La búsqueda de chicos apropiados durante la dictadura empezó siendo individual, pero enseguida se transformó en colectiva. Más tiempo llevó que el Estado se hiciera cargo de una de sus misiones fundamentales: impartir justicia. En los 80 se resolvieron los primeros casos. En los 90, pese a las leyes de impunidad que paralizaron los juicios, la búsqueda de nietos y nietas siguió, apoyada por la creación de la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad). En 2012, la Justicia confirmó que la apropiación de niños fue un plan sistemático diseñado por la dictadura. Ese mismo año se creó la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado dentro del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Pablo Parenti.

–¿Cómo fue el origen de la Unidad?

–Abuelas de Plaza de Mayo había detectado problemas y demoras a nivel judicial. Desde el momento en que se hacían las denuncias en los juzgados hasta que se llegaba al estudio de ADN se tardaba casi dos años. Hoy ese plazo se redujo a menos de la mitad. Existía la necesidad de hacer algo a nivel del sistema de justicia para agilizar la resolución de los casos. Y no solo agilizar, sino mejorar el funcionamiento. Esto se veía desde la Unidad de Coordinación para los Juicios de Lesa Humanidad, porque, si bien formaba parte de la agenda de derechos humanos, la forma de trabajo que buscamos es bastante distinta al resto del mundo de lesa humanidad. Acá buscamos desaparecidos con vida. Las medidas de prueba que hay que hacer son muy diferentes de las que se emplean al investigar un centro clandestino de detención.

–¿Cuáles fueron las primeras medidas?

–Lo primero que hicimos fue un protocolo de actuación dirigido a todos los fiscales del país, con una enumeración de medidas recomendadas para investigar estos casos. Además, se creó esta Unidad. Ahí se fijaron varios objetivos. Por un lado, estaba la necesidad de mejorar la respuesta judicial, tanto en términos de tiempo como de calidad. Por ejemplo, la forma de llevar a cabo las audiencias con las personas a las que se cita por dudas sobre su identidad: hacerlo en condiciones adecuadas y con un enfoque interdisciplinario. Este protocolo fue una referencia para los operadores judiciales.

–¿Y luego?

–La Unidad se transformó en la puerta de entrada de las denuncias al sistema judicial. También empezamos a hacer investigaciones preliminares, facultad que tenemos los fiscales. Se trata de una investigación inicial para determinar si el caso tiene fundamento o se puede descartar. Cuando hay cierta verosimilitud, se agregan elementos probatorios que lo robustecen. En pocos meses, la Unidad empezó a descartar hipótesis, evitando que el sistema judicial se ocupara de causas sin justificación. En otros casos, cuando había una hipótesis sólida, se remitían a los juzgados y fiscalías competentes, ya con información más completa. Esto permitió que los tribunales fueran directamente a la audiencia para realizar el examen de ADN. Todo esto aceleró muchísimo los tiempos. Por otro lado, el protocolo y la colaboración de ciertas instituciones facilitaron los trámites, y los operadores judiciales se habituaron a este tipo de medidas, difíciles en principio, como informar a alguien que hay dudas sobre su identidad y que debe dar una muestra de ADN.

–Una particularidad de estos casos es que las víctimas, en un primer momento, no se autoperciben como tales.

–Este es uno de los delitos más particulares en ese sentido. Generalmente, uno sabe que fue víctima de un delito. Pero aquí la víctima está encerrada en una cárcel inmaterial, formada por una verdad construida: que nació en esa familia y que no tiene pistas para cuestionarlo. Muchas personas se enteran a través de nosotros y comienzan a dudar. Las respuestas son muy variadas: algunas personas ya sospechaban, otras nunca lo habían hablado, y algunas nunca se animaron a dar el paso por temor a las consecuencias para las personas que los anotaron como propios, con quienes tenían lazos afectivos. Por eso, la intervención del equipo interdisciplinario de asistencia judicial de la Conadi es fundamental.

–Hablamos del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Conadi… ¿Cómo lo ves en el contexto actual de recortes de presupuesto y ataques discursivos?

–Desde la nueva gestión de gobierno se percibe un debilitamiento de instituciones orientadas a la búsqueda, fundamentales para nuestra tarea. No solo impacta en la búsqueda de niños, sino también en la investigación de lesa humanidad en general. Por ejemplo, se desmanteló el grupo de investigación del Ministerio de Defensa, que había sido fundamental estos años. No lo digo solo yo: 36 fiscales firmamos una carta dirigida al Procurador, transmitida al Ministerio de Defensa, señalando la enorme pérdida que representaba no contar con ese equipo de investigación. Lo mismo ocurrió con la Conadi, que sufrió reducción de personal y funciones. Además, los discursos acompañaron estas medidas: muy injustos con los trabajadores y con sus funciones. Se cesanteó a personas con años de formación y experiencia profesional. Recuerdo también que el Ministerio de Seguridad negó información a la Conadi y la acusó de ser un organismo militante, un discurso totalmente injusto y falso. Esta institución cumple un papel definido por la ley. Su trabajo ha sido valorado y validado por decenas de jueces y fiscales a lo largo de los años.