Cincuenta años atrás, dos alternativas políticas estaban en juego: la democrática, que significaría el seguro regreso de Perón al poder, o la dictatorial o de sufragio con proscripción al peronismo, que regía desde el golpe de Estado de 1955. En el plano económico, la primera opción se correspondía con el modelo justicialista de “armonía de clases”, que tenía como centro a los trabajadores enrolados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y a los pequeños empresarios locales de la “burguesía nacional” agrupada en la Confederación General Económica (CGE), lo que la hacía mayoritaria en términos electorales. Por su parte, el correlato económico de la opción militar, representada fundamentalmente por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina SRA), ubicaba como actor privilegiado a aquellos terratenientes que, manteniendo su explotación agropecuaria, se habían diversificado hacia la actividad industrial, generalmente en alianza con el capital extranjero y en industrias monopólicas y orientadas a la exportación, subordinando en su proyecto a trabajadores y pequeños y medianos empresarios nacionales.
El regreso del peronismo bajo el gobierno de Héctor Cámpora, quien debió presentarse por la continuidad de la proscripción del propio Perón, significó la reanudación del inconcluso modelo justicialista, con lo que solo cinco días luego de la asunción de Cámpora, el 30 de mayo de 1973, el titular de la CGE, Julio Broner, y el de la CGT, José Ignacio Rucci, rubricaron el “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social”, conocida luego como Pacto Social, en el que se afirmaba que “en los últimos 18 años el país ha asistido a un proceso de injusta distribución del ingreso, por la cual los trabajadores asalariados que alcanzaron una participación de más del 50 por ciento del ingreso nacional durante el gobierno del general Perón hoy lo hacen en solo el 36,1 por ciento”, incorporando además una fuerte crítica a la presencia dominante del capital extranjero que, señalaban, “tenía como consecuencia la oligopolización y monopolización de la economía”. Acto seguido, ratificaba que el gobierno, la CGT y la CGE se comprometían “a aunar esfuerzos para restituir a los trabajadores asalariados su participación sustraída en el ingreso nacional”.

UN PACTO PARA VIVIR

El Pacto Social fijaba un aumento general de una suma fija de 200 pesos que daba como promedio un alza del 13 por ciento en los salarios medios y hasta un 20 por ciento en el caso de los mínimos, así como un incremento del 40 por ciento en las asignaciones familiares y de un 28 por ciento en las jubilaciones mínimas. Tras estos aumentos, serían congelados los salarios, beneficios sociales, tarifas públicas, carnes, textiles y los precios de productos fabricados por 570 empresas, presumiblemente oligopólicas, durante dos años, además de suspenderse por ese lapso las paritarias y efectuarse una reducción en la tasa de interés para fortalecer la producción. Pero, en rigor, el Pacto Social era solo el comienzo del proyecto peronista. Tras ser electo presidente luego de la renuncia de Cámpora y la posterior convocatoria a elecciones libres, el propio Perón lanzó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977, basado en el trabajo técnico de la CGE con la asistencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, en el que se habían estudiado y elevado propuestas para todas las áreas de la economía argentina, desde el comercio internacional hasta la explotación forestal. El plan incluía una propuesta de veinte leyes –entre sus principales objetivos se contaban los de promover la empresa nacional a través de la ampliación del consumo interno, generar una mayor disponibilidad del crédito público y privado, hacer más progresivo el sistema impositivo, regular la comercialización de granos y carnes, nacionalizar el sistema bancario y lograr la sustitución de importaciones de maquinaria e insumos básicos, como petroquímica y siderurgia–, que fueron remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso, y muchas de ellas fueron aprobadas durante los inicios del gobierno. Siempre bajo las directrices de Perón, la arquitectura tanto del Pacto Social como del Plan Trienal había sido llevada a cabo por los técnicos de la CGE dirigidos por José Ber Gelbard, un inmigrante polaco judío que, luego de desempeñarse como vendedor ambulante, había logrado fundar y liderar, desde 1953, esta organización, que agrupaba y representaba a los pequeños y medianos empresarios argentinos, la “burguesía nacional”.

EL FACTOR GELBARD

Tal como describe su biógrafa, María Seoane, “Gelbard fue un paradigma de la burguesía argentina: no dejó de recurrir a las corporaciones para presionar al gobierno, al lobby para enriquecerse, a la evasión impositiva para defender sus ganancias, a la prebenda estatal o a las prácticas monopólicas para expandir sus empresas (Aluar y Fate), ni dudó en aceptar comisiones por sus buenos oficios. Pero a diferencia de lo que sucedió con la gran burguesía industrial y terrateniente argentina, que ya adhería al fundamentalismo de mercado en los años 60 y 70, Gelbard prefirió las alianzas con la sociedad civil al vicio autoritario de recurrir a los cuarteles. Eligió apostar al desarrollo del mercado interno, criticar la alta concentración de la riqueza y la inequidad y defender un modelo de país industrializado sin exclusiones. No hubo, en esa apuesta de Gelbard, ambigüedad ni secreto”. Según James Brennan, investigador de la Universidad de Harvard, “Gelbard había logrado construir un emporio que además formaba parte de un poderoso grupo industrial. Sus contactos con el Estado habían dado beneficios en el pasado y eran esenciales para el futuro, [pero al mismo tiempo] Gelbard y su equipo económico estaban genuinamente preocupados por elevar el nivel de vida de los trabajadores, como parte de un proyecto para desarrollar un capitalismo nacional justo, que evitaría una revolución socialista en el país. Su preocupación no era tan solo hacer buenos negocios. Cuando hablaba de su oposición a un liberalismo antinacional y anticomunitario, y de su deseo de establecer un modelo humanista de desarrollo económico, no se trataba de un mero discurso hueco”. No por casualidad, Perón confió el Ministerio de Economía, incluso desde los tiempos de Cámpora, a Gelbard, debido a la representación que ejercía en el sector del capital afín a las ideas industrialistas y de consumo interno del peronismo, sobre todo frente al embate que había recibido desde siempre Perón por parte de la UIA, la SRA y otras organizaciones de terratenientes y grandes empresarios.
Sin embargo, la arquitectura diseñada por Gelbard y la CGE se asentaba en los cimientos de Perón. Así, el fallecimiento del líder, el 10 de julio de 1974, dejó abiertos todos los flancos para la destrucción del Pacto Social y el Plan Trienal: mientras recibían el embate económico y gremial de los grandes empresarios y terratenientes, reunidos a partir de 1975 en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), la extrema derecha y extrema izquierda peronistas también los abandonaban, los primeros por considerarlos parte del comunismo del que provenía originalmente Gelbard, los segundos por concebir la opción de un capitalismo reformista como un impedimento para la revolución socialista. Tampoco el sector sindical defendió la continuidad del Pacto Social, debido a la irrelevancia en que habían caído sus principales dirigentes luego de aceptar dos años de congelamiento salarial.
Sin mayores respaldos políticos, y con una economía que evidenciaba el deterioro de ambos proyectos por el fallecimiento de su principal garante, Perón, así como por los coletazos de la crisis mundial del petróleo, Gelbard renunció al Ministerio el 19 de octubre de 1974 y fue sucedido por el entonces presidente del Banco Central y ministro de Economía del segundo peronismo,
Alfredo Gómez Morales. A comienzos de ese mismo año, en un encuentro con productores de su Catamarca adoptiva, señaló: “No podríamos convivir con nuestra conciencia si, en el momento de actuar, salimos vencidos por los viejos de siempre, por aquellos que combatimos toda la vida. Sería una nueva derrota que afectaría, básicamente, al país que va a heredar esta juventud”.
Gelbard fallecería en el exilio tres años más tarde, luego de que dictadura cívico-militar, tras tomar el gobierno en 1976, le retirara su ciudadanía argentina.