El asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas fue un crimen brutal fríamente planeado y ejecutado por profesionales, que encierra varios metamensajes a la vez y poco tiene que ver con los presuntos desbordes y torpezas de lúmpenes y buchones que enmarañaron las cincuenta mil fojas del expediente hasta tornarlo imposible.

El modo en que fue secuestrado, en el territorio con mayor densidad de custodios por metro cuadrado del país y sorteando el enorme dispositivo policial de control de rutas, usual en la zona para esa época de la temporada, evoca las áreas liberadas que se emplearon durante la última dictadura.

El incendio del auto dentro de una zanja cavada no mucho antes por la Municipalidad de Pinamar, en el partido de General Madariaga, hacia donde la víctima fue conducida sin dilaciones, revela un conocimiento del terreno y un dominio de la situación que no hace pensar en delincuentes privados o al por menor.

De hecho, el comisario de Pinamar, Alberto Pedro “la Liebre” Gómez (primo hermano de Mario “el Chorizo” Rodríguez, un duro entre los duros, candidato a quedar a cargo en esos tiempos de la organización policial), fue condenado el 23 de diciembre de 2002 a la pena de prisión perpetua. Estuvo acusado por no enviar efectivos policiales a la casa de Oscar Andreani cuando sus custodios advirtieron a la comisaría que unos sospechosos merodeaban el lugar, por la participación de sus subalternos Cammarata y Luna en el crimen y por las declaraciones del casero Omar Pereda, quien cuidaba su propiedad en General Belgrano, que señaló que el comisario recibía visitas de Gregorio Ríos, de su hermano Jorge Ríos y de Carlos “Coco” Mouriño, mano derecha de Yabrán. También tenía frecuentes entrecruzamientos telefónicos con el magnate telepostal.

La autonomía del juez José Luis Macchi estuvo sometida desde el principio a las presiones encontradas de la Casa Rosada y de la gobernación de La Plata. Menem y Duhalde, enfrascados en una dura contienda por la presidencia y la jefatura del justicialismo, operaron abiertamente en distintos tramos de la instrucción, buscando réditos políticos o tratando de evitar que ciertas revelaciones inoportunas les estallaran en el despacho. Menem lo hizo de manera indirecta, a través de operadores, como el ministro del Interior, Carlos Corach, o el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; Duhalde, abiertamente, se veía con el juez y los testigos y ofrecía gruesas recompensas.

El juez Macchi demoró veinte horas en llegar desde Dolores hasta la cava. Tiempo más que suficiente para que los “patas negras” pisotearan convenientemente el lugar y llevaran a cabo sus tareas de encubrimiento. Las cosas no mejoraron cuando él llegó: el cadáver fue sacado del auto sin tomar elementales recaudos y aguardó horas sin custodia, en espera de la autopsia; el Ford Fiesta fue arrastrado por una grúa a la comisaría de General Madariaga; del lugar del hecho fueron sustraídas pruebas importantes, y, por si fuera poco, la primera autopsia concluyó que le habían pegado un solo tiro, confundió el orificio de entrada con el de salida, erró la trayectoria y descartó que hubiera sido torturado. La segunda autopsia revelaría que los balazos fueron dos, que se los habían pegado por atrás y que había sido brutalmente golpeado.

Las primeras declaraciones de Los Horneros, una banda de robacasas arriada a la costa por el policía Gustavo Prellezo desde el barrio Los Hornos de La Plata, habrían sido diseñadas sobre la base de la primera necropsia. Nunca se supo quién le pagó los honorarios al costoso defensor de la banda, el abogado Fernando Burlando, cuya única preocupación, para algunos, era inculpar a sus representados.

PATAS NEGRAS

En aquellas primeras horas convivieron, no sin disputas y competencias, tres clases de policías: los de Madariaga y Pinamar, que tenían a su cargo la instrucción, bajo el mando del comisario Carlos Rossi; el grupo de investigadores que conducía el comisario Víctor Fogelman, y los hombres de las direcciones de Inteligencia y de Asuntos Internos, que debían controlar a sus propios colegas.

El 25 de enero, cuando llegó a la cava, Fogelman le preguntó a uno de los oficiales de Inteligencia: “Y, ¿cómo la ves?”. “Fuimos nosotros, jefe”, respondió el oficial Marco Di Julio, observando el cadáver esposado y carbonizado. El uso de las esposas para inmovilizar a Cabezas es sugerente acerca de la profesión de los autores. Además de ofrecer recompensas e impulsar la “ley del arrepentido”, el gobernador Duhalde dotó a Fogelman de generosos recursos: el “búnker” de Castelli funcionó durante el año 97 con cincuenta detectives y 50 mil dólares mensuales para gastos operativos. En el 98 hubo treinta investigadores y 35 mil dólares por mes. Si se le suma el viaje de Macchi y su comitiva a Londres, para ver si el arma era el arma y la bala era la bala, el gasto ascendería al millón de dólares.

Asuntos Internos confirmó las graves irregularidades del sumario, y dos semanas después del crimen relevó a los doce policías que realizaban la instrucción, comenzando por su jefe, el comisario inspector Carlos Rossi. También el oficial principal, Juan Carlos Salvá, jefe de la Sub-brigada de la Costa, que era ahijado y protegido del jefe de la Maldita Policía, Pedro Klodczyk, quien había creado esa dependencia para él. Asuntos Internos de la Bonaerense lo investigaba por su extraordinaria capacidad empresarial: con un sueldo de ochocientos cincuenta pesos mensuales, Salvá era dueño de una disco, dos bares, un cabaré, una lujosa casa en el barrio Parque Golf y de la agencia de seguridad Wolf Service, de Santa Teresita. Junto a Salvá estaban el oficial inspector José Luis Dorgan y el antiguo médico policial de La Matanza, Rodolfo Distéfano. Los tres salían a cazar en la estancia La Borrascosa, a escasos tres kilómetros de la cava. Salvá y Dorgan eran los segundos de Rossi en la instrucción del sumario por el asesinato del fotógrafo. Cuando Rossi fue reemplazado por el comisario Jorge David Gómez Pombo, las cosas no mejoraron mucho. Se habían perdido pruebas y tiempo.

El martes 28 de enero de 1997, el periodista Raúl “Tuny” Kollmann publicó en Página/12 una nota en la que revelaba la existencia de una “gigantesca organización delictiva, de carácter mafioso”, conducida por policías que habían reclutado “en Quilmes, Florencio Varela y La Plata a confidentes y delincuentes comunes, para trasladarse a la costa y conformar la banda”. El operativo de inteligencia sobre los enviados de Noticias en Pinamar estuvo en marcha desde los primeros días de diciembre, antes de que llegaran ese verano.

La complicidad policial en la organización, logística y ejecución del crimen de José Luis Cabezas es a esta altura una realidad incontrastable. Un empresario poderoso, poder político y mafia policial. ¿Qué podía salir mal?