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Vivir para contar

Ilustración: Juan José Olivieri
Ilustración: Juan José Olivieri

María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar fueron fusilados junto a otros dieciséis presos políticos el 22 de agosto de 1972. Pero no murieron. En una extensa entrevista realizada por Paco Urondo, dieron testimonio de lo ocurrido, en contra de la versión oficial que inculpaba a los guerrilleros fugados del penal de Rawson.

Como en los fusilamientos de José León Suárez, en junio de 1956, reconstruidos por Rodolfo Walsh a partir del testimonio de un sobreviviente, en 1973 fue también un periodista, Francisco “Paco” Urondo, quien emprendió la tarea de desmontar la versión oficial que “justificaba” la masacre de Trelew.

Escritor, poeta y guionista, nacido en Santa Fe en 1930, Urondo era también un cuadro montonero. El 25 de mayo de 1973, mientras Héctor Cámpora asumía la presidencia, entrevistó en la cárcel de Villa Devoto a los tres sobrevivientes de la masacre –Ricardo René Haidar (Montoneros), y Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger (FAR)–, con quienes compartía la condición de preso político.

El resultado de ese encuentro fue La patria fusilada, publicado por primera vez el 15 de agosto de ese año por Ediciones Crisis. Era un relato pormenorizado y urgente de los hechos del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, que desmentía la versión oficial que hablaba de “intento de fuga” y agregaba un balance político del hecho.

“El 24 de mayo a las nueve de la noche empezamos a grabar –cuenta Urondo–. Esa tarde, cuando volvimos de ver a las visitas, se decidió tomar los celulares de los cinco pisos donde estábamos alojados los presos políticos. La planta fue tomada y esto nos permitió intercomunicarnos entre los pisos, vernos. Así me pude reunir con Alberto Camps y Haidar, que estaban en el celular del segundo piso, y con María Antonia Berger, que estaba en el quinto. Nos metimos en una celda y nos pusimos a conversar sobre lo ocurrido en Trelew.”

La discusión política giraba en torno de si era posible en el momento de la fuga prever que meses después el proceso eleccionario tendría lugar y, eventualmente, los presos políticos serían liberados. En ese caso, la fuga habría sido una operación apresurada y la masacre podría haberse evitado. Para Haidar era claro: “Nosotros, todos los que estábamos en ese momento ahí, estábamos en manos del enemigo; un enemigo poderoso, que lo era entonces y lo sigue siendo ahora, con la diferencia de que en este momento está en retroceso político. Pero en aquellas circunstancias, nuestra perspectiva de salir en libertad era totalmente remota. Nuestro compromiso es un compromiso con el pueblo y con la lucha que teníamos que llevar adelante. La obligación era cumplir con ese compromiso, y la única forma de cumplir con ese compromiso de lucha era completando la fuga”.

LA LIBERTAD A TODA COSTA

Camps también interpretaba la fuga como un objetivo central, que no precisaba discusión: “Para la mayoría de los presos, el fugarse es la tarea principal. Por lo tanto, apenas se llegó al penal de alguna manera se estuvo funcionando en el conocimiento del terreno, fundamentalmente, para ir viendo las posibilidades que existían. A lo largo de meses, se fueron viendo varias posibilidades y descartando otras. A veces por irrealizables y a veces porque se iban consiguiendo elementos, conociendo cosas que permitían pensar en la idea de ampliar la cantidad de compañeros a fugarse”.

A fines de abril de 1972, se realizan traslados masivos de presos políticos al penal de Rawson. Entonces, se empieza a pensar en una fuga a gran escala, lo que implicaba tomar el aeropuerto y abordar un avión comercial. Con ese objetivo en la mira, las distintas organizaciones político-militares que estaban en el penal de Rawson coordinaron esfuerzos.

El plan de fuga tuvo tres etapas: durante un mes se evaluó la factibilidad. Luego, se recogieron los elementos necesarios y se realizaron todas las observaciones para perfeccionar la huida. Por último, se montó la estructura organizativa, la preparación y el entrenamiento físico de los grupos involucrados.

Urondo: –¿Cómo se determinó quiénes iban a ser los ciento diez compañeros que salían?

Berger: –Por cada organización. Se determinaron los cupos que tenía cada una, y a partir de eso cada organización fijó criterios internos para la inclusión de los compañeros. Se procuró que estuvieran todos los compañeros, incluso de otras tendencias políticas.

El día llegó. Los integrantes del comité de fuga –Mario Santucho, Domingo Menna y Enrique Gorriarán Merlo, del ERP; Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, de FAR, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros–lograron escapar. “Salió todo como se esperaba, salvo la parte de los vehículos, eso determinó la cantidad de compañeros que se fueron en un primer momento”, resumía Berger. Camps completaba: “Se decide empezar la retirada en los tres vehículos. Para ello se respetó la lista de prioridades. Y sube un total de diecinueve compañeros”. A esa altura, “se daba por fracasado el intento de una fuga masiva, que era el plan máximo de la operación”.

LOS DIECINUEVE

Una vez que partió el avión con la conducción, los diecinueve que habían subido a esos tres vehículos quedaron atrincherados en el aeropuerto de Trelew durante cuatro horas. “Lo que le pedimos al juez –recuerda Berger– era que nos aseguren nuestra integridad física, se llama a un médico para que nos revise y que nos devuelvan al penal de Rawson. Por otro lado, también se pide que dejen entrar a los periodistas de la televisión, la radio, que colaboraron y tomaron nota de todo.” Las negociaciones las encabezaban Mariano Pujadas (Montoneros), Pedro Bonet (ERP) y Berger. “Estuvimos discutiendo tanto con el juez como con el capitán [Luis Emilio] Sosa.”

Berger recuerda que el diálogo con el juez era bueno, pero que “era muy difícil” discutir con Sosa: “Nosotros íbamos con proposiciones firmes y él no tenía muchos argumentos para decirnos que no, porque su objetivo y la orden que había recibido era llevarnos a la base. Y nosotros no queríamos, porque ya sabíamos que íbamos a estar mucho más seguros con la gente del penal que con la Marina, cosa que no era nada errada”. En un principio el juez dispuso el traslado de los diecinueve al penal de Rawson, pero momentos después se declaró la Ley de Estado de Emergencia y el control quedó bajo el mando unificado del V Cuerpo de Ejército.

Los diecinueve estuvieron una semana en la base Almirante Zar. En esos días fueron revisados, requisados, interrogados, apretados. Camps recuerda que “había cuatro turnos de guardia, pero había uno que se empezó a destacar claramente como verdugo”: la guardia de Roberto Guillermo Bravo.

En la madrugada del 22 de agosto, a las 3.30, los despertaron a los gritos. “Ahora van a ver lo que es el terror antiguerrilla”, agitaba Bravo. Los hicieron sacar los colchones y salir de las celdas. “Levanto los ojos y miro a todos los compañeros formados, mirando hacia el frente la mayoría”, rememora Camps. “Inmediatamente empiezan las ráfagas. Nos agarraron totalmente de sorpresa.” El relato del horror continúa: “Siguen las ráfagas y, a partir de un momento, paran. Cuando paran, se escuchan entonces quejidos, estertores de compañeros, incluso puteadas. Y empiezan a sonar disparos aislados. Me doy cuenta de que están rematando”. Cesado el fuego, un enfermero revisa a los caídos y se lleva en una camilla a los sobrevivientes.

Haidar recuerda que después de los disparos “llegan pasos apresurados al lugar de los hechos, y gente haciendo preguntas (…) Interrogan a Bravo, que les responde: ‘Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar’”. Luego, los trasladaron a Bahía Blanca, donde les brindaron atención médica y los interrogaron. Finalmente, los trasladaron a la cárcel de Villa Devoto con el régimen de máxima peligrosidad. “Si para algo sobrevivimos –dice Haidar al final de la entrevista–, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden.”

Como Walsh, Urondo fue asesinado durante la dictadura. Fue el 17 de junio de 1976 en la ciudad mendocina de Guaymallén. En cuanto a los sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger fue secuestrada el 16 de octubre de 1979. Alberto Miguel Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977. Y Ricardo René Haidar fue detenido el 18 de diciembre de 1982 y desde entonces permanece desaparecido.

La patria fusilada tuvo varias ediciones, y recientemente una edición definitiva del Fondo de Cultura Económica, a cargo de Daniel Riera, que incluye textos de Ángela Urondo Raboy y Raquel Camps, hijas; la entrevista completa, con notas al pie; dos poemas de Juan Gelman que abren y cierran el texto de Urondo; la desgrabación completa de la conferencia de prensa ofrecida por Bonet, Pujadas y Berger el 15 de agosto de 1972, en el aeropuerto de Trelew, y un anexo documental donde se relata la suerte de los sobrevivientes y se da cuenta del juicio de 2012.

Escrito por
Cecilia Fumagalli
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