América latina es hoy, como tantas veces en su historia, un territorio en disputa. Desde nuestras independencias en las primeras décadas del siglo XIX, este inmenso territorio ha soportado las intromisiones en su política de las potencias extranjeras. Primero fueron los británicos con sus empréstitos leoninos y luego con sus inversiones. Dos elementos básicos, como los bancos y los ferrocarriles ingleses, moldearon las estructuras económicas de los diferentes países de la región según las necesidades imperiales. El recorrido de las vías y las tarifas ferroviarias determinaron, en países como el nuestro, la viabilidad de ciertos cultivos y por ende la supervivencia o no de las economías regionales. Contaron para ello con la complaciente e interesada sociedad con las oligarquías locales que aceptaron la organización impuesta y pusieron los aparatos estatales a disposición de estos prósperos negocios comunes. Este vínculo postergó, por ejemplo, la industrialización en beneficio del modelo agroexportador. Este modelo, además, por las diferencias de precios y volúmenes entre los commodities producidos por nuestros países y los productos industriales británicos, generó el incremento de nuestras deudas externas por los saldos comerciales siempre deficitarios. Este modelo se consolidó con el cambio de metrópoli de Londres por Washington. Los imperios combatieron con todo su poder aquellos intentos de modificación del pacto colonial, y América latina padeció desde mediados del siglo XIX intervenciones militares, bloqueos marítimos, invasiones de las potencias europeas y golpes de Estado. Durante el siglo pasado se produjeron decenas de operaciones de los Estados Unidos sobre la región. Tras el triunfo de la Revolución Cubana y el auge de los movimientos revolucionarios en la región, tras la pantalla de la Alianza para el Progreso, la Escuela de las Américas formaba represores y la de Chicago, economistas con el mismo objetivo: el sometimiento y la miseria de nuestros pueblos.

Los 70 fueron los años de las dictaduras en América latina. Las había en Chile, Bolivia, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Todas ellas avaladas y “orientadas” por los Estados Unidos. Conjuntamente lanzaron el Plan Cóndor, un mecanismo represivo que ampliaba las fronteras del horror y que les daba garantías a los modelos neoliberales implementados a sangre y fuego. Las democracias, surgidas tras la larga noche, nacieron débiles y endeudadas con déficits sociales graves y Estados quebrados. El discurso neoliberal se fue abriendo paso y los 90 fue una remake “democrática” de los modelos antes implantados por la fuerza. El saldo fue desastroso: estallidos sociales y un cambio drástico de modelo en varios países de la región en los primeros años del siglo XXI, y mostró resultados sorprendentes en torno al desarrollo económico y social, que fueron permanentemente atacados desde la prensa hegemónica y los aparatos judiciales y su lawfare.

Las campañas dieron sus resultados y el poder hegemónico retomó el gobierno en países como la Argentina y Brasil aplicando medidas regresivas y destruyendo gran parte de los avances sociales logrados.

La mezcla explosiva de un modelo perverso con presidentes-empresarios cínicamente desentendidos de los padecimientos de sus pueblos que ellos provocaron, y descaradamente lanzados a la concreción de negocios personales, llevó a la crisis del modelo que asume diversas y complejas formas en la región. Desde los estallidos en Chile, Ecuador y Colombia, hasta la vía electoral argentina. Paralelamente la derecha retoma el poder en Uruguay y provoca un sangriento golpe de Estado en Bolivia contra uno de los modelos más exitosos en términos sociales y económicos de la región. El desafío presente es consolidar y defender, en un contexto internacional muy desfavorable, los modelos inclusivos y progresistas y extender a toda nuestra querida y sufriente América latina democracias representativas que tengan en la equidad, la justicia social y la soberanía nacional sus principales e irrenunciables metas.