El odio generalizado de los genocidas los llevó a construir un enemigo tan ancho como sus fobias. En esa obsesión represiva fueron puestos en la mira centenares de militantes creyentes y religiosos por pertenecer a una Iglesia muy distinta a la de generales, brigadieres, almirantes y comisarios de la época del espanto.

Cuando en la primavera democrática alfonsinista tomábamos nota de las múltiples denuncias y crímenes contra integrantes de este sector social, un libro (próximo a cumplir 40 años) trajo las primeras apreciaciones colectivas. Era el Nunca más que contenía una breve referencia señalada con la letra “E”. Religiosos: “El terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más carenciados y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia frente a la violación sistemática de los Derechos Humanos. Así fue como sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas, etcétera, y miembros de otras confesiones, sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y en muchos casos, la muerte”.

Después de 324 sentencias condenatorias a genocidas en estas cuatro décadas (desde la reapertura de los juicios en 2003), el olvido de una sociedad a los sectores más dignos de la llamada “Iglesia militante” transita en declive. La memoria hace su tarea.

Si bien aún cuesta que la jerarquía de la Iglesia coloque en su lugar a todos los curas, monjas, seminaristas y laicos víctimas del terrorismo de Estado, algunos hechos recientes se sumaron a las condenas de los asesinos de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet (secuestradas en diciembre de 1977, junto con el denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz), y de los asesinos del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Estas sentencias cumplieron un rol inicial trascendente en la difícil tarea de contar aquello que se mantuvo oculto. Aguardan el momento de un juicio oral los casos del crimen del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León (recién en 2023 la Justicia federal de Rosario anuló la sentencia de 1978 que calificaba la muerte de Ponce de León como un accidente automovilístico), o el de los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cinco fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas, posiblemente de la Policía Federal, que ingresó a la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, hecho conocido como la Masacre de San Patricio.

Fue en ese oscuro julio de 1976 cuando el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, Chamical, y fusilados en La Rioja. Por esta barbarie fueron condenados en 2012 a prisión perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.

Pero son mayoría los casos sin justicia. Esperan respuesta también los familiares de José “Pepe” Tedeschi, italiano, de 41 años, que vivía por la Teología de la Liberación en la Villa Itatí, de Don Bosco, Quilmes. Fue secuestrado el 2 de febrero de 1976 en un operativo del Primer Cuerpo de Ejército. Su cuerpo fue hallado ese mismo día en calle 636 entre 3 y 4, barrio Villa Elvira de La Plata.

El caso Tedeschi es de características similares al del padre Francisco “Pancho” Soares. En la madrugada del 13 de febrero de 1976, Soares fue asesinado en la humilde Parroquia de Nuestra Señora de Carupá, en Tigre. Un grupo policial ingresó a su vivienda a las 3.50 horas y le disparó con ametralladoras a él y a su hermano. El religioso murió en el acto. Arnaldo Soares fue llevado a un hospital pero falleció a los pocos días. Pancho era seguido por la inteligencia policial desde 1974. No soportaban su compromiso con los humildes y especialmente con los combativos trabajadores de los astilleros de la zona.

En la misma línea actuaba Mauricio Silva, el uruguayo conocido como el cura barrendero. Era empleado municipal de la ciudad de Buenos Aires y trabajaba como barrendero en la zona de algunas villas miserias de Capital. Religioso de la Congregación de los Hermanitos del Evangelio Fraternidad de Charles de Foucauld. Fue secuestrado el 14 de junio de 1977 mientras barría la calle Alejandro Magariños Cervantes entre Sánchez y Terrero, a las 8.30, después de registrar su firma en el libro de asistencia de la Dirección General de Limpieza Zona Villas. Quizás haya sido llevado a Campo de Mayo o al centro clandestino Atlético.

JUSTICIA DIVINA

Si juezas y jueces federales tomasen su trabajo con celeridad, dado sus buenos sueldos, deberíamos esperar pronto condenas en todo el país por los casos de 24 sacerdotes asesinados, más de una docena de religiosas secuestradas y cientos de militantes católicos desaparecidos que realizaban tareas sociales y políticas en los 70, generalmente en las barriadas más humildes del país. Pero ello es creer que tenemos una Justicia federal eficiente.

El libro La verdad los hará libres, una monumental investigación encargada por la Conferencia Episcopal a distintos historiadores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, sobre la actuación de la Iglesia católica ante los crímenes de lesa humanidad, contiene la más completa recopilación de hechos antes y después del golpe contra mujeres y hombres consagrados a la vida apostólica en comunidades parroquiales, incluyendo educativos y asistenciales. Por ejemplo, el ataque en Bahía Blanca al colegio Juan XXIII, cuando matan al sacerdote Carlos Dorñak, el 20 de marzo de 1975, y el inicio de una serie de persecuciones en la búsqueda del padre Benito Santecchia y lo que llamaban su “peligrosa comunidad” del Juan XXIII. En esos operativos contra laicos y religiosos torturaron al casero de las Hermanas de la Compañía de María, al no encontrar a la religiosa Norma Gorriarán, luego exiliada. Posiblemente el último de los hechos haya sido el del militante capellán de Montoneros, Jorge Adur, secuestrado el 26 de junio de 1980 cuando cruzaba la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana, rumbo a Porto Alegre para ver al Papa. Todo indica que fue llevado a Campo de Mayo, lugar en el que prevalecían los vuelos de la muerte.

La enorme cantidad de hechos que tuvieron como víctimas a integrantes de distintas congregaciones religiosas explican los tres tomos de la obra, que contienen un arrepentimiento oficial plasmado en las primeras páginas del trabajo que editaron el sacerdote Carlos M. Galli, Juan G. Durán, Luis Liberti y Federico Tavelli: “En esta búsqueda de verdad nos mueve la necesidad de pedir perdón. Queremos pedir perdón como Conferencia Episcopal”.

Es cien veces más sincero este texto que la ignorancia suprema del autor de uno de los últimos libros sobre Mugica (Ceferino Reato, redactor de Padre Mugica), quien llega a poner en duda la autoría de miembros de la derecha en el crimen del más conocido cura villero.

La justicia, aún lenta, también lo pondrá en su lugar.