“Verdad” y “justicia” son palabras que Alicia Krueger, viuda de Rubén Pedro Bonet, repite con firmeza y esperanza desde hace 50 años. La noche del 22 de agosto de 1972, diecinueve presos políticos, entre ellos su esposo, uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fueron fusilados en una base naval patagónica, en la conocida como “masacre de Trelew”, que signó la génesis del terrorismo de Estado en la Argentina.

En aquellos febriles días posteriores, gracias a su carnet de periodista –trabajaba en los diarios Liberación y Nuevo Hombre–, logró conseguir fotos del aeropuerto tomado por los militantes y rodeado por militares y una cinta grabada por la televisión de la conferencia de prensa en la que los detenidos explicaban las razones de su lucha, las negociaciones y su decisión de entregarse. Ese material se lo entregó a Raymundo Gleyzer, quien luego realizó el film Ni olvido ni perdón. La causa, como era de prever, no prosperó. Incluso se vio obligada a huir de su casa, con sus dos pequeños hijos –y con otro en camino– y su segundo esposo, y vivir en la clandestinidad hasta 1977. En 1978 llegaron a Francia, donde reside desde entonces e integra el Colectivo Argentino por la Memoria, plataforma desde la que luchó incansablemente para obtener justicia.

Tras el fallo de 2012 de un tribunal argentino que condenó a prisión perpetua a tres ex marinos y absolvió a otros dos, que luego fallecieron, una sentencia del pasado 1º de julio de una corte estadounidense condenó al culpable que faltaba, Roberto Guillermo Bravo, entonces teniente, que reside en ese país desde 1973 y a quien los testimonios de sus propios camaradas ubican en el lugar de los hechos, “vaciando el cargador” frente a los detenidos indefensos.

Bravo, responsable de ejecuciones sumarias y torturas, deberá pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas. La demanda civil fue presentada en 2020 por los familiares de Eduardo Capello, Rubén Pedro Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps, impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de DD.HH. de Estados Unidos. Sobre las expectativas que abre ese fallo, Alicia Bonet Krueger habló, desde Francia, con Caras y Caretas.

–¿Cómo surgió la posibilidad de presentar una demanda contra Bravo en Estados Unidos? ¿El fallo abre el camino para su extradición?

–Cuando los autores de la masacre fueron condenados a cadena perpetua en 2012, se pidió la extradición de Bravo y fue denegada. El 1º de julio se logró, a través de abogados de ese país, que un jurado lo declare culpable. Es un juicio civil, único posible para obtener la condena, lo cual implica una indemnización, como reparación económica. Pero es un paso para su extradición a la Argentina y que sea juzgado por la Justicia. Bravo reconoció haber tirado contra los presos. Si se logra que sea extraditado habré cumplido con mi lucha por la justicia.

–¿Qué hizo posible que la causa se reabriera tras haber sido cerrada en el ámbito castrense durante los 70?

–Esas denuncias que hice desde la clandestinidad y el exilio fueron escuchadas por primera vez en 2005 y fui invitada por el gobierno del presidente Néstor Kirchner a participar en el 33° aniversario de la masacre, junto a ex presos políticos. Estaban el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Rodolfo Mattarollo. En un escrito pedimos reiniciar el juicio, que se transformara el Aeropuerto de Trelew en Lugar de Memoria y se pusieran a nuestra disposición los archivos de la Marina.

–Con la reinauguración del aeropuerto, en 2007, se recuperó, en parte, la memoria de la masacre. Antes, con el libro La patria fusilada se había develado la verdad sobre los hechos. ¿Qué acciones espera de aquí en más para considerar que se hizo justicia?

–Los tres sobrevivientes fueron entrevistados por Francisco “Paco” Urondo el 24 de mayo de 1973, en el “Devotazo”, y sus testimonios publicados por la editorial Contrapunto, de Eduardo Duhalde, con el título: Trelew. La Patria fusilada. Es mi libro de cabecera, mi biblia, mi memoria. Actualmente, su hija, Ángela Urondo Raboy, reeditó y agregó otros capítulos, para conmemorar los 50 años de la masacre. Se prevé un programa de actividades para agosto: recordar los hechos es el mejor compromiso que se puede realizar con la juventud y el futuro. Falta que Bravo sea juzgado por la Justicia de la Argentina.

–¿Cómo continuó su militancia después de salir del país?

–Llegamos a Francia el 13 de enero de 1978 en short y remera, mientras en París nevaba, y no entendíamos una palabra. Yo seguía haciendo gestiones y no paré de escribir cartas abiertas a presidentes, a diputados, a la Ctera y a los docentes para que recordaran la masacre y contaran la verdad de los hechos a la Argentina. Nos quedamos a vivir en la ciudad de Fontenay, donde la municipalidad y la gente era y es muy solidaria. Una vez restablecida la democracia en la Argentina publiqué cada 22 de agosto un recordatorio en Página/12 firmado “Familiares de Trelew”. Traté de volver a abrir el juicio buscando en Tribunales mis actuaciones, denuncias y juicio, y se me dijo que todo había sido destruido.

–Si tuviera que contarles a los adolescentes de hoy quién era Rubén Pedro Bonet, ¿cómo lo describiría?

–Cuando empecé a salir con Rubén, yo me decía que estaba con una mezcla de Alain Delon y el Che Guevara (era muy churro). Después de casarnos, me di cuenta de que era bastante machista: le gustaba que le preparara sus camisas y pantalones bien planchados, que la casa estuviera bien arreglada y la comida preparada. Poco a poco fue cambiando de actitud, al darse cuenta de que eso no correspondía a su ideología y a sus sueños de Hombre Nuevo. Cuando tuvimos a los chicos, se ocupó mucho de ellos, los adoraba.

–Al analizar la cíclica situación endeble de las democracias en América latina, ¿todavía tiene vigencia la figura del Hombre Nuevo?

–A pesar de vivir en Francia, sigo teniendo contacto cotidiano con la Argentina. Las situaciones que se presentan me llevan a pensar que en América latina el programa que más puede favorecer a la población en general es la democracia, aun con todas sus imperfecciones, contradicciones y necesidades. Allí donde existe una dictadura, las movilizaciones siguen siendo reprimidas sin piedad. Los problemas de dependencia de Estados Unidos se mantienen para lograr préstamos que mejorarían la vida de las poblaciones. A ello hay que agregar el fascismo y el negacionismo con que los gobiernos de derecha tratan de confundir la memoria histórica. Toda persona que se rebele, explique o manifieste contra estos hechos es lo que en nuestra época se llamaba “Hombre Nuevo”.