La administración de Mauricio Macri en el área de la educación se caracterizó por las acciones tendientes a disminuir la importancia y la capacidad de gestión del gobierno nacional, reducir la educación pública, favorecer la enseñanza privada tradicional y abrir las puertas al mercado de la educación.

Un primer aspecto que merece ser observado es la diferencia entre el proyecto educativo de la oligarquía liberal conservadora de fines del siglo XIX y principios del XX y el de la clase neoliberal actual. Detengámonos en el siglo XIX. La contradicción de la oligarquía consistía en tener la firme resolución de construir un Estado y poblar el país, al mismo tiempo que temía a los inmigrantes y consideraba inferiores a la población aborigen y sus descendientes mestizos. Las ideas de progreso y grandeza de la República (en manos de los dueños de la pampa húmeda), la voluntad de disciplinamiento y la valorización de la educación común proporcionaron un horizonte de políticas de fundación y fortalecimiento de las instituciones educativas. Ello coincidió con las aspiraciones de los inmigrantes, en particular aquellos de una segunda generación, ya asentados en el país en el Centenario. Una observación aparte merecería la vinculación de una buena parte de la población rural, indígena o dispersa, que fue objeto de la mano dura de las autoridades educativas, que usó del poder de policía que le otorgaron las normas, acompañada por la policía uniformada. La obligación de mandar a los chicos a la escuela muchas veces fue excusa para subordinarlos y castigarlos. No obstante, el sistema de educación pública tomó un lugar muy valorado objetiva y subjetivamente entre amplios sectores de la población.

El gobierno de Cambiemos optó por una política contraria a la utopía de los bisabuelos de muchos de sus integrantes, tanto los que provienen de familias comprometidas con la Campaña al Desierto como quienes son radicales. Coincidentes en profundidad con los principios neoliberales, tienen como meta desmontar el aparato de Estado, con excepción de la administración que responda a los intereses de su sector económico-social. Sin embargo, las instituciones públicas no pueden borrarse sin más, y el gobierno de Macri desestructuró muchas de ellas no solamente sin lograr la desaparición de organismos sino multiplicando subsecretarías, direcciones y organismos descentralizados. El Ministerio de Educación creció al sumársele Cultura y Ciencia y Tecnología, sin que se obtuviera una reducción, excepto de la jerarquía de los dos últimos, con graves perjuicios. Educación se transformó en un megaministerio, aumentando la ineficiencia y confundiendo las funciones. Los cargos se multiplicaron sin que mediaran criterios racionales. Al mismo tiempo, tanto desde el gobierno nacional como desde varias jurisdicciones, se confundió la necesidad de un ordenamiento más racional y actualizado del sistema educativo con el cierre de instituciones no casualmente vinculadas a los sectores más desaventajados. Se combinaron la sostenida idea de la derecha de la reducción de lo público, con la desconsideración de los sectores populares y el anhelo de un ordenamiento meritocrático de la provisión de educación. Por esas razones, durante los últimos cuatro años se cerraron escuelas rurales, escuelas de islas, se intentó clausurar los institutos superiores de formación docente, se desfinanció nada menos que la educación técnica y la formación profesional. El decreto que anula la paritaria nacional docente es quizás el acto más claro en dirección a desarmar el sistema educativo nacional, así como la escasa importancia que otorgó el gobierno de Macri al Consejo Federal de Educación.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Pero el resultado más lamentable de la gestión macrista es el estado en el cual deja a casi la mitad de la niñez, juventud y adultez que tiene derecho a la educación. Este último no es deslindable del conjunto de derechos humanos que, organizados desde una ética de la democracia, constituyen la condición para hacer efectivo el derecho a la educación. Las condiciones de alimentación, salud y consistencia del entorno familiar y comunitario se han deteriorado afectando, como ocurre en los momentos de quiebre socioeconómico, la posibilidad de que los estudiantes permanezcan en las escuelas y aprendan. Las pérdidas económicas que sufrió el país durante los últimos años tienen su parangón en un grave perjuicio cultural. Sirva como ejemplo saber que cada niño que deja la escuela o no aprende porque tiene hambre queda dañado y su entorno y la sociedad en su conjunto registran deterioro cultural. Es una de las razones por las cuales una política educativa democrática debe dar prioridad a los más desfavorecidos, los de abajo, los del interior profundo de las ciudades y el medio rural, las mujeres y los géneros discriminados, los discapacitados, los indígenas, los trabajadores descalificados, los desocupados. Sobre todo, a los “nini” (ni trabaja ni estudia), que se multiplican en el mundo, y son adolescentes y jóvenes que deberían tener oportunidades de leer libros, navegar por redes culturales, introducirse en la ciencia, aprender y crear tecnologías, sumergirse en el arte, trabajar el cuidado del medio ambiente, hacer deportes, en lugar de pasar sus días vendiendo baratijas en los trenes para sobrevivir.