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De qué habla la ciudad cuando habla de educación

La obstinación de las autoridades porteñas por la presencialidad en las escuelas a pesar de la magnitud de la segunda ola de covid-19 va a contramano del vaciamiento educativo perpetrado por el gobierno de Mauricio Macri y de la desinversión en el sector que viene llevando adelante el jefe de gobierno en CABA.

“La educación es nuestra prioridad”, se encargaron de replicar una y otra vez el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el devenir histórico del macrismo en la última década parece contradecir ese postulado. Desinversión en infraestructura y conectividad, presupuestos regresivos y subejecutados, enfrentamientos con las y los docentes, marcan un tipo de política educativa cuyos efectos se vuelven un yunque en pandemia.

En tiempos en que la información está subsumida a otros poderes y la verdad se vuelve difusa, las respuestas las encontramos en los números: el de 2021 es el presupuesto educativo más bajo en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Al asumir Mauricio Macri a fines de 2007, su participación sobre el presupuesto total de CABA representaba más del 30 por ciento de lo que invertía el distrito. En 2015 ya era el 22,2 por ciento, en 2019 fue del 17,3, y este año apenas el 17,18 por ciento. Es el más bajo de todo el país. Hasta el subsidio a cooperadoras escolares cayó un 17 por ciento de un año a otro.

A ese combo hay que agregarle otros recortes: a mitad de enero la administración de Larreta le quitó 370 millones de pesos al Plan Sarmiento y lo transformó en subsidios a las privadas. Al mismo tiempo ajustó un 70 por ciento el presupuesto 2021 para infraestructura escolar. Precisamente las dos áreas clave para enfrentar una pandemia: la conectividad y el acondicionamiento de las escuelas. La falta de obras nuevas es notoria. A nivel nacional, los tres mil jardines de infantes prometidos por Macri terminaron siendo 1.479 aulas fabricadas de manera aleatoria. El área de Infraestructura y Equipamiento Escolar nacional, que había construido 1.824 establecimientos en el período 2003-2015, pasó de tener 6.063 millones de pesos en 2018 a 2.600 millones en 2019. El recorte equivale a 540 jardines nuevos.

En la ciudad no hubo ninguna escuela nueva durante la pandemia. En cambio, la gestión porteña promueve desde 2019 el cierre de 29 profesorados para lanzar la UniCABA, con la cual se licuan las especificidades de cada centro de formación profesional. Al mismo tiempo, esa falta de nuevos lugares de estudio genera una acumulación de familias que año tras año esperan obtener su lugar en el sistema educativo porteño. Hoy en CABA son más de 20 mil sin vacantes.

¿De qué se trata la política educativa del macrismo? Responde Eduardo López, secretario gremial de CTERA y secretario adjunto de UTE: “Abordar la educación como una mercancía y no como un derecho; el macrismo valora la educación, pero considera que la buena educación la debe recibir quien pueda pagarla. La pública es para quienes caen en ella”.

Foto: Noticias Argentinas.

NO SON ASÍ, ESTÁN ASÍ

La foto muestra que apenas el 20 por ciento del alumnado asistió a las escuelas porteñas durante la “presencialidad” de esta segunda ola, mientras el Gran Buenos Aires apelaba a la virtualidad. Hasta la semana pasada había casi setecientas burbujas “pinchadas” por contagios, docentes de paro y familias con miedo que prefieren no enviar a sus hijos a la escuela. López está cansado pero sabe que la lucha continúa. Contra el virus, que ya se llevó 16 vidas de docentes porteños, y contra el Ejecutivo de CABA, que planea volver a las aulas cuanto antes. Mientras, las autoridades desistieron de la virtualidad. Pasaron de la presencialidad a la ausencia de toda enseñanza. Entonces fueron las y los maestros quienes decidieron seguir con las clases. Por zoom o por whatsapp.

Días atrás protestaron frente a la sede de gobierno porteño en Parque Patricios, colgando las siluetas y nombres de las y los docentes fallecidos en esta segunda ola. Muertes evitables. El 20 de junio se viene la protesta a la Corte por el fallo en favor del dictado presencial de clases, firmado por los jueces supremos de manera digital, ya que no van al Palacio de Tribunales hace más de un año.

Mientras, otros docentes vivieron la angustia de ser obligados a ir, a pesar de vivir en hogares con factores de riesgo. Gladys Rodríguez da clases en la Escuela 16, de Parque Avellaneda. Presentó un amparo para trabajar virtual y la Justicia porteña se lo negó con el justificativo de que podía ir caminando al establecimiento. “No puedo más con el miedo a contagiar, mi marido es asmático y mi hijo autista”, declaró a Tiempo Argentino.

López agrega otra pregunta: por qué el macrismo lleva adelante esa política. Y se contesta: “Porque son conservadores, y todo conservador quiere mantener el statu quo social. Que el hijo del barrendero sea barrendero, que el hijo del millonario sea millonario. Mantener la foto de la desigualdad. Por eso buscan reducir la educación pública, porque es la garantía de igualdad de oportunidades. Si querés que el mañana sea mejor, decile a la sociedad que las cosas no son así sino que están así, y que se pueden cambiar. Pero para eso invertí en educación. Destinan mil millones de pesos en infraestructura escolar, y dos mil millones en veredas y baldosas”.

La relación del macrismo con el personal docente siempre fue de conflicto. Desde la ministra Soledad Acuña asegurando que quienes eligen ser maestros son personas “cada vez más grandes de edad”, de “los sectores más bajos socioeconómicos” con “poco capital cultural” y militantes políticos, e invitando a las familias a que los denuncien en casos de “bajada de línea”, hasta María Eugenia Vidal declarando en febrero de 2017, como gobernadora bonaerense, que convocaría a voluntarios que se ofrecían para cubrir el rol de las y los maestros de paro por reclamar mejoras salariales. Curiosamente, ninguno de esos voluntarios se presentó ahora a reemplazar a los docentes en pandemia.

Durante la gestión Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny, que comparte con Esteban Bullrich la cuenta offshore “Formar Foundation INC”, en Panamá. Venía de ser el titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, donde recortó 1.500 millones de pesos al Fondo de Educación Técnica. “Volvemos a los 90”, alertaron en 2019 los directivos de escuelas técnicas.  

Gabriel Brener es docente universitario y de primaria, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA y especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por Flacso. En diálogo con Caras y Caretas, habla de un “ajuste en lo fiscal pero también en torno de la subjetividad”, y menciona el doble discurso: “Un cinismo elocuente, que tiene que ver con anunciar publicitariamente una política educativa pero luego la gestión actúa disminuyendo el presupuesto, subejecutando, donde lo único que sobresale es el núcleo de la evaluación, claramente ligada a los mecanismos de disciplinamiento y control que dictan los organismos internacionales. PISA es una religión que hay que cumplir”. Sostiene que la gestión porteña busca despojar a lo público de la construcción colectiva, y lo reduce a “prestaciones básicas, que también les sirve para hacer enormes negociados”.

Foto: Noticias Argentinas.

SISTEMA LIBRE Y FEDERADO

En cuatro años al frente de la Nación, el gobierno de Mauricio Macri subejecutó 59 mil millones de pesos que tenía presupuestada el área de Educación y que no se sabe adónde fueron. La falta de inversión generó un incumplimiento de la Ley de Educación, que estipula asignarle al sector un mínimo del 6 por ciento del PBI. En 2019 fue menor al 5,5. Hubo 500 mil jóvenes que perdieron sus becas Progresar, y bajó un 66 por ciento la prestación de becas para estudiantes de primaria y secundaria. “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura”, cuestionaba Mauricio Macri antes de arribar a la Casa Rosada. 

Sin embargo, la desinversión más notoria fue la de Conectar Igualdad: se habían repartido 611.397 computadoras en 2015; ya en 2016 bajaron a 313.691, en 2018 apenas 50.000 y en 2019 ninguna. Con otra salvedad: de ellas, unas 750 mil ya habían sido adquiridas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Con represión incluida, Conectar Igualdad se convirtió en el primer programa en ser recortado en enero de 2016. No sólo en los equipamientos, sino sobre todo en los equipos de trabajo. El programa era mucho más que la computadora. Su cierre no tenía relación con lo técnico ni lo educativo. Era ideológico. Así lo manifestó Macri en un acto: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla”. Mientras vaciaba Conectar Igualdad, en el Foro Económico de Davos de 2016, Macri se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció Shape The Future: paquetes de software educativo para diez millones de alumnos y programas de capacitación online para un millón de docentes.

Javier Castrillo es licenciado en Historia y docente en la UNPAZ y UNAHUR. Una estrella de su CV es haber creado el sistema de software libre de construcción federal Huayra, que alimentaba las computadoras de Conectar Igualdad, y que hoy regresó a escena con el lanzamiento reciente del plan Juana Manso por parte del presidente Alberto Fernández, que incluye patas como la capacitación docente, la plataforma de aulas virtuales, la distribución de dispositivos y la elaboración de contenidos: “Conectar Igualdad nació con el objetivo de cerrar una tremenda brecha digital con la entrega de las computadoras, después formar en el verdadero uso computacional de la herramienta y también desarrollar la industria nacional”. Y completa: “La política macrista fue totalmente la contraria, pensando a la educación como gerentes de recursos humanos de empresas. Cuando hablaban de los estudiantes decían ‘queremos formar más Mercados Libres’, pero lo notorio es que cuando lo hacían pensaban sólo en Marcos Galperín, no en los miles de pibes precarizados que van con las motos llevando pedidos, en condiciones fuera de la ley. La secundaria no tiene que formar operarios, tiene que formar ciudadanos”.  

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Gustavo Sarmiento
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