Hasta el momento, el saldo del gobierno de Milei en lo que se refiere a empresas y trabajadores formales muestra una pérdida de 15.564 empleadores y la destrucción de 223.537 empleos registrados, con salarios, para los que lo mantienen, en promedio un 5,5 por ciento menores a los de noviembre de 2023, es decir previo al cambio de gobierno.

Las cifras fueron difundidas recientemente por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos oficiales del Indec y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) relevados entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, último dato disponible. Por su parte, el propio Indec mencionó que el año pasado la economía se contrajo un 1,7 por ciento, mientras que a junio de este año el índice había caído 1,3 por ciento, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del propio Indec, que contabilizó además cuatro meses de caída y solo dos de suba, mientras que la producción industrial manufacturera se encontraba para junio un 6,6 por ciento por debajo del promedio de 2023 y 9,1 por ciento por debajo de junio de 2023.

Estas muy negativas cifras podrían evidenciar el fracaso del programa económico para casi cualquier gobierno, pero el de Javier Milei ha sostenido que su proyecto de desarrollo no debe medirse por estos guarismos, sino por un equilibrio fiscal que posibilitaría, en un hipotético largo plazo, tanto anular la inflación como generar condiciones de inversión que permitan un crecimiento sostenido de la economía, algo que no sucede desde los gobiernos de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, cuando la economía alcanzó subas del 10 por ciento anual. De hecho, muchos votantes que acompañaron su “motosierra” mantienen su apoyo señalando que la caída en los ingresos de trabajadores y jubilados, así como el cierre de empresas y mayor desempleo registrado, son el necesario y doloroso preludio para un futuro de crecimiento y desarrollo sostenible. Señalan, incluso, que el costo en vidas truncadas por el desempleo, es decir la exclusión social en los términos del capitalismo, y de vidas mismas, por el descenso en los controles salud y la provisión de medicamentos, resultan un elemento secundario frente a la futura reducción de la pobreza, que alcanza hoy al 50 por ciento de los argentinos.

Problemas metodológicos y operativos

Existe un elemento filosófico que pone en cuestión este razonamiento: mientras que la pérdida de vidas, de empresas, de empleo registrado y la disminución de los ingresos son un elemento medible y cuantificable, el futuro crecimiento es una proyección teórica, imposible de comprobar, y que de hecho jamás se ha podido observar en la Argentina durante anteriores gobiernos que aplicaron programas de ajuste y recesión. Y es que, en efecto, la historia económica argentina nunca ha exhibido que la destrucción de empresas y puestos de trabajo derive en su contrario, sino que más bien originó el círculo vicioso de una creciente menor actividad económica.

Frente a este registro histórico, quienes mantienen su defensa al gobierno sostienen que si bien anteriores programas de ajuste y recesión condujeron como en la actualidad a la destrucción de empresas y puestos de trabajo, y con ello a fuertes crisis sociales, en la actualidad sería diferente por la sujeción estricta al equilibrio fiscal, algo que no se observó en el pasado. Pero es aquí mismo donde también se evidencia un problema operativo, debido a que el equilibrio fiscal está sustentado en el diferimiento de pagos antes que en su cumplimiento mediante la recaudación tributaria.

El primero de ellos corresponde a las transferencias a las provincias obligatorias por la ley de coparticipación federal. De acuerdo con el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, vinculado a la Universidad Nacional de Rosario, el gobierno nacional retuvo 4,5 billones de pesos que recaudó en impuestos coparticipables y debía transferir a las provincias. Esto implicará futuros juicios que, en base a la legislación actual, en algún momento el gobierno deberá transferir. Pero sin duda el punto más sensible se refiera a los intereses de la deuda pública, que mediante una modificación contable dejaron en gran medida de abonarse mensualmente para ser transferidos a los vencimientos. Y es que mediante nuevos instrumentos como las Letras Del Tesoro Nacional Capitalizables (Lecaps) o los Bonos Capitalizable (Boncap), los intereses que implica la nueva deuda ya no se abonan mensualmente sino que se transforman en capital, que se suma a la deuda original que debe abonar el Estado. En cifras, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Finanzas y presentados también por el FMI, el monto de intereses capitalizados hasta julio de 2025 ascendió a 17,85 millones de millones de pesos, es decir cerca de 13.500 millones de dólares que no fueron computados como déficit, pero que, al igual que la transferencia a las provincias, deberá ser abonado en el futuro. De hecho, según el CEPA, de haberse abonado los intereses correspondientes durante los primeros siete meses del año, el resultado financiero hubiera pasado de un superávit de 2,93 millones de millones de pesos a un déficit de 14,78 millones de millones de pesos.

La comparativa exhibe incluso que si se hubieran destinado estos intereses, tanto abonados como capitalizables, a las jubilaciones, estas podrían haber aumentado un 50 por ciento, ya que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en jubilaciones y pensiones fue de 30,1 millones de millones de pesos acumulados hasta julio.

En cualquier caso, el programa económico actual no se vincula con mejorar ingresos, empleo ni la actividad industrial, sino con alcanzar el equilibrio fiscal como vía de un descenso de la inflación y supuesto desarrollo sustentable. Pero como se puede ver, tampoco ello se está logrando.