El clima de tensión y violencia política que sacudió a la Argentina en los tramos finales de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, llevó al extremo la fractura social que se había generado desde su elección en 1946. Más allá de que el peronismo mostraba en las elecciones una clara mayoría, la mutua denegación de legitimidad con un importante sector de la sociedad provocaba una tensión insalvable. En los tramos finales, Perón no contribuyó a mitigar el conflicto al atacar abiertamente a la Iglesia Católica con una serie de medidas que se concretaron en detenciones de sacerdotes, y que incluyeron la puesta a estudio de la suspensión de la enseñanza religiosa, la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, la ley de divorcio y la separación de la Iglesia y el Estado, que abrieron la oportunidad para una amplia movilización contra el gobierno. La escalada de violencia culminó el 16 de junio de 1955 cuando estalló la rebelión de oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, que bombardearon y ametrallaron la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, provocando centenares de muertes y múltiples destrozos materiales. Por la noche, la represalia de grupos peronistas produjo un ataque a la Curia Eclesiástica, incendiándola, a lo que se sumaron los saqueos y destrozos en varias iglesias.

Días después, el presidente Perón hizo un llamado a la pacificación nacional proponiendo una tregua política y una apertura al diálogo. En ese contexto permitió que hablaran por radio los principales dirigentes opositores, Arturo Frondizi por el radicalismo, Vicente Solano Lima, por el Partido Demócrata y Luciano Molinas, por el Partido Demócrata Progresista además del presidente del Partido Peronista, Alejandro Leloir. Los opositores coincidieron en reclamar la restitución de las libertades. Ante estos reclamos, Perón ofreció su renuncia a los titulares del Partido Peronista, actitud que dio lugar a una gran concentración que demandaba su continuidad. Al aceptarla, menciona “la tolerancia exagerada de su gobierno con los opositores” y reclama “contestar a una acción violenta con otra más violenta y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.

En este contexto de enfrentamiento y violencia, la CGT ofreció al Ejército actuar conjuntamente en defensa de las instituciones, lo cual tuvo un efecto alarmante para los militares, que reaccionaron buscando derribar a Perón. El movimiento estuvo encabezado por el general Eduardo Lonardi desde Córdoba y participaron el general Pedro Eugenio Aramburu en Corrientes, y el contralmirante Isaac Francisco Rojas y los capitanes de navío Arturo Rial y Jorge Perrén, de la Marina. Esta última se sublevó en sus bases de Puerto Belgrano y Río Santiago y el día 18 de septiembre bloquearon la costa bonaerense y amenazaron con bombardear la destilería de petróleo de La Plata, hecho crucial en la decisión del Presidente de ofrecer entregar el mando a un grupo de oficiales del Ejército con el fin de renunciar, negociar con los rebeldes y evitar la destrucción de bienes inapreciables de la Nación.

Tras el triunfo del movimiento revolucionario, Perón pidió asilo en la embajada de Paraguay e inició su largo exilio, que culminaría con su retorno conflictivo (entre facciones peronistas) en junio de 1973, y su triunfal acceso a la presidencia en las elecciones de septiembre, con el 61,85 por ciento de los votos.

DOS LÍNEAS CON UN MISMO OBJETIVO

La llamada “Revolución Libertadora” redefinió las relaciones de fuerza entre peronistas y antiperonistas. Su objetivo crucial era restablecer la democracia con exclusión de Perón, tarea no exenta de conflictos ideológicos y políticos entre los vencedores de septiembre.

El primer presidente del gobierno de facto fue el general Eduardo Lonardi, nacionalista y católico, y como vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, más férreamente antiperonista. Lonardi fue recibido por una multitud en la Plaza de Mayo. Allí pronunció su célebre frase “Ni vencedores ni vencidos”, no compartida por el conjunto de los revolucionarios que, obviamente, carecían de homogeneidad ideológica. Entre las primeras medidas se incluyó la conformación de un tribunal militar de honor que descalificó a Perón, culpándolo, entre otras cosas, del incendio de las iglesias y de ataques a la religión católica, incitación a la violencia, prédica de odios, vulneración de los principios constitucionales y la supresión arbitraria de la libertad.

Se creó la Junta Consultiva Nacional, presidida por el vicepresidente e integrada por dirigentes de los partidos antiperonistas, excluyendo al Comunista. Su función era asesorar a la presidencia y dinamizar el juego político. Las diferencias ideológicas y políticas no tardarían en estallar en el gobierno, lo que se vio plasmado en el texto de la renuncia de Lonardi en noviembre, tras cincuenta días de gobierno. Lo sucedió en el cargo el general Aramburu, con un nuevo gabinete, y se crea la Junta Militar con funciones de cogobierno.

En abril de 1956 se anuló la Constitución de 1949, volviendo a la de 1853, mientras se normalizaba la actividad política con la exclusión del peronismo. A todo esto, en el mes de junio estalló un movimiento contra el gobierno, encabezado por un general peronista, Juan José Valle, que fracasó y fue reprimido con extrema severidad. Sus responsables, en total veintisiete entre civiles y militares, fueron fusilados. El hecho fue condenado por el renovado periodismo político de distintas tendencias que resurgía en el país, como también por la prensa internacional.

Mientras tanto, la normalización de la actividad política avanzó y con ella las divisiones internas de los partidos políticos. En el principal de ellos, la Unión Cívica Radical, coexistían posturas antagónicas respecto al gobierno y al peronismo. Arturo Frondizi, aún presidente del partido, lideró al sector de intransigencia y renovación, orientado más a la izquierda, crítico de la tradición política liberal y del gobierno, y que ambicionaba conquistar al peronismo para su proyecto presidencial. Enfrentaba a las otras tendencias radicales, entre las que se destacaba el sector liderado por Ricardo Balbín, que colaboró en cargos políticos relevantes en el gobierno y también aspiraba a la candidatura presidencial, apoyada por sabattinistas y unionistas.

El gobierno convocó a elecciones para reformar la Constitución de 1853. En ellas se impuso el voto en blanco (peronista), el segundo lugar lo ocupó la UCRP, y el tercero, la UCRI, que impugnó su legitimidad. La Convención declaró la nulidad de las reformas de 1949 y solo pudo aprobar el artículo de los derechos sociales (14 bis) antes de disolverse.

Convocadas las elecciones presidenciales, triunfó Frondizi; el peronismo excluido se volcó en parte a él, de acuerdo a un pacto previo con Perón. Con un clivaje social irresuelto –no lo sería por largo tiempo– el nuevo presidente debió enfrentar años de un difícil equilibrio, y no lograría completar su mandato.