Omar Sued integra una mesa chica que en estos días brinda consejos cruciales que impulsan decisiones claves para la vida de los argentinos. Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y director de investigaciones de la Fundación Huésped, Sued es parte del equipo de profesionales que asesora al Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus. Dada la celeridad con que se expande la Covid-19 y las pocas evidencias científicas disponibles, el infectólogo sostiene que el aislamiento social preventivo y obligatorio es la mejor receta que tenemos para frenarla, y que debería durar doce semanas.

–¿Por qué doce semanas?

–Primero, hay que evitar que la gente se infecte. Segundo, al haber menos casos de infección, se baja el pico. Y tercero, eso nos daría tiempo a organizar y preparar el sistema de salud, por si no fuéramos capaces de contener al virus. Para lograr el objetivo de que no haya una epidemia muy grande en el país, es factible pensar que se puede eliminar la transmisión del virus una vez que se logren identificar todos los casos, tenerlos en cuarentena, esperar a que se curen, y así no habría más casos. Esta sería la situación ideal, con un país cerrado, sin tránsito interno y toda la gente en cuarentena. Eso es muy difícil de lograr, porque hay 10 mil argentinos que están llegando de muchos lugares con alta tasa de infección, y el cuatro por ciento de ellos tiene coronavirus. Además, hay provincias donde la gente circula permanentemente, con lo cual la pandemia está transcurriendo lenta, muy lentamente gracias a la cuarentena, pero transcurre, no está disminuyendo. El número de nuevos casos diarios todavía sigue siendo mayor al de los recuperados.

–Mientras las políticas sanitarias se enfocan en resolver la pandemia, también cuestionan otros modelos, sociales y económicos, que rigen la sociedad globalizada.

–Totalmente. La decisión de dictar o no una cuarentena, de extenderla, es netamente política, porque tiene que balancear todo el impacto negativo que tiene en el orden económico, social, médico, de las cosas que se ganan y se pierden. Hay gente que en cuarentena va a tener más dificultades en hacer un seguimiento de sus otras enfermedades, y también están los que se van a salvar porque en cuarentena se han reducido en un 80 por ciento los accidentes de tránsito, por ejemplo. Eso es un balance económico, político y sanitarista. Pero acá la discusión es otra: de los 160 o más países con coronavirus, los más afectados han sido los países ricos, a excepción de Irán, y el problema que han tenido es, justamente, que priorizaron mantener las actividades comerciales. Incluso aquellos que sostuvieron esto desde el inicio, ahora debieron imponer cuarentenas mucho más estrictas y prolongarlas por mucho más tiempo, y ya tienen un costo mayor, por la cantidad de enfermos, con el sistema sanitario colapsado y muchos fallecidos. El único modelo que ha funcionado por ahora es el de cuarentena. Nos falta tiempo para saber cuál es la mejor solución. Sabemos que mientras haya cuarentena o medidas de distanciamiento físico, no habrá un rebrote viral.

–La pandemia está reinstalando la validez del saber científico-médico por encima de los intereses del modelo de acumulación económico-financiera. ¿Es esto un punto de partida para reformular el modo en que vivimos?

–Nuestro discurso viene desde la epidemiología, desde la salud pública, frente a un mundo que estaba siendo muy poco sostenible. El ritmo en el que consumíamos recursos naturales, petróleo, esa velocidad desenfrenada era muy poco sostenible, y ahora se ven las vulnerabilidades a las que nos llevó este modelo: en apenas tres meses se ha diseminado una enfermedad en el planeta sólo porque el mundo está muy conectado para algunas cosas pero no para otras. Los sistemas de salud están muy limitados, los controles sanitarios estaban muy debilitados, pero los viajes, completamente facilitados. Otro tema es el medio ambiente: se han visto las fotos de Venecia, las imágenes de la increíble recuperación en dos meses de la capa de ozono, eso también es un llamado de atención. Y, finalmente, lo que realmente genera esto es una mejor visión de la importancia que tienen los sistemas de salud pública universal. A pesar de que Francia, España e Italia tenían sistemas de salud bastante buenos, es evidente que el deterioro de los últimos años los perjudicó mucho, y a nosotros ni qué hablar, y peor a EE.UU., que nunca lo tuvo; lo poco que se hizo con el Obama Care fue desmantelado y ahora deben salir a rescatar familias enteras para las que es imposible pagar 500 dólares para hacerse un test. Hay que reconsiderar el valor del Estado, de la vigilancia epidemiológica, de la salud pública, de la prevención, que deben tener financiamiento, estar organizados y ser de calidad. Es una lección que nos va a quedar de esta pandemia, y ojalá que nos ayude con la preciada reforma de salud en la Argentina. Hasta ayer, gastábamos más o menos la misma plata que Canadá, con prestaciones que, por la fragmentación del sistema, eran mucho peores. En Canadá, todos los empleados contribuyen al sistema de salud con un diez por ciento, pobres y ricos, mientras que aquí el financiamiento es solamente a través de lo que el Estado decide poner de su presupuesto en salud, y no de una contribución directa de los trabajadores. Lo que se descuenta va a parar a obras sociales, y desde los 90, ese financiamiento puede pasar a las prepagas, pero ni unas ni otras se encargan de las campañas de vacunación, de la prevención, de la comunicación, de la vigilancia epidemiológica. Eso no tiene financiamiento.

–¿Cuál es el tratamiento que se le da hoy a un paciente con coronavirus?

–Todavía no se ha identificado ningún antiviral que sea muy efectivo. Hay varias drogas que han tenido efecto in vitro o en otros coronavirus, como el SARS o el MERS, como el ritonavir, la hidroxicloroquina o el remdesivir, que se usa para el ébola. La hidromexina y la nitazoxanida parecen tener efecto en el laboratorio, pero en seres humanos, donde la medicación entra por boca o endovenosa, hay que investigar su eficacia y su toxicidad. Se están haciendo estudios clínicos para determinar cuáles de esas medicaciones podrían frenar la replicación viral en personas infectadas. Hoy esos tratamientos están reservados para personas en estado grave. Mientras tanto, hay otras iniciativas, como el estudio Solidarity, que está probando varias alternativas y ya fue aprobado por la Anmat. Sólo falta definir en qué hospitales se hará. Mientras tanto, el Gobierno, junto con la Sociedad Argentina de Infectología, asegura que las personas tengan acceso a medicación que en el mundo parece tener efectos positivos, con un análisis previo: que haya un potencial beneficio y que no haya evidencia de que el riesgo potencial sea mayor. Permitimos que se use de manera condicional en pacientes graves. El Estado los compra y los da gratuitamente a todas las personas, con o sin obra social. Eso empezó hace un par de semanas, pero necesitamos más casos para poder realizar un análisis concreto de esta evidencia.

–¿En qué nos beneficia formar parte del programa Solidarity?

–En primer lugar, nos posiciona como un país con alta calidad de investigación. Segundo, accedemos a medicación que de otra forma no tendríamos. Por ejemplo, en la Argentina, el remdesivir no está disponible y el productor avisó que no tenía la capacidad de traerlo salvo dentro de un marco de investigación, como es Solidarity.

–El mundo científico está abocado a descubrir el mejor tratamiento y una vacuna, ¿se plantea también una lucha por las patentes?

–La hidroxicloroquina no tiene patente, el interferón tampoco y se produce en el país, y el lopinavir está por perder la patente. El único problema que vamos a tener es con el remdesivir. Médicos sin Fronteras está exigiendo que la empresa no pueda patentarlo si se demuestra que es eficaz; de ser así, podría afectar claramente al desarrollo de la vacuna. Habrá que rediscutir eso, es otra de las cosas que deberían cambiar. Es ilógico que el mundo no pueda priorizar la accesibilidad a determinados productos por cuestiones de salud pública global. Hace unos años, la patente de sofosbuvir (para la hepatitis C) se vendió de un laboratorio pequeño a Gilead por 10 mil millones de dólares. Esa venta debería haberse prohibido, porque si un laboratorio compra a ese precio, necesita vender caro para recuperar esa inversión y ganar plata. Inicialmente, vendía el tratamiento a 80 mil dólares, cuando producirlo cuesta 600. Eso es legal, pero totalmente ilegítimo. Desde el punto de vista de la salud pública, es aberrante que un medicamento sea considerado del mismo modo que una invención industrial o comercial, porque implica la vida de las personas. Por otra parte, los laboratorios dicen que necesitan grandes inversiones, porque hacen muchas investigaciones que finalmente no progresan. Suena lógico, pero eso se puede solventar con un pool de inversiones que los gobiernos pueden financiar, para investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Es más: esos fondos podrían ser específicamente públicos para las drogas con alto impacto potencial.

–¿Vamos a pasar el invierno con coronavirus?

–Ojalá que lo extingamos antes. Si el coronavirus continúa por tres o cuatro meses, aumenta el riesgo de que vuelva al hemisferio norte. Ahora China está recibiendo casos importados otra vez. Si la circulación norte-sur es similar a la de la gripe –cuando termina la epidemia en el sur empieza la del norte–, podría pasar que el año que viene estemos otra vez con una oleada de coronavirus. Si es así, va a ser importante tener la vacuna para evitar la transmisión local. Por lo pronto, son todas elucubraciones porque todavía no hemos tenido una circulación anual con este virus.

–¿Cómo incidirá la Covid-19 una vez que se reabran las puertas del mundo?

–No sabemos cómo va a ser el mundo después de esto. Ojalá que los humanos tomemos nota y haya cambios para fortalecer los sistemas de salud pública.