Estando en España, leí con asombro e indignación en La Voz de Galicia que la “flota de Malvinas”, que había partido del puerto de Vigo, regresaba con una faena récord: casi 54.000 toneladas de calamar. Esta es solo una de las concesiones pesqueras que mantienen los usurpadores del Reino Unido con diferentes naciones que depredan nuestros recursos naturales en nuestras islas. Seguramente, se dirá que es poco lo que puede hacer el Estado argentino frente a este latrocinio, pero no estaría de más una denuncia pública que involucrara a los otros países contratantes y que advirtiera a nuestra población sobre las formas palpables en las que el imperio británico nos perjudica diariamente, no solo en lo simbólico sino en el saqueo de nuestros recursos, que afecta nuestra economía. Pero el Estado sí podría actuar más eficazmente combatiendo la pesca ilegal a lo largo de nuestro extenso litoral marítimo, uno de los más grandes del mundo.

La historia del saqueo de nuestros recursos naturales tuvo que ver con la mal llamada “desidia” del Estado. Ese Estado que, nunca está de más aclarar, estuvo, de estos doscientos años, por lo menos 150 en manos de los mismos sectores autodenominados liberales –en realidad, conservadores– vinculados directamente con intereses extranjeros. Esa “desidia” era en los hechos una modalidad establecida que entregaba a empresas foráneas extensos territorios para explotar determinados recursos. Un ejemplo de esta práctica fue la empresa británica La Forestal, que en sus años de existencia taló más de un millón de árboles de quebracho en el norte santafesino y alrededores, deforestando y desertizando la región. Estableció en su zona la soberanía británica, explotó salvajemente a sus trabajadores, a los que les pagaba con vales que solo podían usar en los almacenes de la empresa, y hasta tenía su propia policía, avalada por el gobernador radical Mosca, futuro candidato a presidente de la Unión Democrática, contra Perón.
Fue durísima la lucha del general Mosconi para sostener la pelea por el petróleo nacional contra los tremendos lobbies de las petroleras extranjeras. Su persistencia y coraje lograron que la primera empresa estatal de petróleo del mundo capitalista, YPF, fundada en 1922, lograra a los pocos años producir la nafta más barata del mundo y de una excelente calidad. Además, promovió la extensión de las estaciones de servicio a todos los rincones del país, la construcción de destilerías modelo, servicios sociales y educativos en los llamados “pueblos petroleros”. La empresa se convirtió en modelo a nivel mundial y pudo sobrevivir al vaciamiento de la dictadura militar, que la endeudó en unos cinco mil millones de dólares de la época e intentó una privatización encubierta a través de la tercerización de tareas y el otorgamiento de las mejores áreas a empresas privadas extranjeras y argentinas asociadas. Pero tuvo que sufrir la privatización escandalosa llevada adelante por Menem y sus socios. La empresa fue saqueada por la española Repsol y, finalmente, pudo ser recuperada y hoy exhibe un desarrollo extraordinario.
El gran desafío por delante es la minería, sobre la que nos debemos un serio debate. Es una actividad que produce millones y le deja muy poco al país y, en algunos casos, con efectos contaminantes. Es necesario mirar ejemplos de países vecinos como Chile, donde el Estado se reserva una porción importante del producto a través de un fondo y un sistema impositivo progresivo. El litio aparece como una gran oportunidad económica para el futuro, pero si el Estado no establece un régimen impositivo progresivo y el control del recurso, será una nueva oportunidad perdida para el pueblo argentino y muy aprovechada para los vivos de siempre.