El 15 de octubre de 2012, una multitud que desde hacía algunos meses desbordaba las instalaciones de la ciudad de Trelew, en medio del desierto patagónico, celebró un acto de justicia que había estado esperando y por el que había luchado durante 40 años. “Un tribunal declaró la masacre de Trelew crimen de lesa humanidad y nosotros sentimos que por fin se le estaba dando un lugar merecido en la historia”, resumió Ilda Bonardi de Toschi. Su compañero, Humberto Toschi, fue uno de los 19 militantes fusilados en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. Aquel juicio que se concretó hace diez años culminó con tres marinos condenados a prisión perpetua y dos absueltos.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia se mudó a Rawson entre mayo y octubre de aquel 2012 para llevar adelante el juicio histórico por la masacre de Trelew, del que participaron los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez (quien estuvo a cargo de la instrucción) y Dante Vega, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los y las familiares, a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella escucharon decenas de testimonios, participaron de inspecciones oculares en los escenarios de los hechos y emitieron las condenas. Bonardi recordó aquellos “largos meses de audiencias y declaraciones seguidas por muchísima gente de las dos ciudades, pero también de Madryn, de Comodoro”, pueblos en los que la masacre sacudió su tranquila cotidianeidad. Pero también “largos meses de ver a los genocidas sentados frente a nosotros”, añadió.
Rawson y Trelew son dos ciudades linderas. La primera fue territorio de presos políticos desde finales de los 60 en adelante; la segunda, escenario de muerte: a la base de la Armada que allí está emplazada y que aún funciona como tal fueron trasladados los 19 militantes políticos que el 15 de agosto de 1972 habían intentado fugarse de la cárcel de Rawson sin éxito; allí fueron fusilados en la madrugada del 22 de agosto siguiente. Sobrevivieron tres: María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar. Sus testimonios, vertidos en la histórica entrevista que Francisco “Paco” Urondo eternizó en el libro La Patria fusilada, en otros diálogos, en conferencias de prensa, fueron parte de la prueba ventilada en el juicio.
LOS ACUSADOS
Cinco marinos fueron acusados: Luis Sosa, que al momento de los hechos era el segundo jefe de Infantería de Marina de la base; el capitán Emilio del Real y el cabo Carlos Marandino, señalados como quienes efectuaron disparos; el entonces jefe de la base, Rubén Paccagnini, y Jorge Bautista, el juez militar que envió la Armada para llevar adelante la “investigación” sobre las muertes y aseguró la versión fraguada de los hechos. “Para hacer la limpieza”, redefinió Bonardi. El gran ausente fue Roberto Guillermo Bravo, el marino que remató a los militantes, quien se estableció en Estados Unidos poco tiempo después de la masacre. Todavía Bravo no puso ser siquiera indagado en la Argentina. En 2008, la Justicia federal de Comodoro Rivadavia solicitó su extradición para que fuera posible tomarle declaración, pero Estados Unidos la rechazó. Hay otro pedido en curso.
La versión oficial que la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse intentó instalar sobre la masacre justificó la balacera que asesinó a los militantes como respuesta a un intento de fuga. “Tenían todo para instalarla, también la Justicia manejaban”, señaló el abogado Eduardo Hualpa, que trabajó junto con Carolina Varsky, abogada del CELS, en la querella de familiares.
En 1973, en ese marco de impunidad, familiares de las víctimas de la masacre iniciaron denuncias sobre los fusilamientos. Intentos que corrieron por el fuero civil y que, por supuesto, no prosperaron: “Eran imposibles de impulsar; los abogados (Eduardo Luis Duhalde, Hipólito Solari Yrigoyen, Mario Amaya y otros) eran perseguidos, no estaban dadas las condiciones”, reseñó Hualpa.
Sin embargo, no cesaron. Alicia Krueger, viuda de Rubén Pedro Bonet, una de las víctimas, por ejemplo, escribió cartas a varios presidentes de la nación solicitando que la masacre de Trelew se investigara. Recién en 2005, Néstor Kirchner los recibió, abrazó ese pedido y sumó su impulso. En diciembre de ese año, la tía de María Angélica Sabelli, otra fusilada, denunció los fusilamientos en la Justicia porteña. En marzo de 2006, acompañados por el CELS y Hualpa, Bonet Krueger, Toschi y otro grupo de familiares hicieron lo mismo, pero en Rawson. Los expedientes finalmente se unificaron allí y, a cargo del juez de instrucción Hugo Sastre, comenzó la investigación que llevó tres años y otros casi tres hasta ser revisada en un juicio oral y público.
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
“Era un experimento jurídico, ya que nunca se había ido tan atrás con el argumento de que lo que se estaba denunciando era la comisión de crímenes contra la humanidad”, destacó Hualpa. La discusión sobre si los fusilamientos debían ser evaluados como esa clase de delitos o no atravesó toda la investigación, ya que de ella dependía la posibilidad de investigar, imputar, juzgar y eventualmente condenar a los responsables: su imprescriptibilidad o no. Habían pasado, entonces, más de 30 años. Fue, además, el eje central del debate que se llevó a cabo en 2012 y el elemento por el que se requirió la intervención de la Corte Suprema, una década más tarde.
¿Por qué la masacre de Trelew fue un crimen contra la humanidad? “Fue complejo de explicar, porque además de exponer los elementos que caracterizan los fusilamientos como un delito de ese tipo, tuvimos que batallar para ampliar las fronteras del proceso de represión ilegal llevado adelante por el Estado, que en el sentido común comenzaba el 24 de marzo de 1976, algo equivocado”, apuntó Vega, el auxiliar fiscal que estuvo a cargo de la construcción de esa estructura argumental en el marco del juicio.
Así lo planteó Vega en el alegato del Ministerio Público Fiscal: “Palabras más, palabras menos, se trató de un delito de lesa humanidad porque se inscribió en un plan represivo llevado a cabo por el Estado, en ese momento dictatorial, con una gran cantidad de desaparecidos, una mayor cantidad de fusilados y de presos políticos, pero además porque sirvió para aleccionar a toda una sociedad: la masacre de Trelew fue planificada con el objetivo de impartir el terror a la ciudadanía”, reconstruyó en diálogo con Caras y Caretas.
El TOF condenó a Sosa, Del Real y Marandino a prisión perpetua, pero absolvió a Paccagnini y Bautista. En estos puntos, la sentencia fue apelada por la fiscalía y las querellas. Dos años después, la Cámara de Casación Penal confirmó las perpetuas y ordenó al tribunal un nuevo veredicto para los absueltos, cuyas defensas, no obstante, no se rindieron y acudieron a la Corte Suprema. La sentencia suprema demoró demasiado: recién llegó en 2020, cuando ambos ya habían muerto. “La impunidad biológica y la demora de la Justicia suelen ser demasiado crueles”, definió Bonardi.
En tanto, los familiares celebraron como “un nuevo suceso histórico” la condena civil que recibió Bravo en Estados Unidos el 1º de julio pasado, cuando fue hallado responsable de los fusilamientos. “Es significativo, además: a los 40 años de la masacre fueron condenados unos responsables, y a los 50, el que faltaba. Estamos esperanzados de que sea extraditado para que sea la Justicia argentina la que sume una condena penal”, explicó Bonardi. El segundo pedido de extradición del marino retirado aguarda una inminente resolución.
