El debate por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina dejó una marca a nivel internacional que puso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en agenda. Fueron los movimientos feministas federales los que supieron convertir el reclamo individual que hacía alusión a la autonomía de los cuerpos, con frases como “Yo decido sobre mi cuerpo”, en una demanda colectiva que expuso que garantizar el acceso al aborto seguro es una cuestión de salud pública, y lo es en todo el mundo.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, concuerda con lo anterior y señala: “Es un tema de salud pública porque el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna. Pero la lucha por la legalización también es una lucha por romper los estereotipos que se construyeron históricamente sobre el rol de la mujer en la sociedad”.
Ahora bien, la situación es muy distinta a lo largo y ancho de todo el mundo. A simple vista, los países desarrollados o primermundistas son los que, en su mayoría, cuentan con legislaciones que garantizan el acceso a la IVE de manera segura. Sin embargo, son los países en vías de desarrollo, ubicados en su mayoría en el hemisferio sur del globo, los que presentan índices más altos de estas prácticas inseguras. “El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99 por ciento) de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo”, indica Belski.
Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher, reconocido por sus estadísticas sobre salud sexual y reproductiva, todos los años se realizan aproximadamente 25 millones de abortos clandestinos en todo el mundo, y el 97 por ciento se concentran en África, Asia y América latina. La situación de los países en vías de desarrollo sobre esta cuestión es alarmante, no sólo por la falta de acceso a prácticas seguras, sino por la persecución y criminalización que sufren las personas gestantes al buscar realizarse un aborto.
ABORTO PROHIBIDO
El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) sostiene que 90 millones de mujeres en edad reproductiva viven en países que prohíben el aborto en todas sus formas, aun cuando peligre la vida o salud de la persona gestante. Son 25 los países alrededor del mundo que hoy cuentan con una legislación de este tipo. Incluso hubo Estados que retrocedieron en materia de derechos, como el caso de Nicaragua, que prohibió el aborto en todos los supuestos en 2006, o El Salvador, que sigue la misma línea desde 1956.
El efecto que produce el estado ilegal del aborto no es sino la expulsión hacia la clandestinidad de todas esas mujeres y disidencias que se exponen a prácticas inseguras que pueden conllevar a la muerte, tal como ocurre en nuestro país. Según detalla –en línea con la OMS– el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe “Acceso al aborto en la Argentina”, de 2018, “desde 1980, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa individual de mortalidad materna, y desde la recuperación de la democracia, han muerto 3.030 mujeres por esta causa”.
Aun así, en los últimos 25 años, más de 50 países modificaron sus legislaciones sobre el aborto para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informa Amnistía Internacional. Europa es uno de los continentes más avanzados en cuanto a legislaciones que contemplan los derechos sexuales de las mujeres: el 92 por ciento de los países europeos permite el aborto con la simple petición de la mujer. Por ejemplo, tal como señala Epdata, la base de datos de la Agencia Europa Press, en España, que cuenta con una nueva legislación ampliada desde 2010, el principal motivo por el que se llevan a cabo los abortos es la propia decisión de la mujer, dato llamativo en un país de larga tradición católica. Un caso peculiar también de un Estado con una fuerte cultura religiosa es el de Irlanda. Después de haber convocado a plebiscito el debate por la despenalización del aborto, en 2018 finalmente obtuvieron la nueva normativa que lo permite.
DEBATE INSTALADO
Aunque las leyes quizás no respondan con la misma velocidad, el debate por el aborto seguro y legal está instalado a nivel mundial. Un gran ejemplo es el caso de la Argentina, donde si bien no hubo avances en el plano normativo jurídico, los hubo a nivel social. Mariana Romero, médica investigadora titular del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y adjunta en el Conicet, afirma: “El avance más grande que hubo fue la despenalización social, que tiene efectos muy concretos”. Y añade: “Las mujeres se sintieron habilitadas para pedir la interrupción legal del embarazo (ILE) en centros de salud, y también desde los equipos se sintieron legitimados para proveer la atención ya garantizada en el Código Penal, que no se empleaba por trabas burocráticas”.
Todo esto evidencia que la legislación es sólo uno de los factores que determinan el acceso al aborto. En la actualidad, existen barreras territoriales, logísticas y culturales, entre otras, que impiden su acceso seguro. Una de las principales es la económica. Las situaciones de pobreza y la falta de acceso al sistema de salud –y al educativo– generan que por año se produzcan millones de abortos inseguros, que llevan a la muerte de más de 47 mil personas gestantes en todo el mundo.
