La Ley de Empleo 24.013, sancionada en noviembre de 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, fue la ley de reforma laboral más importante de la década del 90 en la Argentina y formó parte de una ola mundial reformadora de las condiciones de prestación del trabajo. Cientos de millones de puestos de trabajo se trasladaron offshore, buscando países con bajos salarios, impuestos irrisorios y pocas o nulas regulaciones ambientales y laborales, en lo que dio en llamarse “competencia a la baja”. La “reforma laboral” fue desde ese momento uno de los principales componentes de los “ajustes” periódicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional.

No es casual que el título de la ley remita al “empleo” y no al “trabajo”. La palabra “empleo” se refiere al uso que un empleador –generalmente una empresa– hace del trabajo que realiza un trabajador o una trabajadora. Emplear es usar. El foco ya no está puesto en el trabajo, ni en la persona que trabaja, ni en sus derechos o su dignidad, como pasaba antes, sino en su utilidad para la empresa que emplea su trabajo.

Este desplazamiento del trabajo al empleo es una de las características del modelo neoliberal, que se volvió dominante en la década del 80 y se globalizó en la década siguiente, y tuvo como principales exponentes a Milton Friedman y la Escuela de Chicago.

El fin de la “cultura del trabajo” llegó acompañado de las privatizaciones, el rechazo del rol igualador del Estado y el hiperdesarrollo de la actividad financiera, convertida en un único sistema mundial gestionado desde los Estados Unidos y Europa. “Nadie se hace rico trabajando” fue la frase de cabecera del momento.

Cuando la ley fue sancionada tenía 160 artículos. Su objetivo central fue “flexibilizar” el trabajo de modo tal que las empresas pudieran “ajustar” sus plantillas, como forma de adecuarse rápidamente al sube y baja de los mercados financieros. Dicho de otra manera, la intención de fondo de la ley fue trasladar el riesgo empresarial a los trabajadores y trabajadoras.

La principal reforma de la ley fue establecer múltiples modalidades precarias de empleo, que la gente bautizó como “contratos basura” (por tiempo determinado, por lanzamiento de nueva actividad, práctica laboral para jóvenes, trabajo-formación, temporada, eventual por agencia, a prueba, etcétera), dividiendo al personal entre “permanentes” y “contratados”.

Hay que decir que la ley debió aceptar la importancia que tienen los sindicatos en el sistema de relaciones laborales argentino y estableció múltiples mecanismos basados en la negociación colectiva y el diálogo social, desde la fijación tripartita del salario mínimo, vital y móvil para todo el país, hasta la previa consulta a los sindicatos en casos de despidos colectivos, o los procedimientos preventivos de crisis de empresas con el requisito de tener que contar con el acuerdo sindical. Pero también reorientó la negociación colectiva hacia el nivel de empresa, fragmentando aún más el colectivo laboral.

LIBERALISMO SALVAJE

La intención del gobierno de Menem era establecer formas de empleo precarias, pero no informales, razón por la cual estableció indemnizaciones (mal llamadas “multas”) en caso de falta de registro. Pero ni los empleadores ni el propio Estado tomaron ese rumbo, y directamente optaron por incumplir la ley, para bajar costos recurriendo a la informalidad total o parcial (conocido como “trabajo en negro”), prefiriendo asumir el riesgo de tener que pagar las “multas” cuando les iniciaran juicio antes que realizar aportes a la seguridad social (jubilaciones), las obras sociales (salud) y las cuotas sindicales.

Fuera de la Ley de Empleo quedó un cada vez más amplio sector social excluido por las reformas de los 90, desde el desempleo estructural que dio origen a los grupos piqueteros y la economía popular de supervivencia, hasta el trabajo no remunerado de las mujeres, la creciente cantidad de personas que nunca podrán jubilarse y el aterrador fenómeno del comercio de drogas como la única fuente de empleo creciente para miles de jóvenes.

Cuando la Ley de Empleo fue sancionada, aún se hablaba del “pleno empleo” como un objetivo central de la política económica; el desempleo masivo y la pobreza estructural casi no existían, y la criminalidad en la Argentina se encontraba entre las más bajas del mundo. Cuando la larga década del 90 voló en mil pedazos, en diciembre de 2001, la desocupación afectaba a uno de cada cuatro argentinos; el trabajo no registrado (sin obra social ni aportes jubilatorios) se había duplicado, llegando al 50 por ciento, igual que
la pobreza; la criminalidad se había multiplicado por veinte, y la histórica clase media trabajadora argentina había desaparecido.

Luego de la Ley de Empleo hubo varias reformas laborales más. El mundo del trabajo también ha cambiado mucho, al punto de que los Estados Unidos desde hace una década están embarcados en una política de recuperación subsidiada de los puestos de trabajo que en los 90 fueron trasladados offshore, la mayoría de ellos hacia los países de Asia oriental. Durante los gobiernos de Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina, mejoraron mucho los indicadores del mundo del trabajo, pero la fragmentación y la precariedad de los 90 no llegaron a desaparecer. Después de 2015, el deterioro del mundo del trabajo es muy visible en todos los indicadores, al punto de que el propio Ministerio de Trabajo fue suprimido, exteriorizando una decisión: que la cultura del trabajo ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno.