Es cuestión de tiempo para que la Argentina pase a tener un nuevo modo de elegir y consumir alimentos. Tras la negativa de la oposición días atrás, el proyecto de Etiquetado Frontal finalmente se trataría el martes 26 de octubre en Diputados (el Senado ya la aprobó), y su sanción estipulará la manera en que deberá informarse de qué están hechos los productos alimenticios que compramos cotidianamente. La principal innovación será el octógono negro para aquellos que superen los límites nutricionales establecidos, aunque también regulará temas como las publicidades y los entornos escolares. En un país con más del 60 por ciento de sus habitantes con sobrepeso u obesidad, lo necesario se transforma en urgente.

Lo primero es remitirse al texto de la iniciativa. La vedette es la etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas mayúsculas en los alimentos ultraprocesados que advertirá sobre el exceso de sodio, grasas trans y saturadas, calorías o azúcares. Uno para cada caso infringido. El tamaño de la advertencia no será nunca inferior al 5 por ciento de la cara principal del envase y no podrá estar cubierta por ningún elemento. Que los consumidores tengan información clara para elegir lo que prefieran. La medida alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización. Y la obligación se extiende a cajas, cajones y cualquier otro tipo de empaquetado. Quedan exceptuados el azúcar común, la sal de mesa, los aceites vegetales y los frutos secos.

El proyecto prohíbe que aquellos alimentos y bebidas analcohólicas que contengan rotulado de advertencia, incorporen logos o frases con supuestos avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, así como tampoco personajes infantiles, animaciones, celebridades o deportistas. También les prohíbe resaltar cualidades positivas o nutricionales complementarias, la promesa de obsequios, entradas o concursos, la entrega gratuita, y toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. A su vez, los productos nocivos no podrán incluirse en ningún plan de alimentación del Estado, y las escuelas deberán promover contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en todos los niveles.

“Desde el Ministerio de Salud hemos impulsado el proyecto. Se podría haber hecho por la reforma del Código Alimentario, pero consideramos que una ley era mucho más potente, y agrega cuestiones que no podemos hacer desde el Código como regular la publicidad y los entornos escolares saludables, que nos parecen fundamentales”, explica Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio.

La otra pandemia

La última encuesta de Factores de Riesgo en 2019 refleja que el 66 por ciento de la población argentina tiene exceso de peso. En niñas/os de 0 a 5 años la cifra llega al 13,6 por ciento. En pandemia, el sedentarismo, el boom del delivery y la falta de actividad física recrudecieron la situación. Medina apunta que la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública: “una enfermedad crónica no transmisible, aunque se está abandonando esa denominación porque sí se transmite en los hábitos, a través de la cultura. La obesidad es otra pandemia, mucho más silenciosa, pero muy dañina a nivel global y que va en aumento. Ahí claramente el problema está en el consumo de grasas saturadas y azúcares, claves para enfermedades metabólicas como la diabetes, que afectan entre el 7 y el 10 por ciento de la población”.

De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS), si se eliminaran los factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de ultraprocesados, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol se podrían prevenir el 80 por ciento de las cardiopatías, los ACV, los casos de diabetes de tipo 2, y más del 40 por ciento de los casos de cáncer.

La norma argentina introduce el modelo de perfil de nutrientes de la OPS creado en 2016 como estándar para reducir la oferta de productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos perjudiciales para la salud. Fabio Da Silva, asesor regional para las Américas en Nutrición y Actividad Física de la OPS/OMS, lo definió como “el único sistema eficaz” y acotó, que de acuerdo a la evidencia, el sistema de alertas “no solo es capaz de reducir la oferta de productos que llevan advertencias, sino también de incrementar la proporción de los productos que no la llevan”.

Numerosas organizaciones reclamaron la pronta aprobación de la ley. Una fue la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que venía de un encontronazo con el gobierno por un prematuro reparo en la vacunación a niñes con Sinopharm. Esta vez rápidamente salieron a favor de la ley: “es imprescindible para detener la obesidad. Las familias compran con antifaces puestos, sin ver la información nutricional”, alertó Omar Tabacco, el presidente de la SAP.

Vanguardia

Desde la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Victoria Tiscornia enfatiza que “esta ley tiene el apoyo de la mejor evidencia científica local y regional. Además, los estudios de impacto de este etiquetado en países que ya lo implementaron como Chile muestran cambios favorables en los estratos de nivel socioeconómico más desfavorecidos y en las infancias. Por ejemplo, la compra de bebidas azucaradas registró una disminución de casi un 24%, incluso en los niveles socioeconómicos más bajos”, y le reclamó a las y los diputados: “Necesitamos que en la sesión del 26 de octubre aprueben sin cambios esta ley tan importante para la salud pública de nuestro país”.

En una ley como la del etiquetado, la regulación es clave. Según contó a Tiempo Argentino la coordinadora del proyecto Crónicas del Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Cayetano Heredia, Lorena Saavedra García, en Perú encontraron que aún con la norma, el 70 por ciento de los colegios siguió vendiendo ultraprocesados. Y aparecían vendedores ambulantes a la salida. Por eso en julio de este año Lima sacó una nueva ordenanza prohibiendo la venta de estos alimentos en un radio de 200 metros alrededor de los colegios. 

Tampoco las leyes son las mismas en toda la región. Las de Argentina y México (donde en dos años se redujo el 9,7 por ciento la compra de productos azucarados) incluyen los edulcorantes, que deben poseer la leyenda: “Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as” (similar para los casos de cafeína). En Perú y Chile, en cambio, no fueron contemplados, y muchas de las reformulaciones de productos terminaron apelando –en exceso– a los edulcorantes en reemplazo del azúcar.

Soledad Barruti, periodista autora de los libros Malcomidos y Malaleche, menciona el “lobby” de las empresas, con metodologías similares en todos los países donde se trataron leyes de este tipo. Por ejemplo, el de dilatar los tiempos y que pierdan estado parlamentario. Sostiene que la futura ley nacional “es efectivamente muy buena, de vanguardia, súper completa, se basa en leyes de otros países pero incorpora muchas mejoras y es muy estricta en límites”. Y pidió por “un plazo lógico para su implementación”.

“Hay muchos derechos que, amparándose en la necesidad de las marcas de vender lo más posible, no están garantizados. Los personajes y motivos infantiles hoy están posados en los productos más nocivos de la góndola”, subraya Barruti. Y habla del contexto en el que se incluye la futura norma: “la alimentación en la Argentina acompaña un movimiento en todo el mundo que tiene que ver con la transición alimentaria cada vez más profunda de alimentos reales a ultraprocesados, hoy comemos cosas comestibles, y hace unos años comíamos alimentos. Está diseñado para que comas más, la alimentación está súper deteriorada y en pandemia se agudizó”.

Reconversión

El rechazo a la ley vino desde entidades como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Cámara Azucarera Argentina y el Centro de la Industria Lechera, quienes hablan de “demonización de los alimentos” y sostienen que el perfil de nutrientes de la OPS “es extremadamente exigente en sus umbrales, de manera que llegaría a aplicarse al 91 por ciento de los productos envasados, y no es cierto que todos esos productos sean poco saludables. El diagnóstico del cual parte esta ley está centrado exclusivamente en discriminar alimentos por su condición de procesado”.

Medina sostiene que llevaron adelante “un diálogo muy responsable” con la industria. El sector empresarial alimenticio –señala– deberá reinventarse: “tiene que haber una reconversión de la industria, por las preferencias del público, que va a ser más consciente de lo que está consumiendo y va a tratar de consumir los que no son nocivos. Habrá un cambio en el patrón de consumo que llevaría a una reconversión de la industria”.

Una vez que se apruebe, vendrá la implementación. Legisladores y representantes del Ejecutivo calculan dos años el plazo para que esté plenamente vigente. Los alimentos ya producidos para ese momento podrán seguir hasta agotar stock. Pero luego, quienes incumplan recibirán multas de hasta 400 millones de pesos. Claro que ese será terreno para el otro gran desafío, que como siempre dependerá de la voluntad del Gobierno de turno: el de monitorear cada caso.