“¿Los derechos humanos son unilaterales? [¿]o es que los atentados, secuestros o asesinatos de empresarios, profesionales, estudiantes, trabajadores y miembros de las fuerzas legales y sus familias, por parte de la delincuencia subversiva, no violan esos derechos?”. El relato de la dictadura nunca buscó la verdad; prefirió construirse de manera sesgada. Aquella ráfaga de interrogantes era parte de la argumentación de las Fuerzas Armadas y de la civilidad cómplice que, medio siglo más tarde, los negacionistas y defensores del terrorismo de Estado rescatan y reversionan. Esas preguntas simplificadas pertenecen a un comunicado del Comando de Zona I, perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército, que tenía como base de operaciones Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa durante el régimen.

El descubrimiento de un arsenal guerrillero en la localidad bonaerense de Villa Domínico y un atentado contra la Jefatura de la Policía Bonaerense en La Plata motivaron la redacción del texto y su difusión en la prensa. “Reflexionemos”, invitaba el comunicado a la sociedad: “Las fuerzas conjuntas de la Zona I continuarán luchando contra la delincuencia subversiva aun a costa de sus vidas. Su vocación de servicio hacia la Bandera Nacional y la salvaguarda de los más altos intereses así lo exigen”. Y del imperativo que involucraba a todos, el panfleto pasaba al señalamiento directo: “Usted, que vive en esta Argentina, ¿qué ofrece? O esperará el día que sus hijos le pregunten… ¿qué ha hecho por la Patria?”.

Otra motivación debía descubrirse entre los pliegos del lenguaje. Los uniformados señalaban que la “delincuencia subversiva” tenía sus “centrales” en “países extranjeros”, que “declaman la defensa de los derechos humanos, instrumentando una campaña difamatoria, a nivel internacional, contra nuestro país”.

No daba nombres, pero esa “campaña difamatoria” se vinculaba con el arribo al país de una delegación de Amnistía Internacional para verificar las denuncias contra el régimen argentino por violación a los derechos humanos.

Entre el 6 y el 15 de noviembre de 1976, un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el sacerdote católico Robert Drinan; un integrante de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Eric Lubbock –más conocido como lord Avebury–, y la integrante del Departamento de América Latina de Amnistía Patricia Feeney comprobaron que la dictadura había desplegado un terror comparable al del nazismo y el fascismo.

Drinan, lord Avebury y Feeney visitaron a presos por cuestiones políticas en la cárcel de Villa Devoto; se entrevistaron con funcionarios de segundo orden de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia; tomaron contacto con familiares de víctimas de la represión ilegal y dirigentes de organismos de derechos humanos; viajaron a Córdoba para relevar el territorio controlado por el general Luciano Benjamín Menéndez. Servicios de inteligencia, policías de civil y periodistas encubridores se ensañaron con los visitantes y los persiguieron durante toda su estadía.

El primer informe sobre el infierno argentino

Las intenciones de la comitiva de entrevistar al canciller César Guzzetti; el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, se diluyeron ante los resquemores de la dictadura del general Jorge Rafael Videla, que por esos días viajó a Chile para reunirse con su par trasandino, Augusto Pinochet, en un nuevo capítulo del Plan Cóndor.

Guzzetti había preferido ir al programa televisivo La otra cara de la moneda, conducido por Daniel Mendoza, en Canal 7, para desprestigiar el objetivo de los visitantes, en lugar de recibirlos.

La prensa del régimen se encarnizó con la delegación. “A Amnesty International, entidad que se preocupa por los derechos humanos, ‘no le interesan los muertos a manos de la subversión’”, especulaba el diario Crónica, en una interpretación sesgada de las declaraciones de los parlamentarios, quienes “se hallan gozando de la hospitalidad argentina”.

Los visitantes se alojaron en el Hotel Presidente –“uno de los lujosos hoteles de nuestra capital”, enfatizaba Crónica–. En una de las jornadas, hubo una manifestación, extrañamente tolerada por las autoridades, protagonizada por un ignoto Movimiento Patriótico Nacional, que llegó hasta Cerrito y Paraguay para protestar contra la entidad humanitaria “al servicio del marxismo internacional”.

Las consignas del puñado de manifestantes –hombres con carteles confeccionados con prolijidad– formaban parte de un discurso oficial envuelto en un nacionalismo patriotero: “Fuera de Chile / fuera de Argentina / fuera los bolches / de América latina”; “Yo le digo al lord inglés / que respete a la Argentina / que le diga a sus ingleses / que devuelvan las Malvinas”; “¿Es que vienen a defender a los asesinos del pueblo argentino? ¿Quiénes financian esa organización? ¿Qué opinaban de lo sucedido en la Jefatura de Policía de La Plata? ¿Cómo se permite que ese jesuita defienda a la subversión?”.

Los diarios Clarín, La Nación y La Opinión publicaron el cable de la agencia de noticias estatal Télam; Crónica prefirió darle su propia impronta.

Meses después, al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, la delegación de derechos humanos que estuvo en el país dio a conocer en Londres el “Informe de una misión de Amnistía Internacional a la República Argentina”, en el que por primera vez se detalló el terrorismo de Estado, con la publicación de una lista de 365 personas detenidas-desaparecidas desde el 24 de marzo de 1976 hasta enero de 1977. En sus casi cien páginas, el informe describe el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención y los métodos de tortura aplicados a los detenidos. Ese año, el Comité Noruego del Premio Nobel otorgó dos galardones de la Paz a organizaciones humanitarias: uno a Amnistía Internacional y otro al Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte.

Una voz para justificar el horror

El periodista Bernardo Neustadt, conductor del programa televisivo Tiempo nuevo y director de la revista Extra, había viajado a los Estados Unidos para cubrir las elecciones presidenciales en esa potencia. Quedó decepcionado por la victoria del demócrata Jimmy Carter –“más demagogo”– frente al republicano Gerald Ford –“más razonable”–. Esa desazón se enlazaba con la preocupación que le causaba la ofensiva de distintos sectores políticos norteamericanos frente a la violación de los derechos humanos en la Argentina.

“Hay una fuerte campaña contra el país y sus autoridades en los medios de comunicación. Además, nosotros hacemos poca respuesta [sic] y ninguna acción psicológica en estos medios tan sensibilizados. ‘La izquierda’, en cambio, actúa, opera, influye”, explicaba Neustadt desde Washington en su nota “Derechos humanos y otros derechos”, publicada en Extra de noviembre.

Y citaba a “funcionarios vitales del Departamento de Estado, amigos de la Argentina”, para intentar tranquilizarse: “No hay una campaña antiargentina. Créanos. Un detalle: cuando Santucho fue muerto en el encuentro con las Fuerzas de Seguridad, ¿hicimos algún reproche? Al contrario. Cuando nos llegaron cartas denunciando la muerte del líder del ERP, contestamos: ‘Era un terrorista: lo consideramos un delincuente. No intervendremos’”.

Su rol de vocero informal del régimen lo obligaba a tomar un rol pedagógico: “Uno explica, entonces, que el Gobierno encontró un país fuera de carril. No solo económicamente, sino también en el campo de la destrucción de la ley y el orden. Argumenta el salvajismo del terrorismo de izquierda –sin negar el de derecha– y la muerte diaria de personas que son policías, oficiales de las Fuerzas Armadas, empresarios, sacerdotes. Entonces arguyen que el Estado tiene que tener el control de la represión, con la ley en la mano. La más dura, pero con la ley en la mano”.

Neustadt estaba inquieto por las actividades desplegadas por el “Subcomité Fraser”, más conocido como “Comisión Fraser”, un organismo parlamentario que se había enfocado en recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Expresaba su fastidio porque el cuerpo presidido por el diputado demócrata Donald Fraser había admitido “el testimonio de los abogados marxistas [Lucio] Garzón Maceda y [Gustavo] Roca”, al mismo tiempo que aplaudía la actitud del radical Enrique Vanoli y el desarrollista Enrique Osella Muñoz –un exdirigente histórico del peronismo– al negarse a declarar. “Explicaron la difícil gestión del gobierno de Videla con ‘el país como quedó’. Una actitud patriótica digna de ser tenida en cuenta, máxime si se considera que sus partidos fueron desplazados del poder. Los americanos quedaron sorprendidos de tanta madurez”, especulaba.

En su nota, contaba que había conversado con John Salzberg, asesor de Fraser, quien le había adelantado que el parlamentario iba a pedir que “una comisión que investiga derechos humanos visite la Argentina. Quiere saber cómo sería recibida. Les explico que, si no quieren intervenir en los asuntos de la Argentina, ningún visitante es mal recepcionado, salvo, insisto, que avance sobre nuestros derechos”. Es posible que ese anuncio estuviera vinculado con la delegación de Amnistía que viajó a Buenos Aires y Córdoba.

Las preguntas de Bernardo

Neustadt dejaba abierta la posibilidad de que, si las investigaciones en materia de derechos humanos avanzaban, el Congreso estadounidense impidiera que la Argentina recibiera una ayuda financiera para comprar equipamiento militar, una decisión que ya se había adoptado con Chile y Uruguay.

Al igual que los uniformados que redactaron el comunicado del Comando de Zona I, el director de Extra planteaba interrogantes: “Cuando yo pregunto: ¿qué pasaría si la viuda del general Cardozo, asesinado por una guerrillera que so pretexto de amistad se infiltró en su casa, o la viuda del almirante Quijada o tantas viudas de agentes de la Policía Federal dieran su testimonio de dolor y desgarro?, me indican que sería un buen aporte, aunque insisten en preferir juicios de personalidades independientes ni afectadas por la guerrilla. ‘Tampoco nos importa si una persona es antiyanqui para declarar; nos importan los derechos humanos’, insiste el joven Salzberg”.

El empresario periodístico buscaba justificaciones para sostener la política exterior de la dictadura. Elogiaba al secretario general de la OEA, Alejandro Orfila –nacido en Mendoza–, porque trataba “de explicar el estado en que el gobierno argentino encontró el país frente a algunos desmemoriados. Y que la violencia no empezó el 24 de marzo de este año, sino que fue heredada cruentamente. Intenta que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA investigue y se declare no solo ante el terrorismo de derecha, sino también del de izquierda”.

Más allá de los deseos del portavoz del régimen, una delegación de esa comisión llegaría al país tres años después para comprobar que las Fuerzas Armadas habían desplegado un mecanismo de muerte y violencia del que aún la sociedad argentina no logra recuperarse.