Por Ricardo Ragendofer.

El vidrioso rol del oficialismo tras la muerte de Santiago Maldonado convirtió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un símbolo atroz del presente. Pero tal estigma se olfateaba desde el mismísimo 10 de diciembre de 2015, cuando el entonces flamante presidente la entronizó en aquel cargo. De hecho, apenas 96 horas después, su gestión tuvo un contratiempo desalentador: 43 gendarmes muertos al desbarrancarse en un puente próximo a la ciudad salteña de Rosario de la Frontera el micro que los transportaba hacia Jujuy para disolver un acampe de la organización Túpac Amaru.

Ese sofocante verano no le dio respiro; la razón de su siguiente desvelo fue la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, un thriller con ribetes desopilantes. En su transcurso, la ministra Patricia daba por confirmada la gran logística que los asistía por ser, según ella, miembros de “un importante cártel mexicano”, cuando en verdad el desamparo de su escape había convertido a esos presos –condenados por el llamado triple crimen de la efedrina– en tres peligrosos linyeras.

También derivó en una comedia de enredos la aparatosa importación del ya célebre traficante de efedrina Ivar Pérez Corradi, quien lejos de declarar en contra de figuras del kirchnerismo – tal como los emisarios de Bullrich habían pactado con él en la capital paraguaya– con sus dichos en sede judicial terminó enlodando al principal aliado radical de Cambiemos, Ernesto Sanz, por una dádiva.

Apenas dos ejemplos de la extensa lista de yerros e inexactitudes en las que “Pato” solía incurrir tanto en la evaluación estratégica de casos trabajados por el Ministerio como al informar las conclusiones a la ciudadanía y al propio Presidente. En su defensa, el diputado mendocino Luis Petri –nada menos que su espada y vocero en la Cámara baja, además de presidir allí la Comisión de Seguridad– afirmó en octubre de 2016 al programa radial Tormenta de ideas: “Ella es muy trabajadora, pero la hacen equivocar, le pasan pistas falsas y la llevan a seguir líneas investigativas erróneas”.

Desde una perspectiva totalizadora, su gestión –debidamente alineada a la doctrina estadounidense de las “Nuevas Amenazas”– garantizó en el país la voluntad de la CIA, la DEA y el FBI por extender su estrategia global contra el terrorismo y el narcotráfico. “Ningún país por sí mismo puede hacer frente a los peligros multifacéticos y solapados que presenta el siglo XXI”, insistían los funcionarios del Departamento de Estado. Y tal premisa tuvo para Bullrich el peso de una verdad inmutable. Y a eso ella le añadió su marca personal: la demagogia punitiva y el uso policíaco como única respuesta a los conflictos derivados del ajuste.

LAS PENAS SON DE NOSOTROS

En cuanto al primer asunto, sus funcionarios, bien al estilo PRO, no dudaron en establecer objetivos estratégicos con base en una interpretación algo antojadiza del marketing penal. Tanto es así que al enterarse de que en 2015 hubo casi un millón y medio de delitos (sin discriminar las modalidades ni sus niveles de gravedad) en un territorio nacional con una población carcelaria de 64 mil personas, se llegó a la conclusión de que faltaban presos. ¿Acaso 300 mil por año, calculando que cada uno pudo cometer cinco delitos en aquel período? Sin duda una visión típica de CEO volcados a la gestión pública en un campo fértil como para alimentar la planilla Excel de la prisionización.

Bullrich no discrepaba con aquella tesitura.

Con respecto al segundo asunto, la presencia casi cotidiana de columnas policiales con apariencia robótica en cada corte de calles y caminos, en cada marcha, frente a cada fábrica que cierra y en toda protesta social fue parte de un paisaje que no tardó en naturalizarse ante los ojos de los “vecinos”. Como si la represión fuera –otra vez bien al estilo PRO– una contrariedad puramente administrativa. Un trámite incómodo aunque necesario. Algo incluido a último momento en el ABL. Y a la vez un acto quirúrgico sin ideología de por medio.

A tal combo se le sumó la realización de “controles poblacionales”, así como se denominaron las razias en barrios pobres; las constantes vejaciones a niños indigentes que circulaban en espacios públicos vedados para ellos por las leyes no escritas del apartheid; las capturas callejeras de adultos jóvenes por razones lombrosianas; el despojo de mercaderías a manteros y el sistemático hostigamiento a inmigrantes, entre otras variadas delicias. Una dialéctica de la “seguridad pública” como valor supremo que el macrismo impuso en la vida cotidiana con siniestra eficacia.

En ese contexto, un capítulo crucial fue la ofensiva del Estado contra las comunidades mapuches en el sur patagónico. Una desprolija remake de la Campaña del Desierto que también supuso otra lectura: aquella “epopeya” fue para el macrismo lo que el llamado Operativo Independencia en Tucumán para el gobierno de Isabel Perón: un laboratorio represivo. Desde luego que la muerte de Santiago Maldonado enturbió de modo dramático tal sentido. Pero Bullrich no se amilanó ya que tenía otros experimentos en carpeta.

LICENCIA PARA MATAR

Desde luego que la muerte de Santiago Maldonado enturbió de modo dramático tal sentido. Pero Bullrich no se amilanó ya que tenía otros experimentos en carpeta.

Al respecto, el policía Luis Chocobar fue su cobayo preferido. Y en este punto bien vale recordar su visita a la Casa Rosada en febrero de 2018.

“Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”, le soltó Mauricio Macri. Y él se sonrojó. Bullrich observaba la escena con una expresión entre cariñosa y comprensiva.

Su gran hazaña fue haber logrado que Macri fuera el primer presidente constitucional que recibe a un policía acusado de homicidio.

Claro que él ya supo manifestar su beneplácito al respecto en ocasión del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. “Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse”, fueron sus palabras. Esa postura coincidió con otras prestigiosas voces que se hicieron escuchar en esos días; entre ellas, la de Gabriela Michetti (“El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad”), la de Germán Garavano (“La violación de las leyes va a tener sus consecuencias”) y la de Bullrich (“El Poder Ejecutivo no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad”). Ella hasta fue más lejos al rubricar una resolución para que los uniformados “no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales”.

Lo cierto es que el “gatillo fácil” fue durante su gestión una política de Estado. Tanto es así que a partir de 2016 los casos se triplicaron con respecto al período comprendido entre el final de la última dictadura y ese momento, logrando así el siguiente récord: un homicidio policial cada 22 horas.

En coincidencia con la difusión de tales estadísticas también saltaba a la luz otra circunstancia no menos embarazosa: el estrecho vínculo de Bullrich con Marcelo D’Alessio. Este sujeto (un agente polimorfo que integraba una red de espionaje y extorsión junto a jerarcas judiciales, periodistas y agentes secretos ligados al Poder Ejecutivo) era un colaborador de primer orden en la estructura –diríase– “inorgánica” que ella mantenía en el Ministerio.

Ahora, el inminente regreso al llano de Bullrich significará también su probable ingreso en una zona de riesgo penal.