Reunidos por la tragedia, comenzaron a trajinar un camino sembrado de obstáculos y sinsabores, que aún continúa. En reclamo de justicia, sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón se agruparon en distintas organizaciones, que fueron mutando con el tiempo por cuestiones circunstanciales y no pocas diferencias de criterio.

Tempranamente, se conformaron cuatro agrupaciones. La Comisión de Familiares de Víctimas de Cromañón (Cofacrom) fue uno de esos grupos pioneros, motorizados por el dolor de Mariana Márquez, madre de Liz, fallecida ese 30 de diciembre. Márquez nunca pudo superar el duelo y se fue tempranamente afectada por la aceleración de un cáncer. Entonces, el grupo se reconvirtió en la Asociación de Víctimas por la Inseguridad Social en la Argentina (Avisar). Siempre tuvieron su punto de pertenencia en La Matanza, de donde provenían muchos fans de Callejeros.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, se formaba el Grupo Paso, que tenía su local sobre esa calle del barrio de Once. Desde Paso, se impulsó el debate a partir de charlas y publicaciones entendiendo Cromañón como un hecho social, político y cultural. Con esa impronta, entablaron conexiones con víctimas de los atentados de Atocha (España) y del incendio del shopping Ycuá Bolaños (Paraguay), contemporáneos de Cromañón.

Además de esos tres grupos, se fueron deshilachando por el camino APHAC (Asociación de Padres e Hijos Asesinados en Cromañón) y Memoria y Justicia por Nuestros Pibes, que dejaron de tener entidad.

La única agrupación que se continúa en el tiempo, con personería jurídica y establecida como ONG, es Familias por la Vida, cuya directora y cara pública es Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez, fallecido en el siniestro de fines de diciembre de 2004.

“La formación de la Asociación Civil Familias por la Vida fue casi inmediata, cuando nos dimos cuenta de que éramos pequeñas hormi- guitas luchando contra tres poderes gigantes: el poder económico, el poder político y el poder judicial. Entonces, la única forma era organizarnos y juntarnos, empezar a conocernos y, bueno, con todas las diferencias que cada uno tenía –reconoce Gómez–. Fuimos muy cautos con respecto a lo que pensaba cada uno sobre los responsables, cuestión de no tener muchas diferencias. Y, en realidad, todos los que nos fuimos quedando en la Asociación formamos parte, obviamente, de un movimiento, el Movimiento Cromañón, que incluye a todos: las distintas organizaciones y, aun aquellos que no pertenecen a ninguna organización, también son parte del Movimiento Cromañón.”

La ONG creció en proyección con su incorporación al organigrama del Gobierno de la Ciudad, y su referente fue invitada a participar como asesora de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri.

“Respecto de estar en el organigrama del Gobierno de la Ciudad, creo que eso favorece de alguna manera porque permite que la gente pueda denunciar irregularidades de manera más ágil (tienen asignado un 0800) y eso es realmente importante –apunta–. Sin embargo, en términos de ayuda económica, no recibimos ningún tipo de aporte. Los únicos ingresos que sostienen a la Asociación provienen de las propias víctimas, que pagamos una cuota mensual para cubrir los gastos básicos”, se desmarcan de ciertas suspicacias.

Independientemente de cualquier cuestionamiento, Familias por la Vida viene desarrollando una intensa actividad y proyectos con vistas a futuro, como la firma de un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para discutir el destino del santuario de Cromañón como espacio de memoria.

“Seguimos trabajando con la Universidad Siglo 21 con un convenio de pasantías, donde los pasantes de distintas carreras hacen una materia que tiene que ver con lo social, y vienen a la ONG a cumplir una determinada cantidad de horas, y así ayudan en muchísimas tareas que no solamente tienen que ver con lo legal, sino también atender a la gente o presentar proyectos que son de ayuda a la comunidad”, agregan.

Destacan también el convenio firmado con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) “para capacitar a las personas que trabajan en boliches, como son los mal llamados patovicas, en derechos humanos y respeto por los derechos de las personas, promoviendo un enfoque preventivo en lugar de la violencia”, se explaya Gómez.

LAS TRIBUS CALLEJERAS

Los sobrevivientes directos de la tragedia constituyen un muestrario atomizado de voluntades e interpretaciones, agrupadas en bandos a veces distantes.

“Las divisiones fueron al principio, porque algunos defendíamos la inocencia de la banda y otros optaron por el camino de la violencia, como tirarle huevos a Estela de Carlotto. Nosotros creemos que el mayor responsable es el Estado, que permitió que ese lugar estuviese abierto –señala Diego Cocuzza, enrolado en No Nos Cuenten Cromañón, toda una definición–. Se dio así porque en 2006 se empezaron a decir muchas cosas en los medios que no eran ciertas y nos agrupamos para hacer un cartel que decía justamente ‘No nos cuenten Cromañón. Nosotros lo vivimos’, que fue firmado por cientos de sobrevivientes y lo pegamos por toda la ciudad. Después, con esa misma gente seguimos desarrollando actividades y visibilizando la lucha, y terminamos adoptando como nombre la consigna del cartel.”

Desde su visión, el acto más representativo será el que están organizando para el lunes 30 de diciembre en el Obelisco, “En honor a la verdad”, con música en vivo y “grandes artistas invitados”. Ponen énfasis en diferenciarse del homenaje que preparan desde el ámbito de familiares, cuyas formas no comparten.

Otras agrupaciones que enarbolan banderas reivindicativas son la Organización 30 de Diciembre, Ni Olvido Ni Perdón, Movimiento Cromañón, Sin Derechos No Hay Justicia, Que No Se Repita y El Camino Es Cultural, que convoca a su propio acto en la Estación Tapiales, para el domingo 29, bajo la premisa “Cromañón 20 años. La memoria no se mancha”.