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El patio trasero

Ilustración: Ricardo Ajler
Ilustración: Ricardo Ajler

Estados Unidos tuvo un rol central en el golpe de Estado que derrocó la primera experiencia de izquierda en Chile. ¿Cómo actuará ante la llegada de Gabriel Boric?

En noviembre de 2010, cuando ya habían pasado 37 años del fatídico 11 de septiembre de 1973, fueron entregados al país trasandino casi 24 mil documentos oficiales desclasificados de los Estados Unidos. Estos mostraban con detalle el apoyo de dicho país al golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet que puso fin a la vida de Salvador Allende, al gobierno de la Unidad Popular y a la democracia en Chile. De hecho, allí se lee cómo la CIA, ya desde 1971, comenzó a presionar y a organizar el golpe que desembocará en la sangrienta dictadura neoliberal de 17 años.

En realidad, desde muchos años antes, los estadounidenses habían trabajado para impedir que Allende llegara a la presidencia. Como cuenta en el documental Salvador Allende el embajador estadounidense en Chile entre 1967 y 1970, Edward Korry, durante la campaña de 1964 los Estados Unidos gastaron 2,7 millones de dólares de ese entonces (23 millones actuales) de forma directa para que no ganase la coalición de izquierda. Gabriel García Márquez, en su ya clásico texto “Chile, el golpe y los gringos” –que como la “Carta abierta a la Junta militar” de Rodolfo Walsh tiene la capacidad de condensar con claridad magistral el significado profundo del golpe–, observa que “el propósito de los Estados Unidos no era simplemente impedir el gobierno de Salvador Allende para preservar las inversiones norteamericanas. El propósito grande era repetir la experiencia más atroz y fructífera que ha hecho jamás el imperialismo en América latina: Brasil”.

MEGAMINERÍA

Por La disputa por el control del cobre está en el centro de la cuestión. Chile era el principal exportador del mundo, el segundo productor después de Estados Unidos y tenía las mayores reservas mundiales. El mineral representaba cerca del 60 por ciento de las exportaciones chilenas, pero sólo el veinte por ciento de sus ingresos. Casi la totalidad de esa riqueza era controlada por dos grandes empresas estadounidenses, Anaconda y Kennecott, que junto con Phelps Dodge y American Smelting formaban un cartel internacional de este mineral clave.

Con el objetivo de que dicha riqueza pasara a manos de los propios chilenos, el gobierno de la Unidad Popular avanzó con su nacionalización, que fue aprobada por unanimidad del Congreso nacional el 11 de julio de 1971. Allende lo denominó el “Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional”. Paradójicamente, la dictadura de Pinochet va a mantener la empresa estatal para darle viabilidad al modelo económico, aunque privatizando parte del proceso productivo, a favor de los monopolios extranjeros.

La nacionalización del cobre fue sin indemnización –el gobierno estimaba que las superganancias obtenidas en los últimos años eran más que suficientes– y ello justificó el bloqueo económico estadounidense. Pero en realidad el camino del sabotaje económico estaba pensado un año antes por parte de Washington, parte de la oligarquía chilena y sectores de las fuerzas armadas, con el objetivo de preparar el terreno.

Orlando Caputo, quien asumiría como gerente general de la empresa surgida de la nacionalización del cobre, Codelco, y parte del grupo fundador de la teoría de la dependencia, en una entrevista para la revista Reoriente señala: “En el curso del primer año se habían nacionalizado 47 empresas industriales, y más de la mitad del sistema de créditos. La reforma agraria expropió e incorporó a la propiedad social 2.400.000 hectáreas de tierras activas. El proceso inflacionario se moderó: se consiguió el pleno empleo y los salarios tuvieron un aumento efectivo de un 40 por ciento”.

En este escenario, la inteligencia en el terreno advertía que el resultado de un intento de golpe podría ser el inverso al buscado. Por lo tanto había que generar las condiciones. Por ello se decidió avanzar con el sabotaje económico y otras operaciones encubiertas, como revelan los propios documentos desclasificados. Pero a pesar de la eficacia del sabotaje, la disparada inflacionaria y la escasez de productos que el bloqueo de Estados Unidos generaba, en las elecciones de 1973, meses antes del golpe, la Unidad Popular obtuvo el 44 por ciento de los votos en las elecciones legislativas. Era un pueblo difícil de disciplinar. Como señala García Márquez, la CIA tuvo que inundar de dólares el país para apoyar el paro patronal de camioneros y completar el total desabastecimiento con el fin de avanzar en la estocada final.

ESTRATEGIA IMPERIAL

Ante estas contradicciones, el poder estadounidense fue elaborando distintas respuestas dentro de una reconfiguración estratégica integral. Por ello el propio Henry Kissinger aparece como una de las figuras claves del golpe. El famoso consejero de Seguridad Nacional y posterior secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon fue una de las cabezas principales que pesaron la estrategia de Estados Unidos frente a la crisis de hegemonía, que en el Cono Sur cobró la forma del Plan Cóndor, entre otras expresiones.

El golpe en Chile fue parte de una estrategia integral en la región en donde la inteligencia estadounidense ya había advertido desde los años cincuenta la posibilidad de un bloque contrahegemónico con peso real, expresado en la alianza del ABC (Argentina-Brasil-Chile) que arrastraría a los demás países de la cuenca del Plata: Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esa clave explicativa debe sumarse para entender el golpe en Brasil en 1964, los golpes en la Argentina en 1966 y 1976, el golpe en Uruguay en 1970, el golpe de 1971 en Bolivia, etcétera.

La acumulación sin fin de capital necesita del poder político y militar que la garantice, que supere sus “obstáculos” y monopolice los aspectos estratégicos de la acumulación. Y el poder económico acumulado retroalimenta el poder político estratégico. Esta es la naturaleza del imperialismo capitalista moderno, el modo y la forma de acumular riqueza y poder. Como se traduce de los documentos, Chile fue un ejemplo clásico y fundamental de cómo funciona, lo que también sirve para pesar el presente.

Casi medio siglo después del golpe, la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, asumirá el 11 de marzo como ministra de Defensa del gobierno de Gabriel Boric, que expresa en parte las luchas populares contra el neoliberalismo y el proceso insurreccional iniciado en octubre de 2019. Nuevamente, el escenario es de crisis de hegemonía estadounidense, aunque mucho más profunda y sistémica que la anterior. Veremos cómo actúa Washington ante los posibles cambios que traiga el nuevo gobierno de este territorio clave de Sudamérica. Ya sabemos que no le gusta nada la influencia y presencia económica de China en el país trasandino.

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Gabriel Merino
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