La victoria en Uruguay del abogado Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, logró cerrar un ciclo progresista de quince años del Frente Amplio. Su triunfo tuvo rasgos electorales similares a los conseguidos por el ex presidente argentino Mauricio Macri en 2015: el dirigente blanco obtuvo, como el líder del PRO, un ajustado triunfo en balotaje contra una expresión política desgastada con el trajín gubernamental de haber conducido tres administraciones consecutivas. Sin embargo, Lacalle Pou asienta su llegada al gobierno con el liderazgo de una coalición líquida, menos institucionalizada que la alianza de derecha argentina, apenas estrenada con sus socios tras el previsible triunfo del candidato frenteamplista Daniel Martínez en primera vuelta. El Partido Nacional, el también tradicional Partido Colorado y tres formaciones emergentes –Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente– establecieron un acuerdo mínimo, con forma de pentágono, para concretar su único anhelo común: lograr la capitulación del Frente Amplio en las urnas.
Esta heterogeneidad táctica en el entendimiento entre partidos conservadores fue etiquetada con una carátula gentil en los medios mainstream regionales e internacionales: se presenta al gobierno de Lacalle Pou como “una derecha multicolor”. El influyente diario madrileño El País presentaba así al futuro mandatario oriental, hijo de un jefe de Estado que condujo el vecino país en los años 90: “Con el objetivo común de ganar las elecciones, Lacalle Pou encabeza en Uruguay una coalición que tiene elementos del macrismo argentino, el militarismo de Bolsonaro o el liberalismo chileno”.
CORRIDO POR DERECHA
Lacalle Pou aprovechará la larga transición presidencial –asumirá el próximo 1 de marzo– para diseñar el mecano del gabinete, una caja donde deberá premiar con cuotas de poder a sus dos socios principales, el Partido Colorado y Cabildo Abierto –representados por sus últimos candidatos, el economista Ernesto Talvi (identificado con la Escuela de Chicago) y el general Guido Manini Ríos (identificado con los años de plomo)–, para conseguir la aprobación de ambas formaciones en Diputados y Senadores, donde el Frente Amplio seguirá siendo minoría. Ese juego de enroques al que estará sometido el gobierno de Lacalle Pou pone al frente de centroizquierda en una posición incómoda. A los herederos de Tabaré Vázquez y José Mujica se les abre este dilema: acordar gobernabilidad con Lacalle Pou para bajar el precio de Cabildo Abierto y así licuar el peso de Manini Ríos, el denominado “Bolsonaro uruguayo”, o endurecer su perfil opositor, una decisión que posibilitaría tallar más a Cabildo Abierto en el rumbo del Estado.
Caras y Caretas habló con Marcelo Pereira, columnista del portal La Diaria, sobre la nueva arquitectura del poder político uruguayo: “El gobierno de Lacalle Pou estará sujeto a presiones distintas. Esa condicionalidad se visibilizará cuando comience la discusión del proyecto de Ley de Urgente Consideración (una norma multitópica pensada para acelerar cambios introductorios al Estado) que Lacalle Pou prometió enviar al Parlamento poco después de asumir la presidencia”, dice Pereira. Y agrega: “Sólo podrá lograr mayoría legislativa con los dos socios grandes de la coalición. Lacalle Pou necesita para cada proyecto al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, salvo que negocie apoyo del Frente Amplio. Eso pone al actual oficialismo en una situación compleja: ya hay quienes proponen ayudar a que Lacalle Pou no quede en manos de la ultraderecha; pero a la vez es obvio que al Frente Amplio no le conviene mucho acordar con Lacalle Pou porque eso le puede quitar la posición de ser la única alternativa viable. Igual puede suceder que Cabildo Abierto tenga interés en reafirmar un perfil separado de todo el resto del sistema partidario, ya que ese es el modo de acumulación habitual de la ultraderecha”.
Pereira también se refirió a los territorios del Estado en los que se supone que Lacalle Pou dejará impregnadas las primeras huellas del cambio de ciclo: “Hasta ahora el futuro presidente ha insistido en plasmar algunos compromisos más bien simbólicos. Por ejemplo, advirtió que logrará cimentar ahorros estatales gracias a una presunta eliminación de ineficiencias en el gasto público. A su vez, viene prometiendo dar a futuro instrucciones a la policía para que actúe con más firmeza y no retroceda. Quizá lo más concreto sobre su programa de gobierno sea la intención de flexibilizar la negociación laboral y la de permitir la libre importación de combustibles; recordemos que Uruguay no es productor de petróleo y que sólo compra y refina”.
