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EL DOLOR DE NO HABER SIDO

El Juicio a las Juntas es el emblema más contundente que Raúl Alfonsín le dejó a la Argentina. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final empañaron parte de ese legado.

Por Pablo Llonto. Todo empezó en el estadio de Ferro. El 30 de septiembre de 1983. Aquella noche, en los últimos trazos de su campaña electoral, Raúl Alfonsín señaló ante una multitud su estrategia de enjuiciamiento a quienes habían cometido las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que aún humeaba. Ocurrió en la mitad de su discurso. Frases casi escondidas, pero al mismo tiempo asomaba el punto clave (tres niveles de responsabilidad) que lo dejaría condicionado para el futuro. Alfonsín dijo ese día: “No vamos a aceptar la autoamnistía, vamos a declarar su nulidad; pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza; no construiremos el futuro del país de esta manera… Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo. Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tornaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes…”.

Al anticipar su pensamiento, el candidato pretendía calmar la creciente ansiedad por dar respuesta a una opinión pública que por primera vez sufría ante sus ojos el relato vivo de las desapariciones, la tortura, la muerte. La conciencia colectiva, la misma que apoyó y toleró el golpe, viraba. Por entonces, las mayorías tenían en claro que la democracia naciente debía juzgar a los asesinos. El candidato del peronismo pensaba distinto.

Ese adelanto alfonsinista en Ferro se plasmaría en una serie de acciones que un equipo de abogados que encabezaba Carlos Nino y donde militaba el joven radical Carlos Rosenkrantz, hoy presidente de la Corte, preparó durante el tramo octubre-diciembre de 1983.

A todos ellos los inspiraba, al igual que a Alfonsín, la triste teoría de los dos demonios. Ya instalado en la Rosada, Alfonsín dio el visto bueno a los dos decretos iniciales que acentuaban los dos demonios. Se publicaron el 15 de diciembre de 1983. El primero, el 157, promovía la persecución penal contra dirigentes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). ¿Era toda una simbología? ¿Por qué no firmó en primer lugar el decreto para enjuiciar a los genocidas militares? Luego, el 158, que ordenaba lo mismo respecto de las tres primeras Juntas Militares (siempre ha sido un misterio por qué Alfonsín omitió la cuarta Junta).

Pese a la buena voluntad de ser el primer presidente posgolpes en la Argentina que decidía llevar a juicio a los golpistas, Alfonsín cometió otro error. En el decreto 158 encargó esa misión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Creía, con ingenuidad incomprensible, que los militares iban a juzgar a los militares.

El complemento de estos decretos se cristalizó, cuatro días después, con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), un órgano no gubernamental cuya misión era recopilar las denuncias de los sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

OLAS DE DENUNCIAS

Los primeros pasos del decreto 158 y la puesta en marcha de la Conadep levantaron olas de denuncias, y miles de testimonios sacudieron al país.

Frente a la abundancia de pruebas, los tribunales militares en vez de acelerar los juicios y dictaminar las primeras condenas simulaban ir para adelante, pero lo hacían en tiempos insoportablemente lentos y mandando a su casa a los acusados bajo las figuras de excarcelaciones o falta de mérito. Hasta que Alfonsín se enojó y resolvió sacarles el trámite a los militares y pasarlo a la Justicia civil. Entró en escena la Cámara Federal, con sus seis jueces.

Como plataforma para el Juicio a las Juntas, la Cámara Federal tomó la documentación recopilada por la Conadep que su presidente, Ernesto Sabato, había entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 mientras una multitud acompañaba en Plaza de Mayo. Se trataba del informe Nunca más, uno de los libros más leídos en la historia argentina. El Juicio a las Juntas, que comenzó el 22 de abril de 1985 y permitió escuchar a 833 testigos, dejó una huella profunda en el mundo. Hubo quienes lo llamaron el Núremberg argentino. Centenares de periodistas informaban día tras día las atrocidades, y los argentinos conocimos bastante más del oscuro período 1976-1983.El efecto del Juicio a las Juntas despertó ilusiones en amplios sectores de la sociedad. La sentencia leída el 9 de diciembre de 1985, pese a las cuatro absoluciones que contenía, demostró que la vía judicial civil era posible. Cuando el pueblo escuchó que al menos Videla y Massera eran condenados a perpetua, cierta sensación de alivio y satisfacción recorrió a la Argentina. Pese a ello, las Madres de Plaza de Mayo advertían que las absoluciones y los rumores de que vendrían tiempos de impunidad para los oficiales inferiores generarían problemas a la democracia.

Así ocurrió. En los meses posteriores, los procesos a los militares y policías acusados de torturas y desapariciones avanzaban al mismo tiempo que en los cuarteles se gestaban diversos movimientos de oficiales rebeldes que no admitían ser detenidos. En este clima, la primera concesión alfonsinista fue la Ley de Punto Final (23.492), del 23 de diciembre de 1986: en sesenta días debían ser citados a indagatoria los acusados, de lo contrario, la acción penal se extinguía.

Pero las ilusiones por atenuar con esa ley la presión militar contra los juicios fracasaron. Eran miles los genocidas, y los jueces quedaron desbordados. Las citaciones continuaban y las acusaciones se multiplicaban. El primer levantamiento llegó desde Córdoba. El mayor Ernesto Barreiro desobedeció un llamado de la Cámara cordobesa y se fugó. Lo ampararon y ocultaron otros militares que, encabezados por el teniente coronel Aldo Rico, reclamaron “solución política” al juzgamiento. Así, a punta de bayonetas, le arrancaron a Alfonsín el adelantamiento de su promesa electoral. En junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida se sancionó eximiendo de responsabilidad a quienes habían cumplido órdenes. Miembros de los organismos de derechos humanos y miles de personas que habían votado a Alfonsín sintieron la desilusión. El discurso de Ferro se había concretado. Por qué Alfonsín no escuchó a los organismos de derechos humanos quizá se responda con sus palabras de 2003: “Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bienintencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?”.

De promotor del Juicio a las Juntas a impulsor de la Obediencia Debida. Así quedó para la historia. Con el dolor de no haber sido…

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