“Argentina se retira de la Cumbre Climática COP y genera incertidumbre mundial”, dice Eugenia Testa, experta en políticas energéticas y cambio climático. En esta entrevista, la especialista analiza las repercusiones de la salida de la Argentina de la COP, el impacto sobre la economía, las inversiones y la agenda climática global. ¿Cómo afecta esta decisión a las provincias que apuestan por el desarrollo de energías renovables? ¿Qué implicaciones tiene para la transición energética en la Argentina? ¿Pueden las provincias, como Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego, avanzar por su cuenta sin un marco regulatorio claro del gobierno nacional? Testa reflexiona sobre los desafíos del federalismo y el papel crucial que deben jugar las provincias en el desarrollo de energías renovables, a la vez que aborda la necesidad de construir políticas a largo plazo para lograr un futuro sostenible.

–¿Cómo evalúa el impacto de la reciente retirada de la Argentina de la Cumbre Climática COP?

–Lo que hizo la Argentina en la COP es inédito. No hay antecedentes de que un país se haya retirado así, sin explicaciones, de una conferencia de las partes. Lo primero que genera esta acción es incertidumbre, y la incertidumbre, en términos de confianza para inversiones en un país, nunca es buena. Además, te vas sin explicar por qué. Entonces, todo lo que hay ahora son preguntas, dudas: ¿qué va a pasar con la Argentina? ¿Va a dar un paso más y salirse del Acuerdo de París?

–Pensando en la COP 30 y en los compromisos de la Argentina, ¿cuáles podrían ser las consecuencias más importantes de esta decisión a corto y mediano plazo?

–Esta incertidumbre impacta tanto a nivel político como económico. Por ejemplo, en la próxima COP 30 en Brasil, que será muy importante, por el país que es anfitrión por un lado y porque los países deben presentar nuevas contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, nuevas metas de reducción de gases de efecto invernadero, la Argentina debería presentar objetivos más ambiciosos que los del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). Una contribución de este tipo requiere planificación y participación de todas las partes, ya que define de qué sectores económicos se hará la contribución: renovables, deforestación, sector industrial o agropecuario. La Argentina aún no inició ese proceso, lo que genera incertidumbre en el plano interno, especialmente entre sectores económicos que entienden los impactos. Nosotros formamos parte de cadenas de suministro globales, y eso también genera dudas: ¿qué hará la Argentina con su contribución nacionalmente determinada (NDC)?

–¿Cómo ve la falta de comunicación oficial respecto de los pasos a seguir? ¿Esto agrava la incertidumbre interna y externa?

–Hubo una reunión del Gabinete Interministerial de Cambio Climático, pero fue antes de la salida de la COP. No sabemos si lo discutido en esa reunión sigue en pie. Si contactás a las autoridades de Ambiente, ellas tampoco saben qué va a pasar.

–Algunos funcionarios minimizan el impacto de este tema. ¿Cuál es la relevancia de los discursos en términos de política internacional y atracción de inversiones?

–En diplomacia, los discursos sí impactan. Sin embargo, no sabemos cómo será el impacto real porque aún desconocemos los pasos que seguirá la Argentina. Incluso dentro del gobierno hay incertidumbre. El gobierno tal vez esté esperando ver qué hace Estados Unidos para alinear su postura, o no, ya que la posición de Estados Unidos tiene un peso distinto. La Argentina, siendo un país mediano, está más expuesta a presiones internacionales. Además, busca alinearse con acuerdos como el Mercosur-Unión Europea o el ingreso a la OCDE, que incluyen compromisos climáticos vinculados al Acuerdo de París. Los efectos en inversiones o desarrollo dependerán de los pasos futuros: si la Argentina decide salir del Acuerdo de París o si bloquea decisiones en otros foros, como intentó sin éxito en el G20.

–¿Esto podría impactar a provincias como Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego, que están apostando por el desarrollo del hidrógeno verde?

–Esta industria requiere una inversión extranjera significativa, incluyendo la construcción de parques eólicos, infraestructura para la transformación del hidrógeno y puertos. Sin embargo, todo esto demanda un marco regulatorio nacional que, hasta el momento, no está definido.

–¿Es posible avanzar en proyectos de energía renovable sin un marco regulatorio sólido?

–Exactamente. Recursos como el viento y el sol no son como el petróleo o la minería. Aunque se ha intentado aplicar regalías, es muy difícil poner un impuesto al viento sin ir en contra de la lógica de las renovables. La clave es desarrollar industrias como la del hidrógeno, que genera empleo y recaudación, pero para eso es fundamental tener certidumbre y reglas claras a nivel local e internacional. Definir qué pasará con ese régimen de promoción y con una ley específica para el hidrógeno es crucial. En un país como la Argentina, donde se cambian las reglas del juego rápidamente, los marcos regulatorios son esenciales para atraer inversiones.

–¿Las provincias podrían asumir un rol más activo en el desarrollo de energías renovables, incluso sin el respaldo del Gobierno nacional?

–El retiro de Nación en temas climáticos genera un desafío para las provincias, que deben encarar la transición energética. Sin embargo, hay cuestiones que dependen del gobierno nacional, como el régimen de renovables o la generación distribuida, que son leyes nacionales a las que las provincias adhieren.

–Claro, es un problema estructural. ¿Cuánto complica el federalismo la implementación de políticas energéticas y climáticas?

–Exactamente. Hasta ahora, en energía necesitás la adhesión de las provincias. Si una provincia no adhiere, tu régimen queda debilitado. Las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental son una ventaja que las leyes de energía renovable aún no tienen.

–Ante la falta de recursos técnicos en algunas provincias, ¿qué papel podrían jugar las ONG y el financiamiento internacional para facilitar la transición energética?

–Podrían ser una contribución, junto con el financiamiento internacional, para ayudar a generar competencias en las provincias. Pero cuando la industria está involucrada, surgen conflictos de interés: el vigilante termina vigilándose a sí mismo. Es más viable trabajar con agencias internacionales de cooperación, como las de la Unión Europea, o con fondos internacionales que ayuden a las provincias a desarrollar sus capacidades locales.

–Pero hay temas que necesariamente siguen siendo competencia de Nación, ¿verdad?

–Sí, hay cuestiones ineludibles que recaen en Nación por obligación. Aunque las provincias tienen recursos, muchas veces dependen de las decisiones nacionales para avanzar.

–¿Entonces podrían las provincias podrían usar sus recursos como herramienta de presión para impulsar políticas nacionales de transición energética?

–Podría ser, pero dependerá de las prioridades que las provincias asignen a la transición energética. Las provincias negocian subsidios, coparticipación e infraestructura, y no siempre la transición energética está entre las primeras prioridades. Además, proyectos como el hidrógeno verde, que implican inversiones a largo plazo, no suelen ser atractivos para quienes buscan resultados inmediatos.

–Queda, entonces, el desafío de construir agendas que trasciendan el corto plazo y se enfoquen en el desarrollo sostenible.

–Exacto, se necesita una visión general a largo plazo para poder avanzar.