El 11 de marzo de 1973 se realizaron las primeras elecciones sin proscripciones desde la caída del peronismo. Triunfó el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), con la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima, que obtuvo más del 49 por ciento de los votos. Pero el peronismo ya no era el movimiento monolítico del período 1945-1955. Convivían en su interior conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta, y todos ellos parecían contar con el aval de Perón. Durante los 18 años de proscripción, habían sido muchas las incorporaciones al movimiento que, desde la derecha y también desde la izquierda, se habían sumado al aparato tradicional.

El 25 de mayo asumió la presidencia Héctor Cámpora, conocido como “el Tío”, elegido por Perón debido a que se trataba de uno de los hombres que le habían sido más leales. Este dentista de la provincia de Buenos Aires, nacido en Mercedes, había sido el último delegado personal de Perón durante su exilio. En la ceremonia de asunción del mando se encontraban presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado. La Juventud Peronista (JP) se adueñó del acto e impidió a los militares realizar el desfile tradicional, mientras coreaba “Se van, se van, y nunca volverán”, creyendo que no volvería a haber un golpe de Estado en la Argentina.

La composición del nuevo gobierno era un fiel reflejo de las diferentes tendencias del peronismo y preanunciaba inevitables enfrentamientos. Convivían en el gabinete, en el Congreso o en las gobernaciones, funcionarios de izquierda y de derecha. Se destacaba el ultraderechista José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social, quien parecía tener intereses propios y se presentaba como el intermediario entre Perón y sus diferentes interlocutores.

A la hora de gobernar se hicieron evidentes las contradicciones de los nuevos funcionarios. La discusión pasaba por planteos tan profundos como la distribución de la riqueza y hasta la permanencia o no dentro del sistema económico capitalista. Mientras los jóvenes ligados a Montoneros se hacían eco de la promesa del propio Perón de instaurar un “socialismo nacional”, los sectores mayoritarios del movimiento, vinculados con los poderosos sindicatos y el aparato partidario, recordaban que el líder hablaba de “comunidad organizada” y de “acuerdo social”.

El proyecto económico ideado por el ministro de Economía, José Ber Gelbard, respondía al ideario nacionalista del primer peronismo: una activa participación del Estado en la actividad económica mediante la nacionalización de los depósitos bancarios y del comercio exterior, la ley de promoción de industrias y el mantenimiento del monopolio estatal en sectores clave, como el transporte y la energía. Para concretar ese proyecto, Perón se planteó realizar dos acuerdos: en el plano político, con el principal partido de la oposición, la UCR, para poder sancionar las leyes en el parlamento; en el plano social, con los sectores de la burguesía nacional y las direcciones sindicales, retomando su vieja concepción de la alianza de clases. En ese contexto se firmó, el 8 de junio de 1973, el llamado Pacto Social, entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT. Acordaba un congelamiento de las tarifas de servicios públicos –luego de haber autorizado un aumento–, de precios de los productos esenciales de la canasta familiar, un aumento salarial del 25 por ciento (la CGT había reclamado un 160 por ciento) y la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años. Obviamente, el principal garante fue la figura de Perón.

De acuerdo con el Pacto Social, la participación de los salarios en la renta nacional aumentaría en un período de cuatro años hasta alcanzar el nivel de principios de los años 50; los sindicatos convenían en postergar las negociaciones colectivas durante dos años y el Estado se comprometía a aplicar una política de control de precios. Una de las primeras consecuencias del Pacto fue que la inflación descendió rápidamente, alcanzando en 1973 al 17 por ciento. Uno de los errores más graves en el que incurrieron los firmantes del Pacto Social fue suponer que para estabilizar y dinamizar la economía argentina bastaba con controlar las variables locales como los precios y los salarios, sin prestar la debida atención a cuestiones tan importantes como la cotización del dólar, la tasa internacional de crédito y el precio el petróleo. Cuando a fines de 1973 estalló la crisis mundial del petróleo y el precio del barril subió 30 por ciento en pocos días, las bases del Pacto comenzaron a tambalear.