Mientras Brasil superaba las 10 mil muertes por coronavirus y los 160 mil casos, Jair Bolsonaro andaba en moto de agua, impertérrito ante las víctimas de la pandemia, pero también ante los pedidos de impeachment en su contra, la crisis institucional y el Morogate. Así se quiso mostrar el inquilino del Palacio de Planalto, cuyo contrato de alquiler pende en estos momentos de un hilo. Ya ni sus aliados militares parecen estar dispuestos a renovárselo. La crisis política que se venía vislumbrando desde el principio de su gestión se intensificó con la llegada del virus. Su inoperancia quedó a la luz y no fueron solamente los brasileños quienes pudieron verla. De acuerdo con la revista científica británica The Lancet, la mayor amenaza para el combate del coronavirus es Jair Bolsonaro. Para la institucionalidad del país, también.

Después de haber minimizado la Covid-19, animado a los brasileños a seguir trabajando y librado una batalla campal contra su ministro de Salud, Luiz Mandetta, Bolsonaro participó abiertamente en una manifestación que reclamó una intervención militar y el cierre del Congreso. “Yo soy la Constitución”, se justificó ante las denuncias de autogolpe. Con esa frase, demostró que no solamente descree del coronavirus, esa “gripecita inflada por los medios de comunicación”, tampoco cree en el Estado de derecho. O directamente no lo entiende. Sin embargo, la dirigencia política brasileña todavía no está dispuesta a abrir contra él un proceso de juicio político, ni siquiera tras las declaraciones del ex ministro de Justicia, Sergio Moro, sobre su interferencia política en la Policía Federal. En el camino que llevó a Brasil a ser el octavo país con más casos y muertes por coronavirus en el mundo hubo desidia, errores graves de gestión y una crisis de institucionalidad; una bomba de caos generalizado cuya mecha encendió Moro cuando abrió la boca. Y explotó.

LA BOLSA Y NO LA VIDA

Bolsonaro dejó en claro desde el primer momento que su prioridad era la economía y que haría todo lo posible para que “Brasil no pare”. Después, amenazó con levantar las cuarentenas que gobernadores y alcaldes tomaron para proteger a sus ciudadanos. La Corte Suprema le puso un freno y le impidió imponer cualquier decisión unilateral sobre el tema. Ofuscado, el mandatario no tuvo más opción que seguir incumpliendo él solo los protocolos, aunque también dedicó buena parte de su tiempo a cuestionar a su propio ministro de Salud, que proponía medidas concretas para combatir al virus. Lo primero que quiso hacer fue destituirlo, pero perdió ante los poderosos generales que ocupan puestos clave en el Estado, el vicepresidente Hamilton Mourao y Walter Souza Braga Netto, jefe de la Casa Civil. La debilidad política del mandatario quedó expuesta y por primera vez quedaron a la vista los hilos no tan invisibles que unen al gobierno con los militares, la confirmación de un secreto a voces.

Finalmente, Bolsonaro logró deshacerse de Mandetta y lo reemplazó por un ministro mudo, Nelson Teich, médico del sector privado. “Es una persona que sólo trae más confusión. Teich frenó las campañas públicas que Mandetta venía haciendo para concientizar sobre los riesgos del virus. Al presidente no le importa la salud de la población brasileña”, explica a Caras y Caretas Eleonora Pereira, referente del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Brasil. Al igual que Mandetta, Teich abandonó su puesto alegando “incompatibilidades” con el gobierno.

Con la crisis sanitaria desatada, Bolsonaro acompañó las movilizaciones que llamaban a la “intervención militar ya”, en una férrea defensa al Acta Institucional número 5, el decreto que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales. Su participación fue condenada por todo el arco político. Veinte de los veintisiete gobernadores del país firmaron una carta en defensa de la democracia y se solidarizaron con los miembros del Congreso. “No hay camino fuera de la democracia y no tenemos tiempo a perder con retóricas golpistas”, enfatizó luego el derechista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, el mismo que se niega a someter a debate los más de treinta pedidos de juicio político que se acumulan contra el mandatario.

Sin embargo, el panorama de Bolsonaro iba a empeorar de la mano de un ex aliado en el campo judicial. Aquel que había alegrado al mandatario cuando envió a la cárcel al ex presidente Lula Da Silva lo iba a traicionar. Moro acusó directamente al mandatario de querer colocar al frente de la Policía Federal a “una persona de su confianza para poder llamar y obtener información y reportes de inteligencia”, develando una vez más la fragilidad de la democracia brasileña en tiempos de Bolsonaro. La denuncia por sí sola podría servir de causal de impeachment, que por ahora sigue sin abrirse. A pesar de que la Corte ordenó investigar las acusaciones en su contra, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que el debate sobre un eventual juicio político “no debería estar en agenda hoy o en los próximos años”, desactivando el proceso, al menos por ahora. Un video de Bolsonaro con sus ministros, en el que se confirman los dichos de Moro, podría cambiar la historia.

NULA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Por estos días, Bolsonaro no hace otra cosa que promover un discurso anticuarentena, amparándose en “la voluntad de Dios” más que en las recomendaciones sanitarias. Sus palabras calaron fuerte en su base partidaria, particularmente en sus seguidores evangélicos, que organizaron marchas contra toda medida de distanciamiento. “Ellos creen lo que dice Bolsonaro, que Dios los va a curar, andan sin máscaras y no respetan las medidas”, explicó Pereira.

Ante esos discursos proselitistas, los estados están buscando alternativas y reforzando controles. “Los gobernadores hacen de todo para que la gente tenga hospitales de campaña, leche, respiradores. El problema es que están trabajando solos con sus realidades, intentando encontrar recursos donde ya no hay porque el gobierno federal no quiere ayudar. La que más sufre es la población más pobre”, graficó Pereira sobre la dramática situación que se vive sobre todo en el Nordeste del país.

La tasa de mortalidad del coronavirus es mayor entre las comunidades más carenciadas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo las comunidades presentan un índice de letalidad por Covid-19 más elevado que en los barrios de clase media y alta de ambas ciudades. Por caso, en las favelas de Maré la letalidad es del 30 por ciento, mientras que en Leblón, barrio de alto poder adquisitivo, es apenas del 2,4. Los vecinos están cercados por el coronavirus, tienen menos acceso a los servicios públicos y a la vivienda, además de situaciones precarias de empleo. Por ende, son más proclives a contraer Covid-19 y son más vulnerables frente a la enfermedad.

“En algunas favelas están contratando médicos entre todos y creando comandos para limpiar donde el gobierno no quiere entrar”, contó Pereira, y agregó: “Todo lo que ellos tienen en este momento les está llegando de las organizaciones, de los movimientos de derechos humanos”.