Luego del apretado triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia, se sucedieron protestas y cortes de rutas organizados por los denominados comités cívicos que lidera Luis Fernando Camacho.

Luego de varios días de caos, con la policía amotinada, la Organización de los Estados Americanos introdujo, sin prueba alguna, la palabra fraude en la discusión pública. Esa palabra sonó en los oídos de los oficiales del Ejército como una orden, que fue ejecutada de inmediato por Williams Kalimán Romero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Kalimán, un militar formado en la Escuela de las Américas, “sugirió” al Presidente Morales que renunciara y, de ese modo, consumó el golpe de estado.

Algunas horas después, tras la renuncia de Evo y de toda la línea de sucesión presidencial, la senadora Jeanine Áñez, en una sesión sin quórum, se proclamó presidenta del Estado. El Tribunal Constitucional convalidó la usurpación al aplicar una cláusula de la Constitución Política del Estado –artículo 169, II– que prevé, en caso de ausencia temporal de quien ejerza la presidencia, la asunción ipso facto del vicepresidente, cargo que no detentaba Áñez.

El golpe se abrió camino y se consolidó durante el mes de noviembre a sangre y fuego, con un brutal despliegue del aparato represivo del Estado en cuyo marco se produjeron las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano recibió testimonios directos de las víctimas y de sus familiares. Pudimos constatar graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, violaciones y otros delitos sexuales, torturas, mutilaciones, homicidios y el desconocimiento de toda garantía para los detenidos. Es difícil imaginar que Bolivia pueda encaminarse hacia una salida democrática si no se investigan estos hechos y si no se garantiza el libre ejercicio de los derechos políticos.

En el tiempo que lleva ocupando el poder, la presidenta de facto de Bolivia ha dado sobradas muestras de no limitarse a la que debería ser su función como mandataria interina, es decir, asegurar una salida electoral transparente. Por el contrario, ha dado inicio a persecuciones revanchistas, al punto de negar salvoconductos a funcionarios del gobierno derrocado que se encuentran asilados en embajadas. Ha realizado purgas en toda la estructura del Estado, ha iniciado la persecución penal de las principales figuras del gobierno depuesto y ha dado los primeros pasos para la privatización de empresas estatales.

La situación en Bolivia debe llamarnos a la solidaridad con su pueblo, pero también debe ponernos en alerta. Ha quedado en evidencia que el neoliberalismo no necesita de la democracia para imponerse y, cuando ella le representa un obstáculo, la suprime. Lo hemos visto en Honduras en 2009, en Paraguay en 2012, en Brasil en 2016 y, ahora, en Bolivia.

Los pueblos de América Latina tienen que ser conscientes más que nunca de estas amenazas. Carecemos actualmente de resortes institucionales que, a nivel regional, nos garanticen la vigencia del estado de derecho y de las instituciones democráticas. La OEA es parte del problema y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) fue desmembrada por países cuyos gobiernos han preferido tomar partido en los conflictos internos de los pueblos hermanos, han tolerado golpes de estado y han reconocido gobiernos ilegítimos, en sintonía con el totalitarismo financiero, el fundamentalismo religioso y el poder mediático. En este difícil contexto, la Argentina está llamada a tener un rol protagónico en la defensa de la democracia de los países de la región y de los derechos de sus pueblos.