El 11 de marzo de 1973 triunfa la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) integrada por dos dirigentes históricos del peronismo: Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, quienes asumen el gobierno con una Plaza de Mayo colmada de júbilo el 25 de mayo. Luego de un primer viaje de retorno que se había concretado en noviembre de 1972, Perón regresaba definitivamente al país el 20 de junio del 73. Pero lo que había sido pensado como un reencuentro feliz y entusiasta del viejo líder con su pueblo se ve frustrado por una batalla campal que culmina en un baño de sangre. Para recibir a Perón se congrega en las cercanías del Aeropuerto de Ezeiza una multitud estimada en cientos de miles. Era la mayor concentración política de la que se tuviera memoria, y en medio de ella se destacaban las columnas de la organización Montoneros junto a otras agrupaciones de la izquierda peronista, que daban muestras de su imponente capacidad de movilización midiendo fuerzas con las aportadas por el sindicalismo agrupado en las 62 Organizaciones. En las cercanías de Ezeiza se produce una balacera cruzada entre las distintas facciones que terminará en una masacre: a medida que se aproximaban al lugar donde se había emplazado el palco para recibir a su líder, quien termina aterrizando en el Aeropuerto de Morón, las columnas de Montoneros, FAR y JP son atacadas por francotiradores, lo que provoca un número nunca establecido de muertes. Perón responsabilizó de los hechos a las organizaciones juveniles de la Tendencia, que así se distanciaron del movimiento peronista y de las estructuras de su gobierno. La JP y el peronismo de izquierda en general se encontraron con que, contrariamente a lo que habían supuesto, Perón defendía a los líderes sindicales y a la ortodoxia peronista y fustigaba duramente a los “grupos marxistas terroristas y subversivos” a los que acusaba de haberse “infiltrado” en el movimiento.
Sin embargo, Montoneros mantenía aún su lealtad y disciplina al movimiento peronista y a Perón: “Quien conduce es Perón, o se acepta esa conducción o se está afuera del movimiento… Porque esto es un proceso revolucionario, es una guerra, y aunque uno piense distinto, cuando el general da una orden para el conjunto [del movimiento], hay que obedecer”. Pese a esta definición de su periódico oficial, El Descamisado, existían importantes diferencias de criterio sobre cómo debía encararse el proceso político que se precipitaba. Varios líderes sindicales habían sido asesinados por las organizaciones armadas acusados de “traicionar al movimiento obrero” durante los años precedentes: Augusto Vandor, José Alonso, Rogelio Coria. Otros, referentes del sindicalismo
combativo, como Agustín Tosco o Atilio López, habían sufrido o sufrirían persecución y muerte.
Culminaba una etapa, “la larga década del 60” signada por la proscripción, el exilio de Perón y la resistencia. Pero era, al mismo tiempo, el prólogo de las sangrientas luchas internas que el peronismo viviría en los años siguientes. El retorno a la legalidad arrastraba consigo un sustrato de ilegalidad y política clandestina que saldría a la superficie en un campo de batallas sin cuartel, a punta de pistola, fusil en mano.

OPERACIÓN TRAVIATA

Apenas 49 días dura el gobierno de Cámpora, quien renuncia a la presidencia el 13 de julio para dar paso a la convocatoria a nuevas elecciones con Perón como candidato. El secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, ocupaba un rol protagónico proclamando “la candidatura del general Juan Domingo Perón para la presidencia de los argentinos” y haciendo un llamado a la unidad nacional. Un mes antes, el 8 de junio, se había firmado el Pacto Social, con la rúbrica del ministro de Economía, José Ber Gelbard, el titular de la Confederación General Económica (CGE), Julio Broner, y Rucci por la CGT. En un clima entreverado de violencia y de esperanzas, se realizan las segundas elecciones presidenciales, en septiembre de 1973, ahora sí con la candidatura de Perón. El abrumador consenso concitado por su figura contrastaba con las violentas disputas de poder en todos los niveles de la actividad política y sindical. Al otro lado de la cordillera, caía el gobierno de Salvador Allende y se imponía a sangre y fuego una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet.
Dos días después del triunfo contundente de la fórmula Perón-Perón, con el 62 por ciento de los votos, Rucci debía grabar en Canal 13 un mensaje sobre el resultado electoral en el que señalaría que “la etapa de la lucha” había sido “superada”. No llegó a pronunciar esas palabras. A las 12.10 de ese martes 25 de septiembre, saliendo del departamento en el que vivía, en Avellaneda 2953, en el barrio porteño de Flores, caía acribillado a balazos cuando se disponía a subir a su automóvil –un Torino rojo– acompañado por sus guardaespaldas. Tenía 49 años. El ministro de Trabajo, Ricardo Otero, y Lorenzo Miguel, el jefe metalúrgico y conductor de las 62 Organizaciones, llegaron al lugar minutos después.
El asesinato de Rucci es bautizado por los medios como “Operación Traviata”, por descargar sus autores tantas balas sobre la víctima, 23, como los agujeros que tenía una popular galletita de la época, según destacaba una publicidad. Al día siguiente, Perón asiste al velatorio y expresa su consternación: “Esos disparos eran para mí, me cortaron las patas”. Adjudicado a la organización
Montoneros, el magnicidio del jefe de la central obrera termina con las ilusiones de una primavera política en el país y es interpretado como una verdadera “declaración de guerra” entre las facciones internas más encarnizadas del peronismo, que invocaban a Perón y Evita en nombre de “la patria socialista”, y las que lo hacían en nombre de “la patria peronista”. A la antinomia peronismo-antiperonismo venía a sumarse un nuevo tajo sobre el cuerpo político del país, al interior del movimiento peronista, entre “leales” y “traidores”. Una experiencia democrática, la del tercer gobierno peronista, ahogada en sangre por la disputa entre revolución y contrarrevolución.