Octubre de 1983. Empezaba a terminar la dictadura cívico-militar más atroz de nuestra historia. Un “proceso” que asesinó y hambreó al pueblo siguiendo una prolija partitura que se compuso a medias entre los poderes fácticos internacionales y los grupos más concentrados de la economía local. La ferocidad de la represión fue proporcional a la heroica capacidad de resistencia del movimiento obrero y otros sectores de nuestra sociedad civil. Mientras la mayoría tenía mucho para lamentar a fines de 1983, la alta burguesía nacida acá (lo de “nacional” es un elogio inmerecido) concluía una etapa plena de logros corporativos. Había reducido el salario real en un 30 por ciento; había endeudado al país por décadas mientras ella se desendeudaba gracias a la “generosidad” de Domingo Cavallo y sus boys adiestrados en Chicago, que legaron una deuda de 22.000 millones de dólares de la época a toda la Nación para que los que la habían tomado ni siquiera tuviesen que molestarse en hacer un trámite. La deuda, tomada en forma compulsiva, como demuestra la causa Olmos, tramitada en el juzgado del juez Ballesteros, se había quintuplicado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, y condicionaba seriamente el futuro argentino, poniendo en riesgo la promesa de Alfonsín de que con la democracia se comía, se educaba y se curaba. La retirada de los usurpadores no tuvo nada de huida desorganizada. Demostrando cuál era la real relación de fuerzas, se tomaron un año y medio para dejar el poder tras el desastre de Malvinas. Amnistiaron a los grandes deudores y a los genocidas, se perdonaron a sí mismos.

La democracia nació débil a pesar del enorme entusiasmo de las mayorías que volvían a ocupar las calles y las plazas para llenarlas de música y arte. Las deudas de la democracia tuvieron una variada evolución. La de los derechos humanos tuvo un recorrido con idas y venidas: al orgullo y la satisfacción del juicio histórico y sin antecedentes a las tres primeras juntas de la dictadura, siguieron dolorosos retrocesos, como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el escándalo de los indultos, tolerados por una sociedad nuevamente golpeada por “el mercado”, que impuso una hiperinflación y la “necesaria” reforma del Estado. La crisis terminal de 2001 llevó a un nuevo pacto social y una refundación democrática a partir de 2003, que condujo a la anulación de las leyes y decretos de impunidad y la reanudación de los juicios a los represores. El resarcimiento de la deuda social fue más errático, particularmente en lo respectivo a los sectores más postergados, que no fueron atendidos como se merecían en estos cuarenta años. Una cifra dolorosa que se refleja en un frío índice de pobreza detrás del cual hay personas, infancias, mujeres, hombres y ancianos, que pagan cada día con sus frustraciones y humillaciones el haber quedado fuera del reparto. Ser ciudadano con derechos no consiste solamente en poder votar cada dos años sino que debe incluir el acceso a los consumos tanto materiales como culturales; sin ese acceso no hay ciudadanía. Esta celebración del período más largo de democracia continuada nos encuentra en una encrucijada que pocos podían imaginar en los albores de la vuelta al ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Hay dos opciones políticas electorales que amenazan el futuro de los argentinos. Una que propone la vuelta a 1990 y a 2015, con el retroceso en materia de distribución y con un costo seguramente insoportable para la industria y la producción nacional. La otra plantea un regreso a 1976, con un discurso fascista que promete, orgulloso, un ajuste mayor al propuesto por el FMI. Ojalá prevalezcan la memoria y la sensatez por encima de las sensaciones y los eslóganes facilistas. Solo así podremos, el 10 de diciembre de 2023, celebrar con motivos los cuarenta años de democracia, sin olvidar nunca la necesidad urgente de la reparación de los que vienen padeciendo tanta injusticia y soportando la estigmatización por parte de los que siempre han vivido usufructuando del Estado y fueron, son y serán sus principales críticos.