En su discurso de asunción, Raúl Alfonsín pronunció una de sus frases más recordadas: “La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. En esas palabras de Alfonsín emergió una nueva concepción sobre las políticas sociales como derechos promovidos por la democracia. A pesar de que en la Argentina las banderas de los Derechos Humanos quedaron fuertemente asociadas a la reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, en la transición a la democracia los alimentos, la salud, la vivienda y la educación también empezaron a ser conceptualizados como derechos que el nuevo régimen debía proteger. Porque, justamente, la dictadura no solamente violó los derechos a la vida y a la libertad, sino que también sumió al país en la pobreza, la enfermedad y la desnutrición.

Cuando Raúl Alfonsín asumió el poder el 10 diciembre de 1983, el 27,7 por ciento del total de la población del país tenía sus necesidades básicas insatisfechas. En este contexto, el gobierno impulsó diferentes iniciativas con el fin de enfrentar las consecuencias políticas, sociales y económicas de la dictadura en retirada. Una de esas iniciativas fue el Programa Alimentario Nacional (PAN) de 1984, que constituyó la primera política social masiva y focalizada de la posdictadura con el objetivo de paliar el hambre y la desnutrición que había empezado a impactar fuertemente en la periferia de las grandes ciudades del país. La llamada Caja PAN consistía en 14 kilos de alimentos no perecederos entre los cuales podía haber leche en polvo, aceite o grasa, fideos, polenta, harina de trigo, corned beef (carne en conserva), azúcar, arroz y porotos. La caja cubría el 30 por ciento de las necesidades nutricionales de una familia tipo. El PAN fue un programa que efectivamente tuvo una llegada masiva a los hogares más pobres. Desde 1985, fueron entregadas anualmente cerca de 15 millones de cajas a un millón y medio de familias.

El PAN generó fuertes críticas en diferentes sectores por considerar que el reparto de alimentos era un acto más de beneficencia y asistencialismo por parte de un “Estado paternalista”. Sin embargo, a estas críticas el gobierno contrapuso nuevos conceptos sobre la política social, y las prestaciones empezaron a pensarse como derechos humanos y no como “dádivas” o “limosnas”. Así, en la transición democrática aparece una novedad: la relación entre Estado de derecho y cuestión social. Sin embargo, la tensión entre estos sentidos de la asistencia social siguió y sigue aún hoy atravesando el debate público.

CAJAS PAN

Al accionar de la dictadura que violó el derecho al alimento se le respondió con el muy visible reparto masivo de cajas PAN, que llegaban a todos los rincones del país y que no solo llevaban alimentos básicos sino también ideas democráticas como la solidaridad, el compartir y la comunidad. El objetivo era combatir el hambre y la subalimentación, pero también la inmoralidad.

En la apertura democrática se intentó romper con el modo de gestionar la política pública de arriba hacia abajo y se buscó involucrar de una nueva manera activa a los pobladores y beneficiarios. La democracia ya no se pensaba solamente en su dimensión formal sino también en su aspecto sustancial, es decir, los ciudadanos debían participar en las urnas, pero también en las calles y en los barrios. Así, se alentaron formas diversas de participación popular en los asuntos públicos. Por ejemplo, los Agentes PAN, que eran el rostro público del programa y llevaban adelante las operaciones cotidianas de reparto de cajas con alimentos, se reclutaban en las propias comunidades o barrios en los cuales trabajaban.

Estas ideas sobre la política pública también atravesaron otras iniciativas. En la provincia de Buenos Aires, distrito más densamente poblado del país donde el problema de la vivienda y el mercado de tierras se habían agravado notablemente durante la última dictadura, los gobiernos nacional y provincial intervinieron para regular las relaciones entre compradores y vendedores, y la ocupación del suelo. En este marco, también se promovió la participación de las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas y mutuales en la toma de decisiones en los barrios de loteos. De esta manera, la urbanización popular que había estado tradicionalmente en la agenda política del peronismo también fue recuperada por el gobierno de Alfonsín.

POLÍTICAS EDUCATIVAS

En el área de las políticas educativas, este servi- cio fue considerado un derecho humano que el Estado debía sostener y orientar, y su fundamento debía ser el afianzamiento de la democracia. En este sentido, era importante democratizar el sistema educativo y eliminar los vestigios de autoritarismo heredados de la dictadura. Para llevar adelante estas transformaciones se convocó un Congreso Pedagógico Nacional en 1986 en el que se esperaba que participaran los docentes y la comunidad en su conjunto. Diferentes sectores interesados (empresas, corporaciones, Iglesia) se involucraron en el debate, pero la amplia participación popular anunciada no fue promovida. A su vez, el gobierno intentó acotar la participación de la Confederación de Trabaja- dores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en el Congreso Pedagógico.

La limitación del poder sindical, que se impulsó en la llamada “Ley Mucci”, también supuso el intento de reforma del sistema de obras sociales bajo control sindical. El proyecto de Aldo Neri, por entonces ministro de Salud y Acción Social, proponía que las obras sociales tuvieran una organización jurídica, financiera y administrativa independiente del sindicato, y que el Estado regulara sus actividades.
Ambos proyectos encontraron una contundente oposición sindical y de los prestadores privados de salud, y fracasaron.

La política social “en transición”, en este sentido, supuso el naufragio de algunos proyectos –como la ley de obras sociales– pero también inauguró un nuevo marco referencial para pensar las prestaciones sociales bajo el paradigma de los Derechos Humanos que aún hoy, 42 años después, continúa pugnando en el espacio público con otros sentidos como “asistencialismo”, “beneficencia” o “corrupción” que buscan restar recursos materiales y simbólicos al bienestar social.