El jueves 6 de mayo, en Cali, de un camión marca Chevrolet, modelo 2015, color blanco, de placa EAX 004, perteneciente a la Policía Nacional de Colombia, se bajaron varios individuos de civil, armados, listos para disparar a los manifestantes, según varios videos subidos a las redes sociales. Miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que se manifestaban en el sector de la Portada al Mar, retuvieron el camión y mostraron que en su interior había prendas policiales. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, trinó en Twitter: “Colombia: con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada. @mindefensa debe dar explicaciones”.

En su cuenta de Twitter, la ONG Temblores, en informe conjunto con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), contabilizó, desde el 28 de abril cuando comenzaron las protestas hasta el 8 de mayo, 1.876 casos de violencia policial, que incluyen 963 detenciones arbitrarias, 28 personas agredidas en sus ojos, 12 víctimas de violencia sexual, 37 de violencia homicida y 548 personas desaparecidas. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López denunció que unos vándalos intentaron quemar vivos a diez policías en un Centro de Auxilio Inmediato (CAI), y que al menos 25 CAI habían sido destruidos; asimismo, informó que decenas de unidades de Transmilenio habían sido dañadas durante las protestas.

LO QUE DESNUDA LA REFORMA TRIBUTARIA     

El detonante del paro nacional en Colombia fue el envío al Congreso de la reforma tributaria, mañosamente llamada Ley de Solidaridad Sostenible, de Iván Duque y su ex ministro de Economía Alberto Carrasquilla –neoliberal, ex funcionario del BID, chairman del Comité de Desarrollo, órgano consultivo del FMI y del Banco Mundial, que renunció a raíz de las protestas–. En síntesis, el proyecto de Ley, que fue retirado por la presión popular, según análisis del portal BBC News, gravaba a la clase media con impuestos a los ingresos desde 663 dólares, en un país cuyo salario básico es de 234 dólares; la reforma proponía gravar con IVA, que en Colombia es del 19 por ciento, a los servicios públicos (luz, agua y gas) así como servicios funerarios, artefactos electrónicos y otros. “En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, sólo el 1,9 por ciento de sus utilidades de 121 billones de pesos (32.000 millones de dólares)”, dijo el economista Salomón Kalmanovitz para ese portal.

No obstante, para entender la indignación de quienes se manifiestan en el paro nacional no basta debatir el contenido de la reforma tributaria: Colombia es un país socialmente injusto, cuya elite gobernante ha boicoteado el proceso de paz que se firmó el 26 de septiembre de 2016 y permite la impunidad de los crímenes cometidos contra centenares de líderes sociales, en el marco de una historia de violencia que se remonta a las guerras civiles entre liberales y conservadores del siglo XIX.

El problema es estructural en un país altamente inequitativo: según un reporte del Banco Mundial, a 2019, el índice de Gini en Colombia es 51,3. En cambio, en otros países andinos, el índice de Gini es de 41,5 en Perú; 41,6 en Bolivia; 45,7 en Ecuador. Y, para tener dos extremos de referencia, anoto el índice en Uruguay (39,7) y Brasil (53,4). El informe de Oxfam “Radiografía de la desigualdad” (2017), que analiza datos del censo agropecuario de 2014, concluye que el uno por ciento de los predios agrícolas acumulan el 81 por ciento de las tierras colombianas. El 0,1 por ciento de los predios de más de 2.000 hectáreas ocupan el 60 por ciento de la tierra; y el 42,7 por ciento de los propietarios de estas fincas desconoce la forma de propiedad de sus propios predios. Además, el informe de Oxfam señala: “La ausencia de ordenamiento territorial y la débil gobernanza de la tierra han dado lugar a una ocupación desordenada del territorio. Como resultado hoy en el país existen aproximadamente un millón de unidades productivas campesinas con menos tierra que las que utiliza de promedio una sola vaca”.

LA AGRARIA, UNA REFORMA POSTERGADA

El primer punto abordado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, fue el de la tierra: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. En este punto se habla de la transformación estructural con equidad, igualdad y democracia. Tres palabras poderosas dada la realidad de la concentración de la tierra y la historia de despojo y desplazamiento forzado del campesinado colombiano, más aún si tenemos en cuenta lo señalado en el portal Noticias ONU: “A finales de 2019, Colombia siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno”. 

El actual partido gobernante boicoteó el proceso de paz desde su comienzo. El ex presidente Álvaro Uribe fue el principal opositor al referéndum de ratificación de los acuerdos, en el que el «No» triunfó con una campaña basada en fake-news. El ex gerente de la campaña del No del Centro Democrático (el partido de Uribe), Juan Carlos Vélez, reveló: “Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”, y agregó que los estrategas les habían recomendado dejar de explicar el acuerdo y concentrarse en generar indignación en la ciudadanía. Vélez explicó como construyeron los mensajes basados en generar miedo e indignación a base de mentiras. También reveló quiénes financiaron la campaña: “Se hizo con 1.300 millones de dólares de treinta personas naturales y treinta empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y Codiscos”. Estas revelaciones le generaron un regaño público del ex presidente Uribe, quien trinó: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”.  

El día de la firma del acuerdo, Uribe organizó en Cartagena de Indias una marcha de rechazo junto con el pastor evangélico Miguel Arrázola y el ex procurador, el conservador Alejandro Ordóñez, bajo la consigna de que los acuerdos tenían por objetivo llevar a Colombia al castrochavismo y destruían la institución familiar al promover la “ideología de género”, concepto que, además, no se encuentra en el documento del acuerdo. El estudio de María Fernanda González “La ‘posverdad’ en el plebiscito por la paz en Colombia”, publicado en Nueva Sociedad, explica que en el Acuerdo la palabra “género” se usa de diferentes maneras: “Desde un amplio enfoque, se estipula la participación de la mujer en el desarrollo económico, político y social, así como la protección de todos aquellos grupos que han sido victimizados. El acuerdo planteaba la eliminación de cualquier forma de discriminación y valora a la mujer como sujeto político”. El mismo estudio ejemplifica: “Entre las múltiples fake-news, se afirmó que el gobierno estaría ofreciendo a los guerrilleros, una vez desmovilizados, un salario mensual de 1.600.000 pesos (aproximadamente 550 dólares), que los pensionados iban a ser sujetos de imposición fiscal para pagar los costos de la paz”.

LA VIOLENCIA DEL PODER

Finalmente, el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, los pedidos de Álvaro Uribe a su protegido, el presidente Iván Duque, para militarizar el país y el apoyo a los agentes policiales y militares para disparar contra quienes se manifiestan en las marchas, se explica en la histórica violencia de las clases sociales dominantes de Colombia. Uribe trinó el 30 de abril: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. La criminalización de la protesta social ha sido permanente en la política de seguridad democrática esgrimida por Uribe. Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de febrero de 2021, determinó que “las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 [período en el que gobernó Álvaro Uribe] y los presentaron como ‘bajas en combate’”: estos crímenes sistemáticos, en los que presuntamente participaron unos 1.500 militares, son lo que se conoce como “falsos positivos” y fueron calificados por la JEP como un “fenómeno macrocriminal”.

Al “fenómeno macrocriminal” de 6.402 falsos positivos, que es un ejemplo incuestionable de la violencia de clase del Estado colombiano, habría que sumar dos políticas de exterminio selectivo. En el pasado reciente, el asesinato sistemático de los militantes de la Unión Patriótica (UP). La UP fue el partido político formado por las FARC, el Partido Comunista y otras fueras de izquierda, en 1984, como resultado de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancourt. Según registros del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1984 y 2002 la UP sufrió el asesinato o la desaparición de al menos 4.153 militantes. Un extenso informe del CNMH titulado “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” dice: “En un proceso en que asesinaron a sus dos candidatos presidenciales en apenas cuatro años [Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo, en 1990], a seis de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales, esto sin contar a los miles de militantes que en el entre tanto perdieron la vida”. A esto habría que añadir que luego del asesinato de Jaramillo, la UP sufrió el asesinato de su dirigente Manuel Cepeda Vargas, en 1994, y luego de un atentado criminal, Aída Avella, en 1996, dirigente de la UP, tuvo que exiliarse en Suiza.

DERECHOS HUMANOS

En el presente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición –integrado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas– le solicitó, el 19 de abril último, a la Defensoría del Pueblo de Colombia “que realice un informe donde se detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que atentan contra los líderes sociales y ex combatientes de las FARC-EP”. Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2021, han sido asesinados 904 líderes sociales: “Sólo en 2020 se documentaron 297 casos. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25 por ciento de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32 por ciento de los casos”. Asimismo, se registra 276 homicidios de ex combatientes de las FARC-EP: “El 92 por ciento de los asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP. Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios”.

La narrativa gubernamental que habla de la violencia como si esta fuese generada por agentes externos –el castrochavismo todavía se utiliza, como se lo hizo contra el presidente Santos cuando llevaba adelante las conversaciones de paz en La Habana– o por una revolución molecular disipada, como ha calificado a las protestas el ex presidente Uribe, pretende justificar la violencia de la represión policial. El poder mediático, afín al gobierno y a la clase dominante, así como los políticos centristas afines al establecimiento, privilegian la denuncia de actos vandálicos de las manifestaciones en un esfuerzo propagandístico que equipara la violencia policial y la de civiles armados con aquellos. No obstante, la violencia paramilitar se vuelve práctica: en Cali, la Minga Indígena fue atacada por civiles armados, en la tradicional práctica paramilitar, bajo la mirada contemplativa de la policía y de ese ataque han resultado al menos diez indígenas heridos de bala.

En Pereira, Lucas Villa Vázquez, de 37 años, un activista pacifista, recibió ocho disparos efectuados por civiles no identificados que se dieron a la fuga, en una acción similar a la de los atentados sufridos por los líderes sociales. El ataque, la noche del 5 de mayo, se dio a la altura del viaducto y también resultaron heridos Andrés Felipe Castaño, de gravedad, y Javier David Clavijo, con un disparo en la pierna. Lucas Villa, de 37 años, es un estudiante de Ciencias del Deporte y Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), instructor de yoga y terapeuta; durante las manifestaciones ha danzado, cantado, les ha dado la mano a los policías, haciendo de la protesta un evento lúdico. Al momento de cerrar esta reflexión, los médicos del Hospital Universitario San José de Pereira han declarado la muerte cerebral de Lucas Villa, un símbolo de la resistencia popular contra la violencia generada por los señores de la guerra. Horas antes del atentado criminal, él había gritado durante la marcha: “Nos están matando en Colombia”.

Escritor ecuatoriano, Raúl Vallejo es autor de El perpetuo exiliado (Premio de la Real Academia Española, 2018).