Pueblos que se revelan frente a la imposición de ajustes fiscales y de bolsillos, gobiernos que responden a los reclamos con represiones sin miramientos. Golpes de Estado o lawfare en nombre de preservar las instituciones democráticas. Latinoamérica se sacude en un torbellino de fuerzas opuestas entre quienes reclaman derechos y quienes pugnan por mantener o incluso enfatizar el orden neoliberal.
Ya sea con votos, como en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro; de Chile, con Sebastián Piñera; de Colombia, con Iván Duque Márquez, y a partir del 1 de marzo cuando asuma Luis Lacalle Pou, en Uruguay, por nombrar algunos casos, o directamente con un golpe, como el sucedido en Bolivia, donde Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta en noviembre pasado acusando a Evo Morales de fraude electoral, la derecha avanza en la región. Mano dura y estallidos populares, abierta segregación social y manifestaciones multitudinarias exigiendo dignidad: en un corto tiempo histórico, Latinoamérica se ha transformado en un escenario de fuertes disputas muy difíciles de predecir pocos años atrás, aunque algunas voces, acalladas rápidamente, hayan hecho un llamado de alerta frente al derrocamiento del presidente de Honduras Manuel Zelaya, ocurrido en 2009, y la destitución del paraguayo Fernando Lugo en 2012.
Este conglomerado de situaciones y, sobre todo, el recién asumido gobierno de facto boliviano hicieron que resurgieran entre los más memoriosos los recuerdos de las dictaduras del siglo XX y del siniestro Plan Cóndor, pero para el periodista y sociólogo especializado en política internacional Pedro Brieger esta asociación no es muy certera. “Creo que el golpe de Bolivia no fue exactamente a la vieja usanza porque no se cerró el Parlamento. Si bien es cierto que hay violaciones a los derechos humanos y persecución a los simpatizantes de Evo Morales, están tratando de mantener una institucionalidad, algo que a los gobiernos que llevaron a cabo los golpes de Estado en el siglo pasado no les interesaba. Ellos hacían un golpe, cerraban el parlamento, asesinaban, torturaban y no planteaban el tema de la continuidad institucional. En este sentido, hay una matriz similar a los derrocamientos de Manuel Zelaya, de Lugo y de Dilma Rousseff: quienes los hicieron insisten en que ellos están manteniendo la legalidad institucional. No hablaría de un Plan Cóndor, sí creo que vivimos una restauración conservadora, como lo planteaba Rafael Correa en su momento, y que los movimientos y partidos de derecha siguen siendo muy importantes.”
–En el discurso de asunción, Alberto Fernández puso énfasis en fortalecer la institucionalidad democrática y los derechos humanos. ¿Cuáles caminos serían viables para lograr este fortalecimiento, dada la situación latinoamericana?
–La institucionalidad democrática está siendo muy cuestionada: el golpe de Estado en Bolivia es un caso paradigmático, la situación en Venezuela también está puesta en tela de juicio por un conjunto de países, por lo tanto me imagino que el gobierno argentino va a tener que maniobrar entre aquellos países y gobiernos que quieren seguir aislando al gobierno de Venezuela y aquellos que cuestionan la legitimidad democrática de Bolivia y la violación de derechos humanos.
–El gobierno de Chile, elegido en las urnas, enfrenta una insurrección popular sin líderes ni representantes, se encuentra entre cuidar el orden democrático y el cambio de rumbo. Colombia está con una coyuntura similar. ¿Estas situaciones abren la posibilidad de repensar las leyes democráticas?
–Es evidente que hay algo que se quebró y que en ambos casos hay movimientos sociales que no tienen un liderazgo muy claro pero que mantienen su fortaleza, especialmente en las calles. Recordemos que en Chile las revueltas ya llevan más de dos meses, y en Colombia también continúan todos los días. Esto es un cambio respecto a la realidad de esos países.
–¿Cuánto peso real tienen las declaraciones y decisiones de la OEA sobre Latinoamérica?
–Está claro que la OEA tiene un lineamiento con Estados Unidos, sobre todo a través de su secretario general, Luis Almagro. Sus declaraciones y decisiones tienen un peso importante porque no hay otros organismos regionales que estén participando: la Unasur está congelada y la Celac también. En este sentido, la OEA volvió a crecer mucho.
–México, la Argentina y Venezuela son los llamados países progresistas o populares de la región. ¿Qué posibilidades tienen de frenar la avanzada de Estados Unidos en Latinoamérica?
–Creo que es diferente la situación de estos tres países. Venezuela hace gala de un poderío militar. No es el planteo de México y la Argentina, que están tratando de articularse de manera diplomática.
–¿Cuál es su reflexión sobre el paradigma actual de la derecha y del golpismo que conjugan un discurso con un halo fundamentalista religioso junto con un movimiento de pinzas entre el poder judicial y los medios hegemónicos?
–Me parece que el tema de los nuevos golpes de Estado, los llamados golpes blandos, tiene que ver con la costumbre que hemos tenido en América latina de sufrir golpes sangrientos donde los militares tomaban el poder y cerraban el parlamento. Así han sido, digamos, los golpes clásicos. Si bien el poder judicial siempre fue un actor importante y, por supuesto, también los medios hegemónicos, como se vio muy claramente en el caso de Chile en 1973 con el golpe de Estado contra Salvador Allende, donde el diario El Mercurio fue fundamental para ese golpe, aquí lo novedoso, más allá de ese discurso fundamentalista, es la necesidad de estos movimientos de destitución de articular con el poder judicial y los grandes medios de comunicación para mostrar que en realidad salvan la democracia y que los responsables de la violación de las democracias son, justamente, los gobiernos depuestos. Esto es algo muy diferente a los golpes de Estado del siglo XX, porque a los militares no les interesaba decir que eran más democráticos que aquellos que destituían, ese no era un problema, ahora sí. Por eso, tanto en el caso de Honduras como en el de Brasil y Paraguay se utilizó el argumento de que en realidad quien violaba la democracia era el gobierno que estaba siendo relevado. El caso de Dilma Rousseff es un poquito más complicado, pero es verdad que hay una articulación del poder judicial y los grandes medios de comunicación en la demonización de determinados representantes políticos. Esto queda muy claro en el caso de Bolivia, cuando la presidenta de facto dice que se están sacando de encima 14 años de dictadura, asociando directamente el poder de Evo Morales con un régimen de facto, como si no hubiera ganado elecciones mediante el voto popular.
