Horacio González explicaba que la tragedia es lo que los protagonistas no pueden evitar, que opera a través de un designio que escapa a la voluntad de las personas. Edipo es una tragedia. Lo que ocurrió el 30 de diciembre ocurrió porque muchas personas no hicieron o hicieron mal aquello que debían hacer, no por un destino inevitable.

El impacto que causó obligó al gobierno de la ciudad a tomar decisiones rápidas. Se suspendieron las actividades en locales nocturnos por 15 días y definieron una serie de medidas en relación con la prevención de incendios. En febrero de ese año emitió tres decretos de necesidad y urgencia vinculados a la actividad cultural y del esparcimiento. El decreto 1/2005 reglamentó la prohibición de recitales en locales bailables y definió estrictas condiciones para su habilitación, además de crear una agencia municipal dedicada al registro de los mismos. Unos días después el DNU 3 indicaba que “surge la necesidad de generar una nueva norma que, teniendo como eje la actividad aporte efectividad y transparencia en todo lo que se refiere a habilitaciones, capacidad de sala, medios de egreso, previsiones contra incendio y primeros auxilios”.

En su conjunto los decretos de febrero de 2005 definían las diferentes categorías de los espacios, regulaban las actividades que se podían realizar, especificaban las condiciones para la habilitación y los mecanismos de control. En ellos están las claves de todas las normativas post-Cromañón: clasificación de los espacios, régimen de habilitación y de control y sanción.

Se creó la figura de clubes de cultura, en lo que fue el primer paso para considerar los espacios más pequeños e independientes, cuestión que siguió profundizándose con el correr del tiempo. Soledad Martínez, referente de la organización Abogados Culturales, explica que antes de Cromañón no existía ni la figura del centro cultural, sino que todos eran “boliches”, denominación que incluía a espacios completamente disímiles. “El mundo de las regulaciones vinculadas a la nocturnidad vino a partir de lo que pasó con Cromañón. Cada una de las leyes y requisitos vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país tienen que ver con las cosas que fallaron ahí”, explicó Martínez.

REGULACIÓN Y DESPUÉS

Las regulaciones no son por sí mismas la solución a los problemas. Son herramientas de prevención que son eficaces en la medida que tengan una redacción adecuada a cada espacio –por su dimensión y la naturaleza de su actividad–, que las agencias estatales tengan capacidad real de controlar su cumplimiento, y que las leyes surjan de una búsqueda en común entre el Estado y los particulares organizadores. Mauricio Macri creó la Agencia Gubernamental de Control en 2007, y a pesar de esto durante su período como jefe de gobierno ocurrieron dos eventos en los que murieron personas jóvenes que participaban de los mismos: son los casos del bar Beara, en 2010, y de la fiesta Time Warp, en Costa Salguero en 2015. La política porteña durante esos años fue de persecución a los espacios independientes, sin búsqueda de promover el conocimiento de gestores y público de los cuidados necesarios.

“Por un lado era necesario romper con la idea de que la gente se descontrola con la música y de que los lugares eran peligrosos. No es lo mismo un centro cultural donde hay personas sentadas comiendo una empanada y escuchando una peña folklórica que un recital donde van 50.000 personas”, explica Martínez sobre el trabajo que se hizo durante años subsiguientes para adaptar los requerimientos habilitantes. “Los centros culturales independientes necesitaban que no les pida un camión con 50 bomberos o 20 personas para el plan de evacuación cuando había 30 personas dentro del lugar”.

Según Gerardo Bacalini, secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, los cambios normativos pueden resumirse como modificaciones a la prevención de incendios y los mecanismos de habilitación e inspección, pero no más que eso. “En nuestra actividad no hubo normativas nuevas que hayan cambiado sustancialmente los problemas que existían. Siguen habiendo accidentes, obviamente no de la envergadura de Cromañón, pero hace unas semanas murió una persona en un recital de música por una estructura que colapsó”. Según Bacalini el problema “trasciende a las normativas que pueda haber o que se puedan aplicar porque es cultural”: así como Taylor Swift suspende un concierto para proteger a los técnicos y el público, otros artistas ante una situación similar deciden seguir adelante con la agenda.

Lo que ocurrió en Cromañón fue sin dudas una bisagra en la legislación, pero también en la conciencia de productores de grandes eventos y de la nueva generación de gestores culturales sobre los peligros potenciales para la vida de las personas. Hoy existen reglamentaciones específicas para los distintos espacios y eventos, sin embargo que no vuelvan a ocurrir desenlaces fatales depende de que organizadores, policía y funcionarios municipales las cumplan. “Si esa noche las medidas correspondientes de prevención hubieran estado tomadas, seguramente hubiéramos hablado del pibe que tiró una bengala como alguien que le tenía que pagar los daños a quienes manejaban Cromañón y nada más. Pero todo confluyó para que todo saliera mal”, concluye Martínez.

Todos sabemos hoy que lo que ocurrió esa noche era evitable. Cromañón no fue una tragedia, fue una masacre. Construir memoria es un modo de evitar que otros jóvenes sean víctimas del negocio de unos pocos.