social de Cristo del olvido al que lo confinara un clero dominado por preocupaciones mundanas y atento al cumplimiento formal de los preceptos religiosos”, dice Torre. 

Como consecuencias prácticas de esta prédica, agrega el sociólogo historiador, los líderes peronistas se dedicaron a repartir por su cuenta las credenciales de buen o mal cristiano, los cultos no católicos disfrutaron de una “sospechosa tolerancia”, mientras la devoción popular que rodeó a la figura de Evita después de su muerte “fue transformada en una liturgia religiosa paralela”.

Continúa Torre: “Frente a la injerencia del régimen y sus ambiciones hegemónicas, la jerarquía eclesiástica reaccionó con cautelosa prudencia, pero esa no fue la actitud del mundo católico en general”.

El caso es que Perón no solo actuó de palabra. Desde fines de 1954 y comienzos de 1955 se lanzó un conjunto de medidas que recortaron derechos y privilegios otorgados a la Iglesia. Se eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas, se suprimieron subsidios a la enseñanza privada, se aprobó una ley de divorcio, se autorizó la reapertura de prostíbulos, se prohibieron las procesiones religiosas.

Ya en enero de aquel año terminal para el justicialismo originario se preanunciaba el combate definitivo. En medio de una intensa campaña anticlerical orquestada por la prensa oficial, en los primeros meses de 1955 se llegó a anunciar una nueva reforma de la Constitución para decidir la separación entre la Iglesia y el Estado.

Decía por entonces uno de los primeros panfletos opositores clandestinos: “Lo que ahora está ocurriendo en la Argentina es un castigo a nuestros pecados y a nuestra desidia, a nuestro catolicismo flojo e inoperante; pidamos perdón a Dios y disminuyamos también nuestras diversiones y entretenimientos, para poder estar a la altura de los tiempos presentes, que son tiempos de purificación y de lucha. Hora de confusión, la actual es, a la vez, hora de prueba. Ahora se verá, o, mejor dicho, ya se está viendo, quiénes son los verdaderos católicos y quiénes los falsos; quiénes están dispuestos a seguir a Cristo en las pruebas y dolores, y quiénes lo abandonan y traicionan. Pidamos a Dios que nos dé luz y fuerzas para seguir siendo de los primeros. Y tengamos confianza, una inquebrantable confianza. Porque la historia nos enseña que, a la corta o a la larga, Cristo y su Iglesia triunfan siempre en las persecuciones”.

La rebeldía opositora al peronismo y a su jefe era creciente.

Bajo la advocación del Supremo Creador, grupos de marinos y aeronautas fraguaban la operación definitiva. “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Cristo vence!” eran sus consignas. Los futuros libertadores se preparaban para un proceso de restauración oligárquica y acatamiento a las reglas económicas que imponía la principal potencia occidental, United States of America.