Los efectos de la sequía, La Niña, la contaminación de los cursos de agua y el uso industrial dejaron desde comienzos de mayo a Montevideo y su zona urbana de influencia casi sin agua potable. Se trata de 1,4 millones de habitantes con agua salada manando de las canillas de sus casas y que deben optar por comprar agua embotellada para subsistir, lo cual genera una erogación casi imposible para la mayoría. Un litro de agua embotellada cuesta en el supermercado o almacén del barrio 250 veces más que un litro de agua de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE).

La sequía empezó en Uruguay en 2021, se intensificó en 2022, con grandes pérdidas en dinero y animales para el agro, y acaba de mostrar su rostro más cruel con la escasez de agua potable para suministro humano.

El primer país del mundo en declarar el agua como un derecho humano, en 2004, es el primer país de Sudamérica que inicia ensayos para privatizarla bajo el gobierno liberal de Luis Lacalle Pou. En 1992, su padre, Luis Alberto Lacalle, fue derrotado en su intención de privatizar los servicios públicos –entre ellos, el acceso al agua potable– cuando el 67 por ciento de los uruguayos votó en contra. Ahora, el gobierno de Lacalle Pou pretende aprobar el proyecto Neptuno, una planta potabilizadora en San José que tome agua del Río de la Plata. La construcción fue frenada en diciembre pasado cuando se supo que el financiamiento del proyecto correría por cuenta del Estado uruguayo pero sería gestionado por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, bajo el nombre de Aguas de Montevideo.

El debate dado en el Parlamento entre la oficialista coalición Multicolor y la oposición del Frente Amplio (FA) generó mucha y buena información. Por ejemplo, se supo que en el período de transición antes de que Lacalle Pou asumiera, su antecesor, Tabaré Vázquez, le entregó el proyecto y los fondos para la construcción de la planta Casupá. Se trata de una central potabilizadora que recoge agua del arroyo Casupá, que atraviesa los departamentos de Florida y Lavalleja y desemboca en el río Santa Lucía, donde se ubica la planta con redes de agua para abastecer a Montevideo y Canelones. Apenas asumió Lacalle, cajoneó el proyecto y destinó los fondos a otras cuestiones estatales que aún se ignoran, tema que motivó un pedido de informes de la bancada parlamentaria del FA.

“Nos dormimos todos en este tema. Tendríamos que haber empezado antes a prever esta situación”, reconoció el ex presidente José Mujica (FA). La autocrítica hace referencia a la falta de mantenimiento de los embalses de agua y a no haber empezado a tiempo la construcción de Casupá.

NO SOLO ES CAMBIO CLIMÁTICO

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales ligadas al cuidado del medio ambiente, como Greenpeace y Amigos de la Tierra, apuntan –además de La Niña, la sequía y el cambio climático en general– al incremento de proyectos industriales con uso intensivo del agua.

En abril pasado, fue inaugurada y puesta en marcha la mayor empresa productora de pasta base para papel del mundo en el departamento de Paso de los Toros, en el centro del país. Se trata de la celulosa UPM 2, hija dilecta de la UPM en Fray Bentos, que causara rispideces en 2004 entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. La nueva planta insume, según el diputado oficialista Eduardo Lust (Cabildo Abierto), 107 millones de metros cúbicos de agua potable por día. “Vienen a llevarse el agua dulce, se la roban”, dijo en una sesión del Parlamento. El propio oficialismo cruje ante un tema tan sensible.

Google firmó un precontrato con el gobierno de Lacalle para instalar una planta de procesamiento de datos en el departamento de Canelones, vecino a Montevideo y afectado por la falta de agua. Según la propia empresa, refrigerar sus máquinas insumiría unos 130 mil litros diarios. Sin embargo, apenas fue declarada la crisis hídrica por Lacalle Pou el 19 de junio pasado, la multinacional dispuso poner en “stand by el proyecto para minimizar el impacto frente a la falta de agua”, según un documento hecho público por la presidencia uruguaya.

“No es sequía, es saqueo”, reclaman las ONG Greenpeace y Amigos de la Tierra. “El 80 por ciento de la contaminación del agua de los cursos que llegan a Montevideo es producto del extractivismo sojero y de pasta de celulosa, lo cual complica más la situación de la escasez del agua”, señala María Selva Ortiz, referente de Amigos de la Tierra. “La falta de control, incluso sobre los proyectos agropecuarios y la industria lechera, permite que también esos emprendimientos agroindustriales contaminen el agua”, agrega.

Según la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), que regula la distribución y uso del agua en el país, existen 5.091 habilitaciones para la utilización de agua con fines productivos y la mitad de ellas se concentra en la cuenca del río Santa Lucía, abastecedora de agua a Montevideo. El 80 por ciento del agua uruguaya se destina a proyectos productivos ligados al campo. “Eso también explica la deficiente gestión por falta de controles de parte del Estado”, remata Ortiz. Uruguay puede ser el experimento piloto en la región de la lucha por el agua. Habrá que aprovechar sus enseñanzas.