La exministra de Trabajo de la Nación Raquel “Kelly” Olmos conversó con Caras y Caretas sobre la reforma laboral que Javier Milei quiere imponer mediante el DNU 70/2023, que el Gobierno presentó el 21 de diciembre del año pasado, y que todavía debe ser aprobado o rechazado por las dos cámaras en el Congreso de la Nación. Si bien la gran mayoría del DNU tiene vigencia –y con sus desregulaciones perjudica a grandes sectores de la sociedad, sobre todo a clases medias y bajas–, el apartado laboral, por ahora, se encuentra frenado por un fallo judicial. Para la exministra, los problemas del trabajo se deben resolver “con mesas de negociación entre el sector patronal y laboral, junto a un gobierno que tenga un proyecto de producción y trabajo, no como este, que aspira a un anarcocapitalismo que, objetivamente, es profundamente destructivo del sistema productivo y laboral argentino”.

–¿Qué opinión le merece la reforma laboral que Milei quiere aplicar mediante el DNU?

–Lo que fijaron en el DNU es una reforma absolutamente reaccionaria que parte de una concepción que Javier Milei expuso durante toda la campaña: él cree que la justicia social es un curro. Tiene la concepción de que el capital es el único que genera valor. En consecuencia, si en una negociación salarial –hecha gremialmente, no individualmente– o si por intervención de una política pública hay una redistribución desde el capital vía impuestos al trabajo, él lo considera un robo. En nuestra concepción lo que genera valor es el trabajo asociado al capital. En consecuencia, discutir cuál es la distribución que le corresponde a cada parte nos parece un tema de estricta justicia. No se trata de ningún curro, sino del reconocimiento del valor que agrega el trabajo y que en consecuencia merece discutir cuál es la retribución que le corresponde.

–En el apartado laboral del DNU hay artículos antisindicales, otros que cambian el tiempo de los períodos de prueba, también las condiciones de los despidos. ¿Qué le parece lo más grave?

–Todo. Lamentablemente, no rescato nada. Lo primero que no rescato es que haya sido unilateral. Sin debate parlamentario y sin negociación tripartita se quieren establecer nuevas reglas de juego. Hubo una imposición. A nuestro juicio debería pasar por el Congreso, previamente pasar por una mesa de acuerdo tripartito donde esté el Estado, la patronal y el sistema gremial. Si nosotros hiciéramos una reforma así, pero en un sentido a favor del trabajo, los mismos sectores que aprovecharon esta unilateralidad del DNU para imponer esta reforma tan regresiva dirían que no hay seguridad jurídica.

–De todos modos, por un fallo judicial, la reforma aún no está vigente.

–En este momento no está vigente todo el capítulo cuatro. Pero hay varias cosas que podemos mencionar en detalle de ese capítulo. En principio, que tratan de desplazar la discusión del fuero laboral al penal. Prohíben las asambleas, se fijan niveles represivos en relación con iniciativas de tipo gremial. Se llevan al fuero penal las medidas de fuerza que están dentro de los derechos laborales que tienen los gremios a los efectos de poder pelear por una justa distribución del ingreso o mejores condiciones de trabajo. Eso tiende a debilitar la organización gremial. Todo es coercitivo y tiende a decir que los trabajadores solo deben adherir a la imposición patronal. No hay derecho laboral sin organización gremial. Hablamos de un trabajador que quedaría completamente desprotegido.

–¿Qué otros aspectos de la reforma son polémicos?

–Hay otros aspectos que hacen también a ese debilitamiento, por ejemplo, el tema del aporte solidario. El gremio recauda de los trabajadores que se asocian a él, pero también en virtud de tener personería gremial. Cuando los gremios que participan de la discusión paritaria alcanzan un acuerdo, este favorece no solo a los agremiados, sino a todos los trabajadores del sector. En consecuencia, se establece un aporte solidario. Hoy el descuento de ese aporte solidario es automático. Ellos están planteando en el DNU que solo se le puede descontar a cada trabajador si este da su consentimiento. Eso tiene por objeto debilitar la capacidad económica de prestación de servicios, como el de turismo, recreación, formación.

–¿Qué pasa con el trabajo informal?

–Todo el DNU tiende a diluir la frontera entre trabajo formal e informal. En vez de emparejar hacia arriba, como nosotros lo intentamos, es decir, tratar de hacer el esfuerzo de incorporar a los sectores que hoy no acceden a los derechos al sistema formal, generan un mecanismo por el cual prácticamente disuelven los derechos. Por ejemplo, uno de los sectores donde hay más trabajo informal es en las microempresas de hasta cinco trabajadores. Ellos crean la figura del “colaborador” para que no haya una patronal y cinco trabajadores, sino alguien que gestiona y cinco colaboradores. Eso disuelve la relación laboral. También ponen como opcional el sistema de indemnización o un sistema al estilo del de la Uocra.

–Se repite mucho lo del “modelo Uocra”, pero a veces no se comprende. ¿Qué implicaría su aplicación indiscriminada?

–En la Uocra existe una libreta en donde la patronal va depositando un porcentaje del salario durante el período en el que el trabajador está activo, porque en ese sector lo normal es el trabajo temporario. Uno contrata para una obra y sabe que empieza y termina. En el resto de los sectores, en la mayoría, el trabajo es por tiempo indeterminado. Tratar de trasladar ese sistema de trabajo temporario a los trabajos por tiempo indeterminado encarece, no abarata. Pero tiene una trampa y es que va generando un fondo de carácter financiero. Permite que haya una intervención del sector financiero sobre esos recursos. Si soy patrón de un trabajador que está por tiempo indeterminado no tengo que hacer un aporte periódico. Lo que hago es una previsión que me resta de mis ganancias una proporción para tener un fondo por si desvinculo a alguien y tengo que pagarle la indemnización. Esa plata queda en la empresa. Si, por el contrario, yo asumo un mecanismo como el que proponen en el DNU, de carácter opcional, que es el que algunos llaman “mochila austríaca”, tengo que ir como patronal haciendo el aporte correspondiente como una especie de prima de seguro, y eso genera un aporte hacia el sector financiero, que es el que tiene que administrar la existencia de ese fondo.

–El peronismo no logró solucionar el problema del trabajo no registrado. ¿Cree que esa es una deuda central de su espacio?

–Es una deuda del péndulo político que está enfrentando la Argentina desde el proceso militar. Cada vez que gobiernan los liberales empobrecen al conjunto económico nacional, y eso lleva a que haya cada vez mayor cantidad de segmentos que adquieren la condición de una economía de supervivencia y pasan a la informalidad. Cuando gobernamos nosotros nos pasa que no es la misma energía la que requiere destruir que la que requiere construir. El proceso de reconstruir un sistema de relaciones del trabajo basado en derechos es mucho más esforzado y nunca alcanzamos a poder subsanar todo el deterioro heredado.