Aquella internet que creímos conocer a mediados de los años noventa, la que llegaba ofreciendo un pleno acceso al conocimiento y poniendo al alcance de todos la información a la que antes sólo unos privilegiados podían acceder, ya no existe más. En caso, claro, de que todo eso haya existido. A 25 años del inicio de la comercialización de las conexiones en la Argentina, nos enfrentamos a conflictos y contrariedades complejos de resolver para todas las naciones, pero aún más para los países en vías de desarrollo.

Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social y magíster en Propiedad Intelectual, asegura que el principal problema actual es la consolidación de posiciones dominantes de mercado: “Vivimos una hiperconcentración con las grandes plataformas; la acumulación de datos en tan pocas manos no es más ni menos que su consecuencia. Google no sólo maneja el 95 por ciento del mercado de las búsquedas en la red, sino también el mercado de los videos en línea y el de las aplicaciones de celulares”. Con estos datos, asegura, tienen una inmensa capacidad de prospectiva y, sobre todo, de pensar qué juego de mercado les conviene para consolidar, aún más, sus posiciones dominantes.

Sebastián Uchitel, licenciado en Ciencias de la Computación y posdoctorado en Ingeniería de Software, incorpora el término “soberanía”: “Nos enfrentamos con problemas que tienen que ver con autonomía y con control intelectual y soberano de infraestructuras de las cuales dependemos para funcionar día tras día. Para dar un ejemplo, los rusos hicieron el experimento de cerrar todos los enlaces hacia afuera. Eso es impensado practicarlo acá, hasta el sistema más simple y pequeño en nuestro país no funcionaría ante un cierre total. Para tener ese control que yo llamo ‘intelectual’ necesitamos, por un lado, un importante know-how y, por otro, el dominio operativo de poder trabajar sobre el software y operar correctamente”.

Por su parte, Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, identifica los conflictos en tres grupos: el primero, referido a los contenidos, atravesado por la libertad de expresión, la censura, la desinformación y los derechos de autor; el segundo, sobre la acumulación y la desprotección de datos personales, y el tercero, relacionado con los abusos económicos de las plataformas, en el que se entrecruzan reglas de distintos sectores de la economía. Sobre esta multiplicidad de conflictos simultáneos dan cuenta informes oficiales de autoridades de competencia, antimonopolio y de protección de datos personales.

La poca o nula iniciativa de los Estados es, para Busaniche, la causa de haber llegado a este punto extremo. Asegura que de haber promovido el perfeccionamiento de capacidades y la creación de empresas con desarrollos locales, las posibilidades de disponer de alternativas hubieran sido otras. “Hay mucha soberanía de la boca para afuera, pero ¿qué esfuerzos se hacen para lograrla y ejercer algo de esas potestades que reivindicamos en la palabra? Con gobiernos con políticas activas en materia de infraestructura tecnológica de larga data no tendríamos hoy universidades públicas contratando Zoom o pagándole a Google. Especialmente con la capacidad humana que hay en la Argentina”, agrega la cofundadora de la Fundación Vía Libre.

Sobre los recursos humanos disponibles en el país, además de reconocer estar en la delantera en la región, Uchitel propone un interesante análisis: “A partir de 2003, el sector del software tuvo un crecimiento fenomenal, con empujes como la Ley de Software, la financiación de carreras y el aumento de graduados. Se logró multiplicar las exportaciones, pero, sin embargo, la facturación por empleado se mantuvo constante e, incluso, en estos últimos años cayó”.

Otros dos puntos centrales son los aspectos regulatorios y los referidos a la propiedad intelectual. Sobre estos, Busaniche reflexiona: “Es indispensable aplicar leyes de defensa a la competencia, y la nuestra es muy buena. A este tipo de empresas no hay que atribuirles responsabilidades, hay que dividirlas, partirlas. Sobre la propiedad intelectual, hay que tener capacidad de generar conocimiento socialmente útil disponible y para eso hacen falta impulsos vinculados con el software libre”.

DESTACANDO POLÍTICAS

A la hora de resaltar políticas direccionadas hacia el logro de cierta autonomía sobre algunos de los conflictos mencionados, parece haber unanimidad: Arsat. La Ley 26.092 que determina su creación marca el punto más alto de políticas públicas en materia de soberanía satelital y digital.

“Arsat tiene potencia para tener una nube soberana. Ahora se anunció una ampliación del Centro Nacional de Datos, y me parece buenísimo. Hay que relanzarlo, porque en los últimos años no tuvo la inversión que debería haber tenido. Hay que montar servicios: para una empresa o un organismo tiene que ser fácil desarrollar su negocio sobre Arsat y no sobre Amazon Web Services. Hay mucho potencial ahí”, remarca Uchitel.

Por su parte, Becerra destaca, además de la red troncal federal de fibra óptica que construyó y gestiona Arsat desde 2009, políticas como Conectar Igualdad, por facilitar el acceso de estudiantes a dispositivos y tecnologías que consolidaban un proceso de formación de capacidades, de habilidades y de conciencia sobre derechos y usos, y políticas vinculadas con la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la cultura. “Todos ellos son principios, valores y herramientas que colaboran en la expectativa de que la sociedad, y sobre todo los sectores con menores recursos, cuenten con elementos clave en la llamada ‘sociedad de la información’ para reclamar por formas de funcionamiento que sean más respetuosas de sus derechos”, agrega.

Junto con el Arsat, Busaniche también destaca el programa Conectar Igualdad, aunque asegura que hubiera sido ideal trabajar más sobre software libre otorgando formación en los niveles secundarios, los que hubieran sido muy necesarios en este contexto de pandemia para no estar tan atados a los vaivenes del mercado. Por último, celebra la creación de nuevas universidades para ampliar la base de recursos humanos. “Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Hay soluciones que no están en nuestras manos por su carácter global, pero sí tenemos que tener la posibilidad de montar infraestructura propia y disponer de capacidades para generar autonomía. Soberanía sin autonomía y sin creación de capacidades es letra muerta”, finaliza.