El 17 de mayo se cumplieron treinta años desde que la Organización Mundial de la Salud dejó de identificar la homosexualidad con una enfermedad y la retiró de la lista de patologías y trastornos mentales. Es por eso que cada año se celebra en esa fecha el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia alrededor del mundo.

Desde la Revuelta de Stonewall en 1969, los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) conquistaron una gran lista de derechos y reconocimientos jurídicos. El Principio de Yogyakarta N° 24, dispuesto en 2006 y enmarcado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dice que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o diversidad corporal”.

En la actualidad, 28 países que integran la ONU, y Taiwán, tienen figuras legales que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario. Los Países Bajos fueron los primeros en regularlo en 2001, y Costa Rica, el último, en mayo de este año. Más allá de lo simbólico del acto, la posibilidad de fortalecer los vínculos bajo la institución del matrimonio marcó un paso muy importante para la comunidad en términos de igualdad de derechos y beneficios estatales.

Europa, con Países Bajos como pionero mundial, es el continente con más aceptación. Es legal en Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Malta y Austria. Además, en todos los países del continente están permitidas las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo.

TERRITORIOS COMPLICADOS

América del Norte es otra de las zonas con un progreso constante en políticas relacionadas con las garantías de las diversidades. Canadá legalizó el matrimonio en 2005 y Estados Unidos hizo lo propio en 2015. En la actualidad, la población LGBTI estadounidense atraviesa un momento crítico, golpeada por la política homófoba y xenófoba de Donald Trump, que ha ultrajado los derechos básicos de las minorías.

Desde 2003, la organización bipartidaria Freedom to Marry condujo la lucha por la legalización en suelo estadounidense, y su fundador, Evan Wolfson, fue uno de los referentes en la campaña. “Lo peor que le ha pasado a mi país es el régimen de Donald Trump”, sostuvo Wolfson. Además, denunció que durante la pandemia se exacerbaron algunos problemas existentes en la ley, como la atención médica a personas trans.

Freedom to Marry dejó de existir en 2016; Wolfson siguió su militancia por el matrimonio y colaboró en campañas para distintos países. Una de las últimas fue Sí, Acepto, una propuesta de educación pública sobre historias de personas homosexuales y sus familias en Costa Rica. La campaña ayudó a crear el clima para que en ese país se legalice la unión de parejas del mismo sexo el pasado mayo, y se convierta así en el primero de Centroamérica en hacerlo.

Por otra parte, en territorio asiático, sólo Taiwán –perteneciente a China– tiene una ley que legaliza el matrimonio, aunque en los últimos tiempos hubo algunos avances a cuentagotas en países como Corea del Sur, Japón y Nepal. China no penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pero mantiene la posición de los “tres no” en cuanto al casamiento: “No aprobación, no desaprobación y no promoción”. En Rusia, el otro gigante, el panorama es aún más restrictivo. “No habrá progenitor uno y dos, habrá papá y mamá”, sentenció Vladímir Putin hace algunos meses.

En África la excepción es Sudáfrica, ya que es el único país que lo permite desde 2006. De los otros 53 Estados, 32 criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo, y en algunos casos, como Nigeria, Somalia y Sudán, pueden ser sometidas a la pena de muerte. A su vez, Australia y Nueva Zelanda son las naciones que lo aceptan en Oceanía, aunque la ley no es efectiva en algunos territorios neozelandeses, como las islas Cook, Niue o Tokelau.

UNA REGIÓN TODAVÍA DESIGUAL

La Argentina fue el primer país de Latinoamérica en conseguir la ley, en 2010, y sirvió de ejemplo para el resto de la región. Desde entonces, otros cinco países también lo legislaron: Uruguay, Colombia, Ecuador, México y Brasil.

Entre los países que van encaminados está Chile, que en enero aprobó la idea de un proyecto de ley que lo regula. Para Érika Montecinos, coordinadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, aún falta un largo trecho para que esto suceda. Y destaca que en Chile primero es necesario legislar por el reconocimiento de los hijos e hijas de las parejas del mismo sexo y luchar contra “los fundamentalismos religiosos del Parlamento”.

En Brasil, las personas del mismo sexo pueden casarse gracias a una decisión del Tribunal Federal Superior de 2011, pero no hay una ley específica. En la actualidad, el movimiento LGBTI en Brasil se encuentra amenazado por las políticas de odio de Jair Bolsonaro, y la mayoría, en especial las personas trans, están en una situación precaria, sin trabajo ni acceso a la salud.

Lana de Holanda es la primera asesora trans de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, y define la gestión de Bolsonaro como un “genocidio de las personas más pobres”. La activista, que fue asesora de Marielle Franco, afirma que más allá de la figura del matrimonio igualitario en Brasil es imperiosa “una nueva cultura democrática y diversa, no sólo en el carnaval, sino durante todo el año”.

La libertad en la orientación sexual ya fue consagrada en los marcos constitucionales de más de setenta países y está encaminada en varios más. Pero en la práctica quedó demostrado que el hostigamiento, la marginación, la discriminación y las violencias hacia las diversidades y los feminismos aún se sostienen en las estructuras sociales de cada territorio.