Es tan placentero como difícil escribir sobre la Ley de Matrimonio Igualitario, de cuya sanción por parte del Congreso de la Nación se cumplen doce años este 15 de julio.

Recuerdos de muy distintos signos se entremezclan: imágenes de amor de gays y lesbianas en la televisión, los diarios y los portales de internet; imágenes de familias heterosexuales que se enteraban por primera vez de esos amores que a veces se habían plasmado en hijxs o que tenían la voluntad procreacional como proyecto de vida (siempre pienso que esos espectadores podrían haber hecho zapping pero no lo hacían; al contrario, querían saber); historias de amigos que vivían juntos desde hacía mucho tiempo, de quienes escuché otras historias más antiguas truncadas por la pandemia de HIV en los años 90, con los problemas de vivienda que tenía el sobreviviente.

También se mezclan los recuerdos políticos: la postal de un grupo soberbio con el dedo índice bien alto, vestido mayoritariamente con sotana o con algún código bajo el brazo, que escupía admoniciones y advertencias a toda la sociedad acerca del enorme peligro en que la habían hundido los “homosexuales”, violentamente negador del amor de lxs demás, que daba lecciones anacrónicas de filosofía política (de derecha) y que hacía reclamos estridentes a los representantes parlamentarios para que tuvieran la madurez de desconocer los caprichos de una minoría.

Es imposible no recordar esta militancia porque sus torpezas sirvieron mucho para que la ley se aprobara. Aparece entonces la imagen de una integrante de ese grupo, quien –a medida que el proyecto de ley ganaba legitimidad– se vio tan afectada por la iniciativa de sumar igualdad jurídica a los amores realmente existentes que empezó a recorrer el país (donde residían lxs argentinxs “de verdad”) para armar reunioncitas (onda cabildo abierto) con gente que se oponía con razones crispadas. La suma de esas reunioncitas prohibicionistas creaba para ella una realidad sui géneris: una “fiesta de la democracia”.

Y a esta lista se le suma un recuerdo tardío: tiempo después de la aprobación se acercó un alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Quería que lo orientara en su tesina. Le pregunté por qué quería estudiar el matrimonio igualitario. Pensé que su respuesta se relacionaría con alguna inquietud por el análisis del discurso. Pero no: “Quiero estudiar por qué fracasó la política del miedo”, me dijo.

EL TERMÓMETRO DE LA SOCIEDAD

La ley se aprobó y el mundo siguió andando. Ante tanta complejidad, tal vez nos venga bien una metáfora: el matrimonio igualitario funcionó como un termómetro. A través de los debates que suscitó se pudo tomar la temperatura de la sociedad en general y de la clase política en particular en torno de temas largamente escondidos por la cultura heterosexista.

Las sociedades cambian (a veces más de lo que creemos) pero muchas veces los cambios son imperceptibles, pasan por estados de latencia, hasta que salen a la superficie por hechos como el que estamos analizando. Entonces todo el mundo se pone a hablar y se ensancha el torrente de lo que se puede escuchar, lo cual puede llevar a que, en definitiva, exista más vida pública y menos inocencia sociológica. Menos inocencia, sí: pensemos en la cantidad de personas que, a partir de los debates de 2010, pudieron entender que la sexualidad no es un asunto privado sino político, que el Estado era guardián de una forma excluyente de entender la familia, la parentalidad y el amor, y que la religión le servía de soporte epistemológico.

Para sorpresa de muchos, el termómetro marcó una notoria amplitud térmica. Reiteramos nuestra idea: la sociedad estaba cambiando y el proyecto de ley nos iba revelando lo que los sociólogos llamamos los “observables”. Por ejemplo, recuerdo que muchos temíamos que la clase política siguiera alineada con la Iglesia católica a la hora de la votación, un temor fundado en la realidad pero que no se corroboró. Se escucharon los argumentos de siempre pero también argumentos irreverentes. También muchos creíamos que el comportamiento de las religiones sería el mismo de antes y otra vez nos sorprendimos: escuchamos a agentes religiosos no sólo estar a favor de la iniciativa sino también a legitimarla utilizando incluso la Biblia, a diferencia de otros agentes reaccionarios que disfrazaban su negativa con argumentos seculares traídos de la bioética, la psicología y la infaltable jurisprudencia, y de otros que sufrieron desde el primer momento una penosa incontinencia verbal doctrinaria.

Más contrastes, más claroscuros, menos entidades monolíticas, sin duda, todos producto de los sedimentos que iban dejando décadas de democracia recuperada y del crecimiento organizativo de la sociedad civil.

Antes de entrar en los hechos, no puedo dejar de consignar las lamentaciones de un sector minoritario de la intelectualidad “progresista” y “crítica” referidas a la pérdida de tiempo que representaba luchar para obtener un derecho que alojaba a lxs peticionantes en una de las instituciones más rancias de la sociedad; una institución que les otorgaría a gays y lesbianas el pasaporte al “aburguesamiento” y al “conformismo”, algo que desde sus perspectivas significaba una “derrota cultural” ya que por definición ellos y ellas deberían ser “subversivos”.

Esta lógica vacua del todo o nada ya había sido observada por Didier Eribon cuando escribió sobre el matrimonio igualitario en Francia. Sus observaciones son interesantes; afirmaba que la “subversión” no es un valor absoluto, que no puede cambiarse todo en un momento. Al contrario, la subversión corresponde siempre a un gesto efectivo y situado. En este sentido, o se subvierte algo determinado en un momento determinado o no se subvierte nada y se reproduce el estado de cosas existentes.

El proyecto de ley puso en discusión la idea de familia, la diferencia de los sexos, la tenebrosa idea de la “complementariedad” entre varones y mujeres, es decir, promovió una revisión de las bases morales de parte importante de la organización social y una reconsideración de los rígidos esquemas de legibilidad humana que el heterosexismo adhirió en el imaginario social. Desde la Iglesia católica se afirmó que estaba en cierne un “grave retroceso antropológico”. Cuesta creer que no haya sido un gesto subversivo o un gesto subversivo menor.

LA IGUALDAD EN PUGNA

La Ley de Matrimonio Civil 26.618 fue aprobada el 15 de julio de 2010. Sustituía el artículo 172 del Código Civil, que quedó redactado así: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El proyecto fue impulsado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en el marco de la campaña “Los mismos derechos, con los mismos nombres”. La cobertura legal de las parejas no heterosexuales ya venía ocupando la agenda de los movimientos LGBTIQ y encuentra su principal antecedente (aunque de distinta naturaleza) en la Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, de 2002.

Los problemas de los que se ocupa la agenda política son un punto de llegada. Por eso siempre es útil distinguirlos de los “problemas sociales”, y a estos, de los “problemas públicos”. Los “problemas sociales” son los que afectan objetivamente a una sociedad. Pero no son necesariamente visualizados en tanto que tales ni por la clase política ni por segmentos significativos de la población (incluida la población damnificada). Para que ello ocurra es necesario que se construya un “marco de injusticia”, como decía William Gamson, que haga ver la situación de damnificación y la haga valer como un problema que requiere una solución. Es en ese momento cuando el problema social se transforma en un problema público, es decir, cuando entra a formar parte de la conciencia pública desde la que se imaginan distintas salidas. Por supuesto que en el medio aparecen sectores que niegan problematicidad “real” a ese problema, algunos de los cuales tienen capacidad de veto, en especial, para que ese “problema público” se convierta en un problema de la “agenda política”.

Las cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad pueden ser leídas con estos conceptos: durante mucho tiempo fueron percibidas mas no necesariamente sufridas, luego los movimientos políticos iluminaron el infortunio y, por último, empezó el proceso de entrada en el Estado. En la Argentina, de modo permanente, la Iglesia católica y un puñado de corporaciones civiles aliadas, ante la creciente publitización de los asuntos atinentes al género y la sexualidad, osciló entre presionar al Estado para que no acepte la transferencia indebida de los asuntos sexuales (de modo que permanezcan en el ámbito privado) e intimarlo a los gritos a que los combata en el terreno público. Por supuesto, ante la capacidad de veto, los movimientos sociales (desfachatadamente tildados de “lobistas” por los lobistas) generan distintas estrategias de visibilización e instalación de sus temas.

Los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebraron a través de una estrategia de judicialización conocida como “amparo”. Hubo diez matrimonios bajo esta modalidad. El primero fue presentado en 2007 por María Rachid, quien presidía la FALGBT, junto a Claudia Castro, su pareja. Cronológicamente, podemos citar una estrategia diferente: el 21 de enero de 2008, César Cigliutti y Marcelo Suntheim (presidente y secretario, respectivamente, de la Comunidad Homosexual Argentina) se casaron en Madrid. Luego hubo más amparos. El que está más presente en la memoria colectiva fue la resolución que la jueza Gabriela Seijas dio a la petición de Alex Freyre y José María Di Bello. En un fallo sin precedentes, Seijas (jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) declaró la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, en tanto limitantes del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los peticionantes habían fijado fecha de casamiento para el 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida. Sin embargo, la jueza del Juzgado Nacional en lo Civil Martha Gómez Alsina suspendió el amparo, operación atribuible a la Corporación de Abogados Católicos. Pero la historia no terminaba ahí. La pareja finalmente pudo casarse, sólo que en Ushuaia, provincia cuya gobernadora (Fabiana Ríos) resolvió acatar el fallo de Seijas. Otro amparo conocido data del 22 de febrero de 2010: también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jueza Elena Liberatori hizo lugar a la petición de Damián Bernath y Jorge Salazar Capón. Los vetadores no tardaron en aparecer: el cardenal Jorge Bergoglio y la corporación ya citada operaron para apelar. Sin embargo, el recurso no fue tomado en cuenta y la boda se realizó el 3 de marzo de 2010. El 9 de abril de 2010 tuvo lugar el tercer matrimonio igualitario y el primero entre lesbianas: Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo se casaron en la ciudad de Buenos Aires. El episodio tuvo gran repercusión en los medios ya que se trataba de una pareja con treinta años de convivencia.

La presentación en el Congreso se fue armando paralelamente. En mayo de 2007 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto redactado por el diputado socialista Eduardo Di Pollina, que había trabajado con la diputada Marcela Rodríguez (ARI). Estaba avalado por las firmas, entre otrxs, de Silvia Augsburger (PS), Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Remo Carlotto y Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Marta Maffei y Fabiana Ríos (ARI), Norma Morandini (Partido Nuevo de Córdoba), Claudio Lozano (Juntos por Buenos Aires) y Alicia Tate (UCR). En octubre de 2007, la senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Vilma Ibarra presentó en el Senado otro proyecto, que llevó el debate a la Cámara alta. Ambos proyectos contaban con el respaldo de la FALGBT.

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Luego comenzó el trabajo en las comisiones parlamentarias, del cual, en términos generales, los medios se hacían eco más allá de que fue evidente que varios de ellos esperaron a ver cómo venía la mano para elegir el marco de noticiabilidad del proyecto de ley, un fenómeno general del campo comunicacional que, sin embargo, adquiría especial significación por el enfrentamiento de los medios hegemónicos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Del lado de lxs peticionantes, la estrategia comunicativa siempre se centró en el lema “Los mismos derechos, con los mismos nombres” y en una crítica a la tramposa noción de “intimidad” a la que los sectores reaccionarios estaban acostumbrados y que querían “proteger” con un proyecto paralelo de uniones civiles. Marta Dillon, en el diario Página/12, la sintetizó bien: “Porque nuestra familia no es nuestra ‘intimidad’. En familia vamos al parque, al teatro, de vacaciones, a la escuela y cuando no queda otra también al hospital. Comemos en restoranes, nos damos la mano en el cine, nos besamos en la calle para alegría de nuestro hijo, al que le encanta ver esa escena de cariño conyugal. Nuestra familia es pública como cualquier familia. Y es política, porque la formamos a contramano de lo que se esperaba de nosotras (…) A esta constelación de amores y dolores compartidos es a la que la ley, el Estado, tiene el deber de amparar”.

DIOS Y LA DESIGUALDAD

Del lado opositor todavía resuenan algunas intervenciones violentas y envejecidas. Tuvieron su punto culminante durante los días previos a la aprobación. Para el obispo Antonio Marino, “las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto las hace menos amigables a los niños y menos beneficiosas para el Estado” y “las parejas homosexuales son treinta veces más violentas que las parejas heterosexuales [porque] consumen con más frecuencia estupefacientes”. Monseñor Héctor Aguer preguntaba: “¿Qué habrá que enseñar en las escuelas si se aprueba esta ley inicua que se está preparando en el Congreso de la Nación? ¿Habrá que enseñar a los chicos todo lo contrario de la verdad?”, y afirmaba que existía “una mayoría silenciosa, excesivamente paciente” a la que no se debía engañar con artilugios discursivos. La intervención más dura fue la del entonces cardenal Jorge Bergoglio. En una carta dirigida a las monjas carmelitas afirmó: “Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios (…) No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (este es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”.

Puertas adentro del Congreso, en varias oportunidades, los y las opositoras al proyecto negaban que estuviera involucrada la religión en su decisión. Aparecía entonces una forma “secular” de enmarcar la negativa: esgrimir la diferencia entre la “igualdad fáctica” y la “igualdad jurídica”, una distinción que les permitía justificar a viva voz una idea mayor: la de “discriminación justa”. Fácticamente eran iguales lxs heterosexuales entre sí, así como lo eran entre sí los gays y las lesbianas. Esa facticidad, que podemos resumir diciendo “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, era la que requería un trato jurídico distinto para unxs y otrxs. Por eso, para lxs opositorxs, “discriminar” significaba “distinguir” y “diferenciar”, y no tratar desventajosamente a alguien. Pero hablaban de derechos humanos, algo que resultaba curioso porque en tal “distinción” justamente se negaba esa macrocondición: ¿o además de ser heterosexuales o no heterosexuales las personas no eran comúnmente humanas? En realidad, estaban resucitando una vieja ontología incapaz de recuperar para la vida democrática la idea de igualdad y diferencia; es más: una ontología que prohíbe comprender que la igualdad es posible solamente a través del reconocimiento de las diferencias.

Queda para otra oportunidad el relato de otras intervenciones sumamente ofensivas e hirientes. Solamente me permito recordar aquella que, además de sostener que hay que ocuparse de los “derechos de los homosexuales” una vez que la Argentina “garantice los derechos humanos básicos”, caracterizó a las personas no heterosexuales así: “Los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual no tienen chicos para adoptar; nosotros sí. Y ellos van a venir a llevarse a nuestros chicos. Cuidado, porque somos responsables de lo que aquí salga, de lo que aquí suceda a partir de esta ley” (Hilda González de Duhalde, 14-15 de julio de 2010).

IMPULSO Y ACOMPAÑAMIENTO

De parte de quienes acompañaron el proyecto hubo intervenciones ancladas en la empatía y que invitaban a la reflexión. La diputada Claudia Gil Lozano pidió que se tuviera cuidado en utilizar la palabra “complementariedad” entre varones y mujeres: “Puede ser la forma que tenemos de naturalizar muchas veces la opresión, en donde está el uno arriba y abajo el complemento (…) No estamos hablando ni de equidad ni de igualdad. Tenemos que ser muy cuidadosos”. Felipe Solá exhortó en primera persona del plural a la Cámara –en tanto colectivo decisorio– con el fin de que se pusiera las pilas para aliviar la damnificación de los demás, ya que si ellxs tienen el poder de aliviar no tienen el derecho de no ejercerlo, porque “es mucho mayor el sufrimiento de quien no puede gozar de igualdad ante la ley que el sufrimiento de aquel que considera que esa igualdad lo ofende pese a que puede gozar de ella. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que se encuentra en una situación de desigualdad o el que, como es heterosexual, quiere legislar desde una posición sin problemas? ¿Por qué no nos sometemos un día a una cámara de homosexuales para que juzguen nuestros derechos?”.

La senadora Norma Morandini realizó un cuestionamiento a las derivaciones de sostener la dupla igualdad fáctica-igualdad jurídica. Con ese razonamiento, pensaba, no podría existir el voto femenino: “El debate se ha planteado en la diferencia, y me parece que hay una confusión con la palabra ‘diferencia’. Nosotros vemos que, exactamente con los mismos argumentos (…) que hoy se plantea la diferencia para no darles a (…) gays o lesbianas los mismos derechos de los heterosexuales para contraer matrimonio, porque son diferentes, no se les podría haber dado el voto a las mujeres. Se confunden igualdad y diferencia. Lo contrario de igualdad no es diferencia sino desigualdad”. Daniel Filmus direccionó su intervención hacia quienes decían que la sociedad argentina no estaba madura para aprobar un proyecto de estas características y pedían debates más extensos, como en “los países serios, donde se toman dos, tres y hasta cuatro años para debatir estos temas”, tal la opinión de González de Duhalde. Dijo Filmus: “¿Quién puede determinar la urgencia de esta norma? ¿Podemos determinarla nosotros? ¿O sólo tiene derecho a determinar la urgencia con relación a una norma que discrimina aquel que es discriminado? ¿Cuánto hay que esperar para que termine la discriminación? ¿Cuánto es justo esperar para que termine el apartheid, el antisemitismo?”. Luego vino la votación, y después los festejos de una multitud en medio de una noche que no podía estar más fría.

OTRAS INJUSTICIAS

La “política del miedo”, como me dijo mi ex alumno de Comunicación de la UBA, había sido derrotada. En mi opinión, fue evidente que el discurso opositor resultaba increíble, que estaba oxidado y que exhalaba un olor a naftalina que ni la sociedad ni la clase política podían ya tolerar. El 21 de julio, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley. Dio un breve discurso que –pienso– muchxs recordamos: “Al otro día de una sanción tan importante de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción, cosa rara porque cada vez que se aprueban cosas importantes alguno queda siempre tambaleando o con algo menos, por lo menos es la historia de esta Argentina y del mundo (…) Nadie me había sacado nada y yo no le había sacado nada a nadie; al contrario, les habíamos dado a otros cosas que les faltaban y que nosotros teníamos”. Pero creo que, a diez años de la aprobación, no corresponde cerrar esta nota con un tono triunfalista, del tipo “se casaron tantas y tantos”, mostrando numeritos. No me gustaba ese criterio de noticiabilidad. Lo correcto es señalar los asuntos pendientes en materia de género y sexualidad, algo, además, que corresponde a toda política de derechos humanos que, por definición, es eternamente incompleta. Siempre existirán otras situaciones de injusticia para cobijar. Además, los derrotadxs no se esfumaron y siguen haciendo daño. Lxs escuchamos en agosto de 2018 votando en contra de la interrupción legal del embarazo, siguen activando para que la “ideología del género” no llegue a las escuelas, siguen manifestando indiferencia ante las condiciones de vida de las comunidades trans. Y así la historia continúa.