Desde que en 1878 la primera huelga de la Unión Tipográfica consiguió poner un límite a la jornada laboral logrando diez horas en invierno y doce en verano, los trabajadores iniciaron una larga lucha para ser reconocidos como sujetos de derecho.

Durante la segunda presidencia de Julio A. Roca, el ministro del Interior, Joaquín V. González, le encargó al médico, abogado e ingeniero agrónomo Juan Bialet Massé que hiciera un estudio de la situación de los trabajadores en todo el país. Porque eran muchas las huelgas y estallidos y se repetían los atentados anarquistas como respuesta a las injusticias laborales y sus consecuencias para la vida cotidiana. Hasta entonces, lo único que se les ocurría a los gobiernos era la represión. En 1902, se sancionó la Ley de Residencia, que permitía echar del país a los extranjeros. La mayoría de las protestas estaban conducidas por trabajadores inmigrantes, y por eso directamente se los deportaba. Pero el problema seguía sin solución.

Por eso, un sector de reformistas liberales como González y Carlos Pellegrini, intelectuales como Ernesto Quesada y Miguel Cané, y socialistas como José Ingenieros y Leopoldo Lugones sostuvieron que era necesario estudiar cómo resolver la cuestión, más allá de los palos y los tiros.

Bialet Massé recorrió toda la Argentina. Se metió en los ingenios azucareros del norte, en los quebrachales del litoral, en los puertos, en las estancias, en las fábricas, y hasta practicó algunas de esas tareas. En su informe fue apareciendo la situación de los trabajadores: hombres, mujeres, niños, indígenas e inmigrantes de los distintos ámbitos laborales.

En las fábricas, el día de trabajo podía llegar a doce horas. En el campo se extendía de sol a sol. En los ingenios, en época de cosecha se trabajaba durante 14 horas y, además, se pagaba con fichas que solo se podían canjear en las proveedurías del mismo ingenio.

“Son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que las ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando esta pasa de un límite racional; y mucho menos los que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, lo mantienen en la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término”, escribió Bialet Massé en su informe.

LA PRIMERA LEY

El 30 de abril de 1904, entregó el primer tomo de su investigación, que tituló “Informe sobre el estado de las clases obreras en la República Argentina”. Luego agregó otros dos. Sobre este estudio González elaboró una Ley Nacional del Trabajo y la presentó en el Congreso. Estaba al nivel de las legislaciones más avanzadas del mundo, pero fue rechazada por los sectores industriales y también por diversos gremios. Era demasiado extrema para las patronales y muy restrictiva para los sindicatos.

No obstante, González logró que el Congreso tratara la primera norma laboral que se registra en la Argentina, la Ley 4.661, sancionada en 1905, que estableció el descanso dominical. Es considerada la “primera ley obrera”. Inicialmente se aplicó en la ciudad de Buenos Aires y después se fue extendiendo a las provincias.

En 1907 se promulgó la Ley 5.291, que reguló el trabajo de mujeres y niños. Prohibía la contratación de niños menores de 10 años. En 1929 se sancionó la Ley 11.544, que dispuso que la jornada laboral no podía superar las ocho horas diarias o las 48 horas semanales.

Sin embargo, los gobiernos que se sucedían seguían apelando a la represión de las protestas. En 1910, cuando se celebró el Centenario de la Revolución de Mayo, la fiesta se realizó bajo estado de sitio. El 27 de mayo de 1910 se aprobó la Ley 7.029 de “defensa social”, que establecía medidas represivas contra el movimiento obrero, como la prohibición de asociaciones o reuniones sin autorización policial y penas por la difusión de doctrinas anarquistas. Es decir, creían que debían defenderse de los trabajadores que se quejaban por la explotación.

En 1932, se sancionó la Ley 11.640, que dispuso el cese de la jornada laboral los sábados después de las 13. Al año siguiente, se votó la Ley 11.723, que estableció indemnizaciones y vacaciones pagas pero solo para el comercio. Recién en 1945, por decreto el 1.740, el entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan D. Perón, generalizó el derecho de vacaciones para todos. También en 1945, por decreto, se establecieron el sueldo anual complementario y el salario mínimo, vital y móvil.

LA ERA DE LOS DERECHOS

Los tiempos habían cambiado. A partir de 1943, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón comenzó a revertir la situación de los obreros con aumentos salariales, pero también con mejoras en las condiciones de trabajo. En poco tiempo, dos años, se sumaron cantidades de derechos a los que se habían conseguido en más de treinta años. Se comprende, entonces, el masivo apoyo de los trabajadores en la jornada del 17 de octubre de 1945, en la que rebalsaron la Plaza de Mayo para exigir la libertad de quien les había mejorado la vida.

Cuando Perón ganó la presidencia en 1946, aquellos decretos fueron convertidos en leyes del Congreso de la Nación. El 21 de septiembre de 1946 se promulgó la Ley 12.921, que incorporó a la legislación nacional los 123 decretos dictados entre 1943 y 1946, entre ellos, el estatuto del periodista, el del peón de campo, el del médico, el referido al conchabo de los braceros, que por primera vez obligó a las grandes empresas propietarias de ingenios a tratar a los cañeros como hombres dignos; el laudo de los
gastronómicos, con la supresión de la propina para contribuir a la dignificación del trabajo mismo; el salario vital mínimo, salario básico y aguinaldo; las vacaciones pagas y obligatorias; la justicia del trabajo y la creación del Instituto de Previsión Social, entre otras normas.

Además, en 1949, se sancionó una nueva Constitución en la que se incluyeron los derechos de los trabajadores: derecho a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, a la seguridad social, a la protección de sus familias. Pero, además, se reemplazó el concepto liberal-capitalista por el cual cada uno con su capacidad de trabajo era considerado una mer-
cancía a ser ofertada en el mercado, por una idea social del trabajo como motor de las conquistas sociales y fundamento del crecimiento de la comunidad.

Los gobiernos peronistas de entonces hicieron realidad lo que Bialet Massé había afirmado casi medio siglo antes: el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría de quienes lo ejecutan.