El primer estallido latinoamericano de los últimos meses fue en Ecuador. Los ecuatorianos alzaron la voz en las calles contra el gobierno neoliberal de Lenín Moreno y sufrieron la dura represión de las fuerzas armadas en los toques de queda, mucho antes de que los chilenos denunciaran la desigualdad rodeados de tanques militares y de que los bolivianos resistieran el golpe de Estado contra Evo Morales. En comparación, el conflicto parece allí mucho más resuelto que en el resto de los países, y Moreno aparenta tener todo bajo control.

Pero las apariencias engañan. El 74,3 por ciento de los ecuatorianos desaprueba aún las medidas de ajuste de Moreno, que llegó al gobierno embanderado por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y luego hizo todo lo posible por arruinar su legado. Sus alianzas tampoco gozan de mejor suerte porque atrás quedaron los abrazos con los representantes de la vieja derecha, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, que hoy le dan la espalda en el Congreso. Para peor, el FMI sigue revoloteando de cerca para garantizar que le devuelvan cada centavo de los 4.200 millones de dólares prestados con reformas antipopulares, y la tregua firmada con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) empieza a mostrar sus primeras fisuras.

Entre el 2 y el 13 de octubre, Ecuador fue el centro de masivas protestas y paros generales contra el “paquetazo” de Moreno, que eliminaba el subsidio a los combustibles y generaba aumentos del 123 por ciento en las tarifas; pero también suprimía todos los impuestos a la importación en detrimento de la industria nacional, flexibilizaba las condiciones de contratación de los empleos ocasionales, disminuía las vacaciones a los trabajadores estatales y los obligaba a aportar mensualmente con un día de su salario.

Ante la expresión popular en las calles en rechazo de la iniciativa, en Latinoamérica volvieron a escucharse las frases “estado de excepción” y “toques de queda”. Al menos nueve personas fallecieron y 1.507 resultaron heridas por la represión estatal, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Finalmente, la dirigencia indígena de la Conaie se presentó como interlocutor de las calles hasta lograr lo que todos pedían: que Moreno derogara el decreto.

Apenas un mes después de la tregua, la Fiscalía de Ecuador ya había admitido cinco denuncias contra el líder de la Conaie, Jaime Vargas, por delitos de terrorismo, instigación al sabotaje y rebelión por su participación en las protestas. La Conaie respondió con una presentación en la Corte Constitucional reclamando la “desclasificación” de la información sobre los operativos desplegados durante el paro, sobre todo la relativa a las órdenes de “detenciones masivas, arbitrarias e indiscriminadas”. La relación entre el gobierno y la comunidad quedó nuevamente empantanada. Las huelgas volvieron a estar sobre el tablero.

EL ORIGEN DE LA RESISTENCIA

No hay que perder de vista que el paquetazo no fue la única medida que motivó la resistencia popular en las calles. Luego de que la consulta popular de febrero de 2018 aprobara los cambios constitucionales que Moreno necesitaba para dar el golpe de gracia en su guerra jurídica y garantizar que Correa no volviera al Palacio de Carondelet, el presidente se quitó definitivamente la máscara progresista con la que había asumido y muy rápidamente puso en marcha sus reformas neoliberales, amparado por los grandes grupos económicos, los medios de comunicación y la Embajada de los Estados Unidos.

Como en Chile, el caldo de cultivo fue el descontento popular que se estaba cocinando en una olla a presión, con el agravante de la crisis democrática de representación por un presidente que asumió con una propuesta programática de ampliación de derechos y conquistas sociales, y que luego cambió por una de ajuste, represión y libre mercado.

En marzo de este año, con el terreno fértil de una ley económica que fomentó la bicicleta financiera y la fuga de divisas, llamó a un viejo conocido: el Fondo Monetario Internacional.

El pacto estuvo sujeto a ciertas condiciones que, como en la Argentina y cada vez que el FMI aterrizó en la región, se tradujo en pérdida de derechos adquiridos. Desde ese momento, Moreno apeló a su alianza política con los conservadores para aprobar medidas de ajuste contra el pueblo. Pero tampoco eso le funcionó.

Tras el estallido social, con sudor y lágrimas pudo conseguir el acuerdo necesario para aprobar en diciembre la reforma tributaria acordada con el organismo internacional, recién la tercera vez que se sometió a votación. La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria tuvo finalmente el acompañamiento de los conservadores, que sin embargo dejaron en claro su mensaje: ya no son incondicionales a Moreno.

El mismo día que se aprobó la ley, el presidente recibió la palmada del FMI y de Estados Unidos, para que no quedaran dudas sobre el corte neoliberal de la reforma, con la que se ahorró 600 millones de dólares a cambio de, entre otras cosas, perdonar los intereses a agrícolas, ganaderas y pesqueras.

Antes de la votación, el mismo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, hizo público su diálogo con Moreno para presionar aún más a los diputados. Por entonces expresó su “continuo compromiso con las prácticas democráticas y las reformas económicas para avanzar en la prosperidad de Ecuador”. Curiosa democracia la de este país, en la que un presidente es elegido para continuar con un programa progresista y termina siendo felicitado por Estados Unidos y el FMI.