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Caras y Caretas

           

Avalancha y señales de ajuste

Télam -Buenos Aires- 09/10/2009 En este momento se encuentra reunido el Senado en Debate por la Ley de Medios K, que ya cuenta con media sanción de diputados. Por lo cual se puede observar en la Plaza del Congreso carteles que manifiestan su apoyo a esta nueva Ley. Foto: Enrique Cabrera/Télam/rve

Las cuatro décadas de convivencia democrática inauguradas en diciembre de 1983 registran una avalancha comunicacional. La sociedad argentina conquistó, en buena medida gracias a su organización y movilización durante la dictadura, el derecho a la libertad de expresarse sin censura explícita, lo que complementa el derecho a participar de organizaciones políticas, gremiales y civiles, a protestar y a peticionar. Varias de esas conquistas representan una novedad no solo respecto a gobiernos de facto, sino también a muchas de las gestiones constitucionales previas y a otros países de la región.

Ello no supuso la eliminación de todos los obstáculos para la expresión y la participación, en parte por el desengaño con la promesa de que la vida en democracia aseguraría condiciones dignas de vida para la mayoría. El sistema de medios de comunicación, con sus enormes alteraciones, fue y es copartícipe del movimiento expansivo de expresiones, y también es parte de sus problemas.

En la década de 1980 el sistema de medios era a la vez simple (solo había radio AM, TV abierta, diarios y revistas) y masivo. La mayoría de las emisoras grandes eran gestionadas por el Estado –con lógica comercial– hasta fines de 1989. La prensa era privada; los diarios y revistas sobrevivientes a la dictadura (algunos asociados al Estado en dictadura a través de Papel Prensa) aún conservaban la inercia de la autocensura, de la que irían desprendiéndose durante el alfonsinismo, mientras crecían radios FM legales y no legales, toda vez que regía el Decreto Ley de Radiodifusión de 1980, recién reemplazado integralmente con una norma democrática en 2009.

EL TIEMPO NO PARA

Las privatizaciones de canales de TV y radios con las que Carlos Menem inauguró el ciclo neoliberal fueron la antesala de la masificación de la TV paga. La concentración multimedios habilitada por las políticas de Menem, la extranjerización de medios y productoras, la modernización productiva de redacciones y estudios de televisión y radio, la tercerización de los contenidos y, simultáneamente, un ambiente periodístico enfocado en denuncias de corrupción gubernamental caracterizaron el fin de siglo. En paralelo se iniciaba una paulatina segmentación de audiencias, reflejo comunicacional de la fragmentación social en curso.

El estallido del modelo neoliberal en la crisis de 2001 –que marcó la retracción de diarios y revistas
y de abonos a la TV paga– coincide con una nueva era en las comunicaciones. A partir de la recuperación macroeconómica de 2003, la expansión de la conectividad fija a internet y de la telefonía móvil acompañó el proceso de repolitización dinamizado desde la conducción estatal. Tras el gobierno de Néstor Kirchner, que recreó los rasgos concentrados del sistema de medios, la primera presidencia de Cristina Fernández define el quiebre de esas políticas, promoviendo un inédito debate sobre la propiedad de las empresas periodísticas y sus intereses editoriales, cuya manifestación regulatoria fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso en 2009, férreamente resistida por el Grupo Clarín, cuya demanda judicial fue rechazada por la Corte Suprema en 2013.

Además, Cristina Fernández impulsó la construcción de fibra óptica troncal de internet con la estatal Arsat, que desarrolló un ambicioso plan satelital; entregó notebooks a través de Conectar Igualdad; lanzó señales públicas, como Pakapaka y DeporTV; creó la Televisión Digital Abierta (TDA) al mismo tiempo que, también, aumentó los montos y la discrecionalidad de la publicidad oficial y el uso partidista del Canal 7. Entre el periodismo de guerra de Clarín –al que se sumarían La Nación e Infobae– y la trinchera de 6, 7, 8 y medios entonces oficialistas, azuzaron la polarización de medios y periodistas entre dos campos de nítido alineamiento editorial, lo que continúa en el presente con viejos y nuevos intérpretes.

La veloz masificación de las redes sociodigitales a partir de 2010 aceleró la migración de audiencias hacia las plataformas. La última gran licitación de espectro en 2014 permitió la evolución de las comunicaciones móviles 4G. La correlativa expansión de servicios de streaming de audio y video fue potenciada por su consumo multipantalla, sobre todo en dispositivos móviles.

Luego, Mauricio Macri restauró por decreto el escenario favorable a la concentración: desguazó aspectos clave de la legislación previa e incentivó la fusión Telecom-Cablevisión protagonizada por los accionistas de Clarín. Su gobierno fue, en cambio, indolente ante el cierre de numerosas empresas de medios, tanto grandes (como la Agencia DyN) como pequeñas, cuyo saldo crítico no distingue líneas editoriales. El efecto de mayor precarización laboral golpea al periodismo e impacta en la calidad de los contenidos informativos, con su secuela de profusión de piezas de clickbait, radicalización y difusión de discursos de odio, desinformación y noticias falsas.

La apertura de la tercera década del milenio, con la pandemia de covid-19, sacudió el escenario comunicacional agudizando un severo ajuste, mientras se subordina a la lógica algorítmica de las big tech, que lanzan programas de mecenazgo como Google News Showcase, que disciplinan la forma de titular y redactar noticias.

La multiplicación de flujos de comunicación y redes trajo novedades que masificaron el acceso a opinar al mismo tiempo que erosionaron el sistema de mediaciones previamente instituido, aplanando jerarquías que, en democracia, cuestionan sus atributos básicos. Pero la historia no ha terminado.

Escrito por
Martin Becerra
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